Otra grave chicana judicial oscurantista impide a una mujer ejercer su derecho a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en la provincia de Salta. En este caso, similar al de la provincia de San Juan, un hombre se presentó a la Justicia para solicitar que se le impida a su expareja interrumpir el embarazo, invocando su “propio derecho” y el de su supuesto/a hijo/a por nacer.

El juzgado en lo Civil y Comercial de 1º instancia a cargo del el juez Tomás Lisardo Méndez Curutchet hizo lugar al amparo, e incluso convocó a una audiencia para el viernes 11, con los fines de alcanzar una conciliación entre las partes. También fue citada a la misma la fiscal, en representación de la provincia de Salta.

Inmediatamente, el Ministerio de Salud, o sea Sáenz, emitió un memorándum a los gerentes de los hospitales de la capital y del interior para que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto por el juez Méndez Curutchet.

El fallo es un atropello total. En primer lugar, pasa por encima de la decisión de la mujer o persona gestante, reconociéndole un derecho a otra persona que no es sujeto de derecho. En criollo, para el juez las mujeres tienen que pedir permiso a su expareja para decidir sobre su cuerpo. El otro gravísimo atropello es citar a una conciliación cuando en los hechos será una instancia de presión del aparto judicial, el poder político y del supuesto padre, para que la mujer desista de su decisión y continúe con un embarazo que ella no desea.

Aunque la competencia sobre una ley nacional, que además es de orden público, la tiene la Justicia federal, los tribunales salteños actuaron rápidamente en emitir la cautelar, sabiendo que los fallos de fondo tienen semanas o meses de demora. Lo que intentan, es que pasen las 14 semanas que establece la ley, y que la interrupción del embarazo no se pueda realizar.

Salta tiene los peores antecedentes de violentar las leyes cuando se trata de derechos de las mujeres y del aborto. Un sector kirchnerista del feminismo dice que hay que promover un tribunal de enjuiciamiento al juez Méndez Curutchet. La mayoría de los jurys de enjuiciamiento a fiscales y jueces fue por impedir el aborto no punible ILE, a niñas violadas. El caso más grave fue el de Juana, la niña wichi que sufrió una violación en banda. Cabe señalar que finalmente ningún magistrado fue sancionado ni destituido, todos esos jurys fueron rechazados por la Comisión de Jury, integrada por los esbirros de los bloques políticos gobernantes, incluidos legisladores k.

En el caso Juana estaba clarísimo que no se trataba solo de magistrados medievales, todo el mundo responsabilizaba a Urtubey. En este último caso es igual: no es solo el juez, es Sáenz el responsable de que no se cumpla el aborto legal.

Si bien la Justicia federal rechazó el pedido de inconstitucionalidad solicitado por los antiderechos, por considerarlo improcedente y abstracto ya que no había interés legítimo, los tribunales salteños si actúan, aunque sea para retrasar la realización de la práctica.

Está clarísimo que con la sola aprobación de la ley no basta. El movimiento de mujeres debe retomar nuevamente la lucha de la marea verde para defender nuestros derechos conquistados. Insistimos con la lucha para poner en pie un Consejo Autónomo de la Mujer, independiente de quienes gobiernen, con el poder para promover la destitución a los jueces y fiscales que violenten nuestros derechos y para ir por la separación de la Iglesia del Estado. Será la única manera de derrotar al oscurantismo reaccionario, que actúa dentro de la Justicia contra los derechos y la salud de las mujeres.

¡Vamos a las calles! Abajo el amparo reaccionario.