Cuando Ana María Semczuk fue a parir a su segundo hijo al Hospital Samic de Iguazú, tuvo que esperar 3 horas hasta que la atendiera un médico. Mientras estaba en sala de espera rompió bolsa y se entera que no puede llevar adelante el parto porque no hay cama y tampoco incubadora para su futuro hijo prematuro. Una hora después es trasladada al Hospital Samic de Eldorado, que queda a 100 km por la ruta. Al llegar al hospital, la sala de cirugía no estaba preparada y tampoco contaban con la reserva de sangre tipo 0 negativo que necesitaba Ana.

 

Fallecieron ella y su bebé. Ambos fueron víctimas de la política estatal de salud que construye gigantes edificios hospitalarios (como en Oberá), especulando con la obra pública, pero a los cuales no los equipa para garantizar una salud pública de calidad. 

Al gobierno de la Renovación –ex-K, ahora macrista– tampoco le interesa aplicar la Ley de Parto Humanizado, porque si así fuera tendrían que haber garantizado espacios físicos, salas de parto y de trabajo de parto adecuadas, equipamiento y material para cursos de pre parto y de educación sexual -que se llevan adelante en algunos hospitales sólo por la buena voluntad de algunas obstetras-; tampoco designa parteras, obstetras y enfermeras suficientes ni en planta permanente para evitarles extensísimas jornadas de hasta más de 24  horas con sobrecarga de tareas y para que puedan acceder a una mayor formación profesional.

Mantiene, sí, el negocio de los sanatorios privados que se llenan los bolsillos con sus salas VIP con piscina, sólo para aquellas que puedan pagar.

 

 

En el año 2014 se sucedieron varias muertes de mujeres parturientas y sus bebés en el Hospital de Jardín América: el Ministerio de Salud intervino el nosocomio y reemplazó al director del hospital, pero la situación no cambió. Las mujeres siguen peregrinando por turnos para control médico y estudios, siguen en vigencia protocolos médicos que en vez de adaptarse a las necesidades de las mujeres perpetúan la violencia institucional, y siguen los traslados de urgencia en ambulancia con embarazadas en riesgo hacia el Hospital Madariaga de la ciudad de Posadas.

 

La violencia estatal –que deriva en la violencia obstétrica y de género- se encarnan en la falta de acceso a las intervenciones médicas e insumos necesarios, por no poder pagarlo; en el  inacceso gratuito a los medicamentos y al curso de preparto; parir sin un acompañante de confianza, y también el confinamiento en salas de maternidad con 10 o más mujeres más, en los primeros momentos de vida de nuestro recién nacido. Todo esto obedece a una política de vaciamiento y de ajuste que es profundizado por el gobierno en complicidad con la burocracia sindical.

 

Responsabilizamos por estas muertes directamente al Ministerio de Salud y su gobierno que se lava las manos al hablar de "fallas en el sistema" o "accidente obstétrico", cuando la mayoría de los hospitales de nivel II y III se caratulan como "autogestionarios". 

La salida de fondo a esta problemática es la lucha independiente del gobierno para arrancarle las condiciones que necesita la población trabajadora para una salud pública de calidad. Por la lucha en conjunto con los trabajadores de la salud para combatir todo lo que produce la barbarie, la muerte y la violencia.

 

 

 

Esclarecimiento inmediato de la muerte de Ana y su hijo Octavio. 

Triplicación del presupuesto para la salud pública, bajo control de los trabajadores de la salud.

Sostenimiento de la atención tanto en nuestros hospitales provinciales como municipales (la salud no es un asunto de jurisdicción)

Por el acceso integral a la salud para las mujeres. Triplicación del presupuesto para todas las maternidades del país. Que la embarazada pueda hacer su control en el mismo centro donde se resuelva su parto, su hijo nazca, tenga la continuidad de su planificación familiar a posteriori del parto y que su recién nacido sea atendido en ese centro.

Educación sexual laica y científica para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

Designación y aumento de profesionales en todo el sistema público para una adecuada atención sanitaria de las mujeres y sus familias.

Sostenimiento con profesionales e insumos de las unidades sanitarias en los barrios (primer auxilio para los vecinos).

Llamamos a todas las mujeres trabajadoras a movilizarse en toda la provincia en pedido de justicia por Ana y su hijo Octavio.

 

Participemos del próximo Encuentro Provincial de Mujeres que se realizará el sábado 6 de agosto en Apóstoles para levantar un plan de lucha por una salud pública acorde a nuestras necesidades, contra este régimen que nos mata.