Durante el mediodía del domingo 9 de octubre, en una de las entradas de la Universidad Nacional de San Luis, se realizó una importante asamblea convocada por familiares de víctimas de femicidios y trata. La misma, en su desarrollo, puso de relieve dos aspectos. Por un lado, la continuidad de una orientación política de impunidad a femicidas, tratantes y narcos garantizada por instituciones del Estado, como la Justicia y el aparato policial. Por otro lado, el enorme rechazo y reservas de lucha que crecen en los sectores independientes del movimiento de mujeres.

Entre las familias convocantes encontramos luchadores y luchadoras que vienen de encabezar fuertes peleas en las calles y los juzgados. Marisa, madre de Luna Ortiz, asesinada a sus 19 años, denunció la reciente excarcelación del femicida de su hija, Isaias Villareal. Tal injusticia se viabiliza luego del cambio de la carátula de la causa, de “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito” en el 2019, a “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente” en el 2021. La omisión de la figura de femicidio no fue casual, sino que permitió diluir los cargos contra el acusado garantizando que hoy siga dedicándose a captar jóvenes en las redes para la trata.

La misma Justicia (de San Isidro) fue denunciada por Lisette Fernández, hermana de Micaela e hija de Nancy. Micaela fue secuestrada y violada sucesivas veces hasta ser asesinada en febrero del 2013. Al año siguiente, en mayo del 2014, torturaron y asesinaron a Nancy, quien había intentado denunciar lo sucedido a su hija antes y después de que se encontrara su cuerpo en la casa de “Pato” Cenizo, un hombre ligado al narcotráfico en la zona. La policía ninguneó las denuncias y dejó que sucedieran las muertes. El cuerpo de Nancy fue hallado con signos de tortura y asfixia. La claridad sobre la responsabilidad estatal es la que motoriza la lucha actual de Lisette quien tenía 14 años cuando los hechos sucedieron. Durante la asamblea la joven señaló que “la única manera de que haya avances en las causas es luchando”.

Desde la Ciudad de Buenos Aires se hicieron presentes los padres de Cecilia Basaldua, Susana y Daniel. Cecilia se encontraba en Capilla del Monte realizando un libro sobre las memorias de sus viajes como mochilera por Latinoamérica, cuando fue asesinada en 2020. Daniel y Susana denunciaron en la asamblea cómo la Justicia provincial rechazó cualquier diálogo con ellos, así como todas las evidencias que supieron obtener que apuntaban a Mario Mainardi, propietario de la vivienda donde residía Cecilia y un expolicía emparentado con el narco local. La fiscal Paula Kelm pretendió cerrar la causa con la acusación de Lucas Bustos, un joven albañil que estuvo preso sin pruebas en su contra dos años. Este año, gracias a la lucha por verdad y justicia, fue absuelto y la fiscal Kelm apartada, sin embargo el nuevo fiscal Cuello pretende retomar la causa contra Bustos lo que refrenda la necesidad de mantener la lucha y organización para que los responsables materiales sean acusados.

También se hizo presente desde San Miguel de Tucumán Nelly González, madre de Mariana. Desde el 2014 Mariana permanece desaparecida, un año antes había realizado una denuncia contra un grupo de hombres ligados al narcotráfico que la habían agredido y abusado. En la asamblea Nelly denunció “para las pobres no hay justicia”, “nos mandan a nosotros a buscar e investigar”.

Todos los testimonios mostraron la realidad que enfrentan las familias obreras ante una Justicia al servicio del crimen organizado. En cada caso, los acusados por las familias tienen sobradas pruebas en su contra, sin embargo la Justicia desoye las evidencias para favorecer al personal de los narcos, que reporta y en muchos caso trabaja en connivencia con la policía que a su turno luego reniega iniciar cualquier denuncia. Para unificar y seguir la lucha por justicia en cada caso, la asamblea votó acompañar el juicio que se inicia en Mar del Plata en febrero del 2023 por el caso de Lucía Pérez. Se trata de un caso emblemático para el movimiento Ni Una Menos de Argentina, que hasta el día de hoy sigue impune y que involucra los mismos elementos de un sistema en descomposición.

La importante convocatoria que tuvo la asamblea, con adhesiones principalmente de organizaciones y activistas independientes pone de relieve la incapacidad de los partidos de “la grieta” para intervenir con soluciones para estas familias. La Justicia y la policía dependen de los gobiernos de turno, no solo para reprimir las luchas contra la política fondomonetarista, sino también para engrosar las cajas negras mediante el crimen organizado. Desde el 2020, las únicas propuestas de reforma judicial fueron en el sentido de una defensa de dirigentes políticos frente al avance de causas de corrupción. Sin embargo, del análisis de los testimonios volcados en la asamblea, se desprende la necesidad de unificar fueros en casos de femicidio o violencia de género. También la necesidad de que jueces y fiscales empiezan a ser elegidos por el voto popular, y que sus cargos sean revocables cuando se ponen en evidencia sus vínculos con el crimen organizado.

Los gobiernos capitalistas que no han movido un pelo en las últimas décadas para modificar el carácter podrido y misógino de la Justicia y la policía son responsables del empobrecimiento de las familias y de la extensión de las redes de trata. Todos los gobiernos han llevado adelante leyes de blanqueo de capitales, así como el programa de ajuste que promueve el FMI. Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero nos sumamos a las luchas de las familias por justicia e invitamos a sumar estos reclamos a todas las plazas centrales del país el próximo 25 de noviembre en el día internacional por la eliminación de la violencia de género.