El #3J es fecha en la que en la Argentina se reitera el reclamo para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y a los femicidios, una realidad agravada por las medidas de confinamiento contra el coronavirus.

Hace 5 años, miles y miles llenamos las calles del país hartas de las muertes y la violencia reinante, cuya responsabilidad procede del propio Estado capitalista. Por entonces se reclamaron medidas que hasta hoy nunca se pusieron en marcha. Ante el agravamiento de este cuadro, más que nunca debemos hacer oír nuestras demandas.

En todo el país millones de mujeres trabajadoras, adolescentes y niñas están padeciendo el hambre, la miseria, la crisis habitacional, la precariedad laboral y violencia doméstica de forma brutal. Esta realidad no se creó bajo la cuarentena, pero se profundizó como efecto inmediato de la decisión política gubernamental de no poner fin a la sangría de recursos del Estado para el pago de la deuda externa ni controlar a empleadores y patronales.

La dilación para presentar el proyecto de aborto legal que el presidente anunció el 1 de marzo priva a la gran Ola Verde de poder analizarlo y permite a las iglesias extender su lobby reaccionario. El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto está rigurosamente cajoneado. Bajo la pandemia las mujeres y adolescentes deben recurrir a la clandestinidad agravada por este cuadro. El gobierno ofrece más poder clerical, no avanza con el aborto legal, y niega la educación sexual en todo el país no habiendo tomado una sola iniciativa al respecto en los últimos 60 días.

Para las mujeres, negacionismo y FMI

Durante la cuarentena no hubo ninguna política destinada a ofrecer dispositivos para resolver las demandas de las mujeres ni en lo referido al ámbito doméstico ni al laboral.

Las funcionarias que impulsan el pago de la deuda -que lo hacen en nombre de este movimiento que se proclamó tantas veces en contra de ese pago usurario- pusieron los intereses de nuestro movimiento por detrás de los propios, los del FMI y los fondos buitres. Tan por detrás que ni siquiera acceden a avanzar en un auténtico impuesto a las riquezas que efectivamente permita, junto al no pago de la deuda, reunir los fondos para que la población no padezca el hambre y la miseria y para que efectivamente se pueda reactivar la economía y que la riqueza nacional no vaya a parar a los fondos buitres.

En el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades primó el discurso político del negacionismo: que los casos de violencia no habían subido, que los refugios están vacíos, que las llamadas no eran por casos de violencia física. Todo al servicio de disimular la inacción y la ausencia completa de presupuesto y políticas para el área.

Ni subsidios, ni refugios adecuados, ni exclusión del hogar, ni protección a las trabajadoras más precarizadas, ni seguimiento de las comunidades trans, ni garantía de continuidad de los tratamientos hormonales, ni organización de la asistencia efectiva, ni reclamo para que elementos de higiene, comida y hasta los elementos de protección para la menstruación, puedan llegar a las millones de mujeres confinadas. 

El gobierno sí reforzó con exenciones impositivas, subsidios y publicidad asistencial su alianza con las iglesias católicas y con lo más rancio de evangelismo bolsonarista.

Ningún gobierno de ningún signo político ha incrementado los presupuestos para combatir la curva ascendente de la violencia contra las mujeres, las diversidades y la infancia. El reforzamiento del poder presidencial, la concentración del manejo del presupuesto que detenta el Poder Ejecutivo, no ha derivado en la toma de medidas de emergencia en defensa de las mujeres trabajadoras, las más castigadas por esta crisis que vino a agravar todas las desigualdades preexistentes.

Entre los elogios que se prodigan mutuamente Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta intentan minimizar la tragedia que se vive en las villas. La Ley de Emergencia de la Ciudad, que descarga la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora con congelamientos salariales y pagos en cuotas, también avanza con el silencio del bloque gobernante nacional, una medida que representa una orientación de ajuste integral a la salud y a la educación.

Por su parte, el nuevo ajuste a las jubilaciones operado por Alberto Fernández, que avanza sobre el recorte ya ejecutado por su predecesor Mauricio Macri, impone un golpe severo a las condiciones de vida de millones de mujeres que representan la mayoría de quienes cobran jubilaciones y/o pensiones. La plata que no sacan del pago de la deuda y lo que no recaudan por no imponer un impuesto al pequeño porcentaje de ricachones, lo extraen de la caja de la Anses y por eso ajustan las jubilaciones, como piden el FMI y los fondos buitres.

 

Trabajadoras, en la primera línea de los padecimientos de la crisis

 

El gremio de la salud, en el que las mujeres representan más de un 70%, padece las tasas más altas del mundo de infecciones de coronavirus, nuevamente por el total abandono patronal y gubernamental. Médicas, residentes, enfermeras, mucamas, siguen sufriendo el pluritrabajo porque cobran salarios de miseria y en ese trajín es cuando más se contagian. Las cuidadoras de geriátricos trabajan en condiciones de extrema precariedad.

