En las últimas semanas han tomado estado público diversas denuncias contra intendentes y funcionarios de la provincia de Entre Ríos por violencia de género, donde se evidencia la responsabilidad del Estado. En el caso del intendente de la ciudad de Gilbert (localidad ubicada a 75 km de Gualeguaychú), Ángel Fabián Constantino, está imputado por tres causas por abuso sexual, a las que se les suma el testimonio de seis víctimas por situaciones que no están tipificadas en el código penal, encontrándose actualmente con prisión domiciliaria.

A la primera denuncia que data del 2018 -y que no fue un impedimento para su candidatura que le permitió asumir la intendencia en 2019- le sucedieron otras dos el año pasado. Y como si eso fuera poco, en agosto del 2021 estuvo 24 horas detenido por violar una restricción de acercamiento a una de las víctimas denunciantes. En todo momento continuó ejerciendo sus funciones en el mismo ámbito laboral que las denunciantes, generando un calvario para las mismas, tal como lo expresaron las víctimas.

Frente a la falta de respuestas por parte del Estado, diferentes organizaciones de mujeres, y la población en general, se movilizaron junto a las víctimas al Consejo Deliberante exigiendo la separación inmediata de du cargo y su detención.

El oficialismo (PJ), tomando nota de la movilización popular, esbozó una salida con la presentación -por parte de Bordet- de un proyecto de intervención de la intendencia en la legislatura provincial. Hecho que no se concretó porque Constantino solicitó una licencia por 90 días con goce de haberes.

Esto no deja de ser, por un lado, una maniobra del pejotismo, que le han garantizado años de impunidad en el accionar del Ejecutivo municipal y, por el otro, un avance de la movilización popular para quebrar esta política.

Podemos mencionar también las declaraciones machistas, misóginas y violentas por parte de la defensa de Constantino, que demuestran un entramado político-judicial para encubrir la violencia de género que se ejerce desde los mismos funcionarios del Estado.

En este escenario cobra sentido el planteo del Plenario de Trabajadoras de la organización y la movilización independiente de mujeres y diversidades para obtener cada una de nuestras reivindicaciones. Exigimos justicia para todas las víctimas. Basta de impunidad. El Estado es responsable.

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