A pocos días de cumplirse seis meses del asesinato de Berta Cáceres, han detenido al sexto implicado en su crimen, Elvin Rápalo Orellana, quien es señalado como coautor del asesinato de Cáceres y fue quien habría disparado contra el ambientalista mexicano Gustavo Castro.

 

Cáceres, coordinadora general del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, fue asesinada en su casa durante la madrugada del 3 de marzo pasado, por un grupo de sicarios, en la ciudad de La Esperanza, unos 300 kilómetros al oeste de Tegucigalpa.

 

La dirigente indo-campesina se encontraba bajo reiteradas amenazas  y contaba con la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insuficiente frente a la impunidad de bandas mafiosas del régimen que emergió en 2009 luego del golpe militar contra Zelaya (apoyado por el imperialismo).  Berta Cáceres impulsaba movilizaciones de las comunidades contra proyectos hidroeléctricos y mineros contaminantes, que atacaban con voracidad el territorio ancestral de los pueblos originarios. También se oponía a la instalación de bases militares norteamericanas en territorio lenca (su comunidad). Se trató de la cuarta víctima de estas bandas asesinas en pocas semanas.

 

Por el crimen de Cáceres están detenidos Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado, y su hermano Emerson Duarte; y Sergio Rodríguez, empleado de la hidroeléctrica "Agua Zarca", que pretende desarrollar la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), en el occidente del país, al que se oponía la ambientalista. La descripción de detenidos no hace más que confirmar el móvil del asesinato, pero faltan los responsables políticos.

 

El planteo de los familiares y compañeros

 

La lucha de la familia de Berta es por la detención y procesamiento de los autores intelectuales del crimen. Para su madre Austra Flores las autoridades también “son responsables de este horrendo asesinato”, al mismo tiempo que responsabilizó de la muerte de su hija a la empresa DESA-SINOHYDRO, de capital hondureño y chino, que pretende desarrollar el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” en la comunidad de Río Blanco, en el departamento occidental de Intibucá. “Las mismas investigaciones realizadas por el Ministerio Público han confirmado el involucramiento director de la empresa DESA en el asesinato de mi hija”, concluyó en una reciente conferencia.

Gustavo Castro, testigo del homicidio, concuerda en señalar que "en el asesinato de Berta Cáceres están implicados funcionarios del Gobierno de Honduras". Ambos coinciden en que la investigación está estancada y los detenidos pueden quedar en libertad en menos de un año. Denuncian con esto que el Estado hondureño dirige un operativo de impunidad.

 

A movilizarse

 

El jueves 15 de septiembre se realizará una movilización a la Embajada de Honduras, exigiendo justicia por Berta. El Partido Obrero participará y reclamará también que se retiren las bases militares norteamericanas de América Latina.