Mujer

12/4/2021

Informe de la Oficina de Violencia Doméstica: sin novedades al frente

Durante el ASPO y DISPO, los equipos interdiscipliarios atendieron un 50% menos de casos que en 2019.

Secretaria de géneros y diversidad sexual AGD UBA

El 6 de abril se publicó el informe anual de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) 2020-21 en el que se registra la estadística de “casos atendidos” durante ese periodo. Todos ellos restringidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que es el único territorio que cubre dicho dispositivo.

El primer dato que salta a la vista es que los equipos interdisciplinarios de la OVD atendieron un 50% menos de casos que en 2019 (de 12.457 a 7.422 casos ) pero solo 400 casos de diferencia en lo que refiere a “consultas informativas” (de 4.970 a 5.389). Esto no implica que haya una merma en los índices de violencia, sobre todo si tenemos en cuenta que se produce un femicidio por día.

Cabe señalar además que durante los meses de marzo a octubre 2020 rigió el decreto presidencial de Aislamiento Social Preventivo y obligatorio y de allí en adelante el decreto de DISPO. Este factor es determinante en la situación dadas las dificultades de acceso a los medios para contactar a los organismos pertinentes producto del aislamiento.

Ya de por sí la peregrinación, el tiempo que lleva el proceso de denuncia, la inoperancia de la justicia, sumado muchas veces al maltrato, son moneda corriente en momentos donde la circulación no se encuentra restringida.

El otro factor importante es la situación material precaria en la que muchas personas que se encuentran en situación de violencia padecen genera la imposibilidad de denunciar a su agresor por depender económicamente de ellxs.

En el mismo informe de la OVD “6 de cada 10 personas afectadas cohabitan con sus agresores”. Esto opera como un enorme obstáculo en las barriadas obreras si tenemos en cuenta que, según datos oficiales, en nuestro país 42% de la población -19 millones de habitantes- es pobre, mientras que el 10,5% -4 millones de personas- se encuentran por debajo de la línea de indigencia.

La crisis económica golpeó fuertemente a los sectores populares que, sin trabajo, sin IFE o asistencia de alguna naturaleza, son arrojadas bajo la línea de pobreza o de indigencia. No es casual que, según consta en el mismo informe:

“Entre las personas afectadas, 45% proviene de 4 de las 15 Comunas de la Ciudad de Buenos Aires: Comuna 4 –La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya–, 13%; Comuna 8 –incluye los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano –13%; Comuna 1 –Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución–, 10% y; Comuna 7 –Flores y Parque Chacabuco –, 9%. ” (ovd.gob.ar, página 12).

A este combo se suma que no existe una planificación integral para atender situaciones de violencia. Los planes lanzados por el gobierno de Alberto Fernández para embellecer al Ministerio de mujeres y diversidades como es el caso del “Programa Acompañar” de acceso a mujeres y diversidades de género (un salario vital y móvil durante 6 meses y por única vez) son una burla.

Finalmente, no se puede soslayar que, quienes tienen acceso al patrocinio legal solventado por sus propios ingresos, rara vez recurren a la OVD para denunciar.

Otros datos importantes a tener en cuenta son:

“Entre las personas denunciadas (total: 7.98413) 77% son varones y 23% mujeres. Los varones denunciados superan en número y proporción a las mujeres en todos los grupos de edad. El grupo con más personas denunciadas es el de varones entre 22 y 49 años (60%). Hubo 6 niñas y niños denunciados de 13 y 14 años de edad”. (Idem, página 13).
Esto lleva a un promedio de: 6 de cada 10 personas denunciadas son varones de entre 22 y 49 años. En el país donde Alberto Fernández dice haber derribado el patriarcado y dónde lxs funcionarxs pretenden hacernos creer que existe un presupuesto con perspectiva de género.

Si bien las formas de violencia ejercidas son variadas: “la violencia psicológica estuvo presente en el 97% de las evaluaciones de riesgo de las personas afectadas; la física y simbólica en el 55%; la ambiental en el 34%; la económica y patrimonial en el 29%; la social en el 13%; y la sexual se registró en el 10%” (Ídem, página 17).

Es notorio que la violencia física y simbólica se imponen siendo que el “39% de las personas que relataron violencia física (5.503) fueron revisadas por profesionales del Servicio Médico de la OVD (total: 2.125). Se constataron lesiones en el 85% de dichos casos (1.806). 38% de las lesiones constatadas se ubicaban en el rostro. 37% de las personas lesionadas tenía antecedentes de lesiones físicas producto de situaciones de violencia. 84% son de mujeres (1.516).  (Página 17).

En definitiva, el informe de la OVD muestra que el problema de violencia hacia las mujeres y diversidades sexuales y de género lejos está de ser resuelto aún con la creación de un Ministerio cuya intervención luego de un año y medio no tiene un impacto en la modificación integral de la vida de personas en situación de violencia. Lo que ratifica, junto con otras estadísticas y circunstancias, que El Estado es responsable.
La organización y un movimiento de lucha independiente se imponen como la única perspectiva para combatir la violencia.