El miércoles 21 la Cámara de Diputados de la legislatura mendocina aprobó la media sanción, por 26 votos positivos contra 21 negativos, la derogación de la ley 8.816 que prohíbe en Mendoza la venta de misoprostol en farmacias bajo receta médica.

Desde 2009 tanto Mendoza como San Juan son las dos únicas provincias del país que tienen ésta legislación prohibitiva. Esta media sanción implicaría igualar al resto del país, no implica una venta libre ni producción estatal, sino bajo las condiciones ya existentes.

El debate en el recinto demostró la fragmentación de los bloques peronistas y radicales en torno a la cuestión y finalmente también mostró que el clericalismo es siempre tolerante con el negocio de los laboratorios. La iniciativa de éste debate la tuvo un sector de la UCR, con el fin de generar crisis al PJ ultra clerical de la provincia.

Resulta central que las mujeres reforcemos la presencia en la movilización del 26, que tendrá lugar el día previo al tratamiento en comisiones del Senado.

El senador del FIT-PO, Víctor da Vila, integrante de la comisión de Mujer, Género y Familia, fue uno de los primeros en respaldar a la ola verde presentando el proyecto de ley por la derogación de la prohibitiva ley 8.816 incluyendo, además, la producción estatal del medicamento en la provincia.

De aprobarse en el Senado, Mendoza podría salir del ´atraso en el atraso´, en relación al resto de las provincias; sobre todo ante la reciente aprobación del ANMAT respecto de la elaboración y comercialización de misoprostol.

Sigue latente la presión social de la gran ola verde, que llegó para quedarse y desterrar toda la legislación oscurantista que favorece el lucro del aborto clandestino en clínicas privadas o la venta ilegal del misoprostol.

Con este impulso, las mujeres que luchamos en la provincia por modificar el estado de las cosas, volvemos a las calles el próximo 26 de noviembre, en el marco del Día de Lucha contra la Violencia sobre las Mujeres, que tiene su origen en la lucha de las hermanas Mirabal contra la dictadura y los crímenes de Estado del dictador dominicano Trujillo; es decir, una jornada que denuncia la violencia institucional como base y garantía de la reproducción de las demás violencias sobre la mujer. Esto es para recordar fuertemente y no abandonar la consigna #ElEstadoEsResponsable en tiempos donde los garantes de la gobernabilidad del ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI pretenden colocar a la rastra del clero y el capital las demandas de las mujeres.