En el mes de marzo el Plenario de Trabajadoras de Caleta Olivia inició una campaña pública contra el desalojo de la compañera Jesica Costancio, madre de 4 hijos, trabajadora precarizada, a quien intimaban a dejar la casa que habita desde hace 13 años. 

A partir de esta decisión del juez se denunció públicamente el negociado en el municipio de Caleta Olivia con las tierras públicas. A Jesica le adjudicaron en 2005 un terreno y a los dos años la notifican del inicio de un juicio por usurpación porque supuestamente el terreno era “privado”. 

La entrega y negociados con la tierra pública en este caso particular se ve agravado por el hecho de que el supuesto apoderado de estas tierras, no solo del terreno de nuestra compañera, era Héctor Corres, que formó parte de la ultra derechista Concentración Nacional Universitaria, y fue denunciado por organizaciones de Derechos Humanos de Mar del Plata por haber asesinado a tiros a la estudiante Silvia Filler, durante una asamblea realizada en la Universidad de Mar Del Plata. Asesinato por el que estuvo detenido en 1971, siendo amparado por la impunidad de la Amnistía en 1973. La organización a la que perteneció Corres y con quienes ingresó disparando en Mar del Plata, fue el antecedente de la Triple A, grupo paramilitar amparado por el peronismo, con López Rega a la cabeza y responsable de casi un millar de asesinatos de activistas y militantes de izquierda. 

La orden de desalojo beneficiaba a este personaje que fue repudiado por organizaciones universitarias y de derechos humanos de nuestro país. 

Ante esta situación de desalojo, la compañera Jesica Constancio se presentó en la causa, con el patrocinio letrado de la abogada Pamela Fernández (Asociación de Profesionales en Lucha, Apel), pidiendo en forma inmediata la Intervención del Ministerio Pupilar  y/ o del Servicio Local o Zonal, “a fin de que tome conocimiento de la presente causa, y hasta tanto se resuelva la situación de los menores se suspendan las medidas dispuesta en autos, ya que la decisión judicial tomada, afecta de manera  directa los intereses de los menores,  por cuanto al llevarse a cabo el desalojo del inmueble mencionado, los menores se verán privados del derecho de vivienda y/o hogar”. 

El Plenario de Trabajadoras acompañó a la compañera los días que se temía que iba a ser desalojada, realizando una vigilia nocturna el 24 de marzo en la casa  y haciendo un constante recorrido por los medios locales, y provinciales.

Debido a esta gran campaña es que  se ha notificado a la abogada que el Ministerio Pupilar se expidió al respecto de manera favorable, ya que consideró correctas las peticiones presentadas por la letrada, y al respecto manifestó “que se debe garantizar el derecho a la vivienda de los menores, antes de seguir con el trámite de reivindicación, formulado por la parte actora. Asimismo, considero que debe suspenderse el lanzamiento ordenado, fundando dicha suspensión en el interés superior de los niños, ya que la misma afectaría directamente a los menores, provocando una clara e insoslayable vulneración de sus derechos. Debiendo el Estado garantizar el derecho a la vivienda digna”.

Consideramos que esta resolución es una gran victoria contra el Estado, su Poder Judicial y la cadena de impunidad de los genocidas;  pues se ha suspendido el lanzamiento por la fuerza pública, hasta  tanto se brinde una respuesta al problema de vivienda de la compañera y sus hijos menores.

Por tanto, se seguirá por el mismo camino, luchando para que el municipio tome intervención y esclarezca la situación de adjudicación del terreno que habita la compañera hace más de trece años, como también la suspensión y revisión de contratos por parte de la municipalidad de estos terrenos, atendiendo al prontuario y tenencia de los mismos. 

Fuera Corres, ningún desalojo.