Impiden a niña violada interrumpir su embarazo
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Salta
Hace unas semanas atrás, el caso de una niña de 14 que había sido violada y golpeada por su padrastro por años conmocionó a la provincia.
La niña ingresó al Hospital Materno Infantil producto de los golpes que le propino el padrastro cuando la madre se enteró que éste la violaba. Al realizarse los estudios correspondientes, se conoció que estaba embarazada. De manera inmediata, madre e hija, tal como lo establece el fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2012, solicitaron la interrupción del embarazo.
No tardó en llegar una medida cautelar por parte del juez de Familia N° 2, Víctor Soria, el cual daba lugar a un recurso de amparo presentado por la asesora de Menores e Incapaces N° 2 (en nombre de “los derechos del niño por nacer”) para impedir el Aborto No Punible (ANP).
Luego de esto, nuestra senadora por la Capital y defensora de los derechos de la mujer, Gabriela Cerrano, se hizo presente junto a las abogadas de la niña para solicitar que el proceso se lleve adelante inmediatamente puesto que la niña había sido retenida en el hospital por el transcurso de un mes, aún con el informe de dos médicos que determinaban la imposibilidad de que siga adelante con el embarazo. Esto quedó plenamente demostrado cuando la madre denunció que la niña estuvo a punto de dejarse morir, perdiendo entre 5 y 7 kilos, y que sufrió el acoso de sectores eclesiásticos, dentro y fuera del nosocomio, que presionaron a la víctima con fotos de fetos y asegurando que, de seguir adelante con el embarazo, tendría una familia dispuesta a la adopción.
Al tomar nota de esto, nuestra senadora solicitó en el Senado provincial que el ministro de Salud informe cuál fue la actuación del hospital en este caso, quiénes conformaban los gabinetes ginecológicos y psicológicos, además de sus funciones y cuántos casos de ANP fueron realizados, cuántos no y por qué. Dicho pedido fue rechazado en nombre de no querer presionar a la Justicia, un absurdo. Claro está, un intento de no evidenciar la responsabilidad del gobierno provincial en este caso, puesto que el protocolo que fija Urtubey a través del decreto 1170/12, contrario a lo que establece el fallo de la Corte Suprema, trata de evitar la práctica y abre la posibilidad para judicializar los casos de ANP.
El enorme repudio que este caso generó no se hizo esperar. Larguísimas notas en medios nacionales e internacionales, marchas a la Casa de Salta en Buenos Aires y repudio de organizaciones de mujeres se hicieron escuchar. Frente a esto, el gobierno provincial, totalmente retrógrado, se vio obligado a tener que virar. A través de sus diputados se informó que iban a pedir el juri de enjuiciamiento al juez Soria -al igual de lo que exigían las organizaciones de mujeres- y, en la misma línea, la Corte de Justicia de Salta rechazó el amparo aceptado por Soria, aunque sin objetar, por supuesto, lo que de fondo es el problema: el decreto 1170 que contraría al fallo de la Corte.
Indudablemente, esto ya es una enorme victoria de las luchadoras y de la población salteña que obligaron a este retroceso del gobierno provincial.
Las mujeres salteñas aún tenemos enormes desafíos, la derogación del protocolo provincial de los ANP, además de todas las causas por las que, año a año, luchamos -la precarización laboral, la falta de viviendas, las redes trata, el narcotráfico, la violencia familiar, las muertes por abortos clandestinos, la educación religiosa en las escuelas públicas y la negativa a impartir educación sexual, entre otras.
Este año se realizará el XXIX Encuentro Nacional de Mujeres en nuestra provincia, y su preparación tiene que ser la oportunidad para unificar e impulsar, para organizarnos por nuestros reclamos en toda la provincia para acabar con la violencia y la opresión a las que nos someten desde el Estado.
Desde el Plenario de Trabajadoras, ya estamos interviniendo en los barrios y en los lugares de trabajo y estudio, y llamamos a todas las mujeres salteñas a emprender esta enorme tarea junto a nosotras.
