Hace pocos días, las redes se conmocionaron por el caso de la niña santafesina de 12 años que solicitó, junto con su madre, un aborto a mediados de diciembre. La niña quedó embarazada a causa de los abusos sexuales sistemáticos cometidos por su padre, quien hoy se encuentra detenido. La intervención debía haberse realizado el pasado 2 de enero en el Nuevo Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, pero la niña junto con su mamá nunca llegaron. Luego de estar desaparecidas durante horas, se descubrió que habían sido interceptadas por un grupo católico llamado Grávida. La niña estaba en una propiedad de Grávida prácticamente secuestrada, con la total impunidad con que se maneja esta organización, sabiendo del amparo estatal con el que cuentan.

Gŕavida es una ONG que existe desde 1989 y fue fundada por el entonces director del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la diócesis de San Isidro, Juan Martín Reddel. Es una organización financiada por diferentes organizaciones eclesiásticas y forma parte del Área Pastoral del Cuidado de la Vida y la Niñez de la Conferencia Episcopal Argentina, un espacio que comparten con otras cinco entidades: una de Cáritas (Primera Infancia), “El viñedo de Raquel”, “Proyecto Esperanza”, “Hogares del Abrazo Maternal” y el área de Niñez de la propia Conferencia Episcopal.

La misión principal de esta asociación es bloquear el acceso a la interrupción legal del embarazo a mujeres y niñas de todo el país. Y así fue con esta niña, el caso le llega a Gŕavida luego de que una vecina se lo comentara al cura del pueblo, quien inmediatamente se puso en contacto con dicha ONG. La persona que tomó las riendas de este caso para obturar el derecho al aborto a la niña fue ni más ni menos que el mayor referente de Grávida Santa Fe, Emilio Perizzotti. Es hijo de Juan Calixto Perizzotti, represor condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, uno de ellos el aborto forzado al que sometieron a Silvia Suppo, quien había sido violada por la patota durante su detención.

Junto con Liliana Perizzotti, Emilio fundó la sede en 2004 y desde ese entonces la han utilizado para interceptar niñas y mujeres embarazadas. Este caso muestra a la luz su manera de actuar, las llevan a una misa con el cuento de “acompañarlas a sanar sus heridas” y las convencen de no abortar. Fue el mismo Perizzotti quien dijo que con esta niña buscaban hacer lo imposible por “salvar la vida del bebé, que no tenía la culpa de los abusos”.

Pero no es la primera vez que Grávida interviene en un hecho así. Un caso muy similar ocurrió en el 2015, ante la violación que había sufrido una niña de 12 años con discapacidad. Nuevamente la nena junto con su madre habían pedido realizar un aborto, amparadas por el artículo 86 del Código Penal, dado que el embarazo era producto de una violación a una niña con discapacidad y ponía en riesgo su salud. Fue abordada en el Hospital Iturraspe por la psicóloga María Belén Catalano, integrante de Grávida, quien convenció a la niña y la madre de no seguir adelante con el aborto, firmar el acta voluntaria para continuar con el embarazo y para reunirse con Perizzotti. Catalano, esta psicóloga integrante de Grávida se infiltró en un hospital público haciéndose pasar con una trabajadora de Niñez, generó vínculo con una niña abusada con capacidad mental de 11 años y esa niña fue llevada por la organización y finalmente continuó con el embarazo. Esa psicóloga fue denunciada por el Colegio profesional de Psicólogos y la justicia determinó que le quitaran la matrícula (Página 12, 6/1).

“La vinculación que hacen es sin fundamentos y de tipo partidario político. Las organizaciones que lo hacen fueron funcionarias del gobierno anterior”, dijo Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, como si su gobierno no fuera cómplice totalmente.

El caso pone de manifiesto el accionar de la Iglesia Católica para garantizar la impunidad y la obstrucción al acceso al aborto legal, que no sería posible sin la ligazón entre la Iglesia y el Estado. Otro testimonio de que la Iglesia opera como un Estado aparte. Distintas organizaciones de mujeres y derechos humanos realizaron un pedido donde buscan saber cuáles fueron las medidas solicitadas por el Ejecutivo provincial al Poder Judicial respecto al accionar de Grávida, cuáles fueron las medidas solicitadas a la Inspección General de Personas Jurídicas y si existen aportes económicos estatales a la ONG Grávida. También si existen contrataciones por parte del Estado provincial de personal o servicios a esa ONG (ídem).

El gobierno gira millones de pesos en subsidios a estas ONG, escuelas y colegios confesionales, junto con las exenciones de impuestos, el financiamiento para la remodelación de sus propiedades en concepto de “obras públicas”, o la cesión de terrenos e inmuebles que engrosan el inmenso patrimonio inmobiliario de la Iglesia.

El aborto legal se aprobó en diciembre del 2020, fruto de la lucha popular. Su efectiva implementación, sin embargo, aún no está garantizada y es bloqueada por sectores clericales que cuentan con gran peso en el sistema de salud, judicial y educativo (tanto público como privado), amparados por los gobiernos. Exigimos el desmantelamiento e investigación de los fondos de Grávida y llamamos al movimiento de mujeres a mantenerse en estado de alerta y movilización para la real implementación de la ley.