En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, el Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero, junto a otras organizaciones del movimiento piquetero, marchamos a la Secretaría de la Mujer, a casa de Gobierno y al Poder Judicial en la capital para denunciar la responsabilidad del Estado y exigir acciones reales para erradicarla.

Este año pudimos llevar adelante simultáneamente la jornada del 25N en seis localidades del interior: Pirané, Portón Negro, Ibarreta, Misión Tacaagle, Misión Laishi y El Espinillo donde las compañeras se prepararon con carteles y marcharon por las calles de sus ciudades levantando los diferentes reclamos.

En Pirané, la ciudad se encuentra conmovida por la muerte de Flor Araujo, quien supuestamente se suicidó, según la versión de la policía, pero los familiares y amigos dudan de que haya sido así. Las compañeras de Pirané han salido también para exigir que se esclarezca el caso y que se haga justicia por Flor.

En Formosa, los casos de violencia no cesan. Según un informe de la policía, en el año se recibieron 5.270 denuncias por violencia de género. El aumento de denuncias que pretende ser planteado como algo positivo, en el sentido de que las mujeres se animan a denunciar, es solo una parte del problema; hay que garantizarles a las denunciantes el acceso a la justicia y brindarles recursos y herramientas para afrontar lo que sigue.

Por su parte, la Secretaría de la Mujer, al mando de Angélica García, realizó las típicas actividades de folletería, charlas y clases de zumba; pero en lo que a acciones concretas se refiere no han implementado ninguna que realmente combata la violencia y acompañe a las mujeres. Ni siquiera han podido asegurar la inscripción al insuficiente Programa Acompañar que, con todas sus limitaciones, es al menos una ayuda para las miles de mujeres que no cuentan con las condiciones mínimas para denunciar la violencia y salir de su casa para empezar una nueva vida. La Secretaría terminó siendo un obstáculo para acceder al programa, como en el caso de las mujeres del Polo Obrero que se acercaron a la institución para solicitar la inscripción pero recibieron negativas y destrato.

El accionar de la institución que dirige García muestra la orientación clasista del gobierno de Gildo Insfrán, ya que ninguna de sus supuestas soluciones contribuye a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de las barriadas que son las más golpeadas por la violencia y el ajuste al que nos someten los gobiernos para cumplir con el FMI.

Frente a esta estafa, fuimos hasta la Secretaría de la Mujer a denunciar su ineficacia. Las instituciones de género, totalmente alejadas de las necesidades de la clase trabajadora y comandadas por funcionarias defensoras de los gobiernos ajustadores, han demostrado ampliamente su ineficacia para dar respuestas a la problemática de las mujeres y las diversidades. Es necesario crear de un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades, con presupuesto propio, al servicio de nuestras demandas y con cargos revocables elegidos por las mujeres y diversidades que vivimos día a día las condiciones que este sistema nos impone.

Nos movilizamos también a Casa de Gobierno, al centro de poder político, para denunciar la violencia del Estado sobre las mujeres de la clase trabajadora, que nos empuja a la pobreza y la indigencia, que no nos garantiza derechos básicos como el acceso a la salud, a la vivienda y al trabajo genuino. Y que, además, no atiende los reclamos de las mujeres que cortan las rutas pidiendo un techo para ellas y para sus hijos, y las marchas del movimiento piquetero, copado de mujeres, que salen a las calles por trabajo, vivienda y alimentos.

El Estado provincial tampoco garantiza la aplicación de leyes conquistadas en las calles. La educación sexual integral en Formosa sigue siendo un espacio sujeto a la voluntad de los docentes e instituciones educativas, a los que no se les asegura capacitación y materiales para abordar los contenidos desde un enfoque científico y laico.

Tampoco se garantiza la aplicación de la Ley IVE. Formosa es la provincia con la tasa más baja de aplicación de la IVE/ILE (1,69) en todo el país en el 2021. Este dato no es sorprendente si tenemos en cuenta que solo el 25% de los efectores de salud de la provincia garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco es casual que estos derechos a los que las iglesias se oponen tan fuertemente, no sean garantizados. La injerencia religiosa en educación y salud, sostenida por sus lazos con los gobiernos, es un obstáculo para la correcta implementación de la educación sexual y el aborto legal. Solo con la separación de las iglesias del Estado podremos avanzar con nuestras reivindicaciones.

La marcha concluyó frente al Poder Judicial para exigir justicia por el femicidio de Cinthia Morán, que en el 2017 fue brutalmente violada y asesinada y cuyo juicio se encuentra en proceso. Exigimos justicia por Cinthia, cárcel a los culpables y un fallo ejemplar.

Nuevamente las mujeres organizadas hemos defendido el 25N como una fecha de lucha. Vamos por la organización socialista del movimiento de mujeres y diversidades.