Las empleadas domésticas, más de un millón en el país, han sido objeto de todo tipo de atropellos miles quedaron sin recursos y sin ingreso al IFE, otras fueron obligadas a trabajar y aunque es el propio gobierno el que dicta sus salarios de hambre, ni siquiera le adjudicaron al gremio más grande del país un refuerzo necesario para que puedan sobrevivir. Sobre este masivo colectivo de trabajadoras, otra vez, el nobel Ministerio hizo silencio.

Las docentes afrontan jornadas extenuantes bajo la modalidad de teletrabajo, mientras los gobiernos suspenden las paritarias en todo el país y violentan sus estatus y derechos laborales. Miles y miles de reemplazantes, desocupadas del sistema educativo, ni siquiera pudieron inscribirse al IFE.

En los comedores, las y los compañeros que están al frente son impulsados a movilizarse para exigir que repartan los alimentos que adeudan desde hace meses. El gobierno se mostró impotente ante los formadores de precios, mientras las empresas alimenticias venden al Estado con sobreprecios. Decenas de trabajadores en todo el país salen a pelear contra cierres de empresas, despidos y los recortes salariales ante la desprotección de una dirigencia sindical cómplice de los ataques patronales.

El aumento de la desocupación impactará en perspectiva más a las trabajadoras, las más precarizadas y flexibilizadas en el mercado laboral. El acuerdo del gobierno, la UIA y la CGT de rebajas salariales se pretende extender a todos los gremios.

La situación es desesperante y la disposición a la lucha de quienes la están padeciendo es creciente, así lo demuestran las luchas de las textiles, las docentes, las trabajadoras de la salud, las repartidoras de las app, las desocupadas de las organizaciones piqueteras en los barrios. En todos los casos reciben indiferencia de parte del gobierno o represión, como está ocurriendo en estas horas con las y los trabajadores de Pico Truncado en Santa Cruz, donde por reclamar por su fuente de trabajo fueron detenidos decenas de manifestantes y tres permanecen desaparecidos. La militarización del país no está al servicio del cuidado de nuestra salud, sino de la preservación del poder gubernamental y patronal.

Quien lucha por derechos elementales no rompe la cuarentena, la rompe quien impone despidos, rebajas salariales, hambre y miseria y ni siquiera se atreve a avanzar con un impuesto a las fortunas que realmente sirva para financiar las urgencias de la pandemia, que es lo que ocurre hoy.

Por la autonomía política y organizativa de las mujeres

Nuestro empeño de lucha debe multiplicarse frente a esta realidad,  que deberá ser superada con nuestra propia organización, independiente del poder clerical y del Estado.

La creación de un Ministerio específico se reveló como un ardid para distraer al respecto de las prioridades gubernamentales. Ningún organismo que dependa de un gobierno que tiene como norte pagar la deuda externa y no tocar los intereses patronales podrá dar respuesta a las urgencias que nuestro movimiento demanda.  

En contraposición a cualquier reforzamiento del Estado responsable de la violencia contra las mujeres, pongamos en pie nuestro propio organismo autónomo, electo por las propias mujeres que fije las políticas y avance en su concreción: que ataque el trabajo precario, que aborde la cuestión de los cuidados con una adecuada socialización de esa tarea y no precarizando a más mujeres, que sirva para organizar la lucha por el derecho a un salario y una jubilación equivalentes a la canasta familiar.

Planteamos la creación de un Consejo Autónomo, electo por el voto directo de las mujeres desde los 13 años, con mandato revocable, financiamiento del Estado e independencia política frente a todos los poderes de turno. Lo que necesitamos es un organismo de poder para las mujeres en lucha, no “empoderar” dirigentes que en nombre de nuestros derechos se catapultan como funcionarias para subordinarse a quienes manejan los hilos del poder.

¡Vamos por una gran acción para el próximo 3 de junio en todo el país!

30.000 pesos de subsidio para todas las desocupadas.

Comida, agua potable y productos de higiene en todos los barrios.

Testeos masivos sin dilaciones.

Blanqueo de las empleadas domésticas.

ESI laica en todos los niveles educativos.

Aborto legal sin demoras, y producción propia de misoprostol y de mifepristona.

Separación de las iglesias del Estado.

Centralización del sistema de salud.

No al pago de la deuda externa usuraria, ilegítima y fraudulenta.

Ni una Menos.

Consejo Autónomo de las Mujeres.

Declaración de la organización de mujeres "Plenario de Trabajadoras"