El jueves 21 de mayo se aprobó en la legislatura bonaerense una extensión de la emergencia en violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Esta ley recoge en sus recomendaciones y disposiciones, resoluciones y decretos previos de marzo y abril. Es decir que no estamos en presencia de nuevas medidas, sino de un rejunte de decisiones de principio de cuarentena.

Conviene, de todas maneras, pasar revista de estas medidas. En primer lugar, crea un fondo de carácter rotativo de 1.000.000 de pesos que repartirá $15.000 a instituciones o entidades de bien público (sic) y $30.000 a municipios que lo soliciten (Res 135/2020). Ese monto irrisorio y vergonzante es para “atender contingencias de carácter humanitario y los destinados a cubrir traslados y movilidad, alojamiento, comida, médicos de urgencia y sepelio a víctimas de violencia de género” (Decreto 178/2020). Se pretende resolver los problemas más urgentes de cientos de mujeres bonaerenses víctimas de violencia que recurren al Estado con $30.000 por municipio, mientras arreglan con los bonistas el pago de millones de dólares a tasas usurarias por una deuda ilegítima y fraudulenta.

Una miseria para afrontar una pandemia de femicidios

Según un informe del Observatorio de Políticas de Género-Quilmes Alerta de principios de mayo, en la provincia de Buenos Aires (PBA) ocurrieron 55 femicidios de enero a mayo, siendo los municipios de La Plata, Pilar, Almirante Brown, Moreno y Lanús los más afectados. La mayor cantidad de estos crímenes (27) se concentran entre el 20 de marzo y los primeros días de mayo, es decir desde que empezó la cuarentena por el Covid-19. El “quedate en casa” para muchas bonaerenses significó una condena.

A su vez, según consta en un informe que la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos en Violencia de Género hizo para la comisión bicameral que sigue la evolución de la emergencia sanitaria en PBA, las llamadas a la línea 144 se multiplicaron desde el primer día de la cuarentena en un 35% promedio. Esta dirección además informó que tuvo que intervenir en el primer trimestre en 604 casos “críticos”. El total de los casos registrados se distribuyen en 74 municipios, pero hay diez que acumulan el 52% por ciento de los casos: La Plata, La Matanza, General Pueyrredón, Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes, Tres de Febrero, José C. Paz, Malvinas Argentinas y Lomas de Zamora.

Para pagar la deuda sí, para ayudar a las víctimas de violencia, no

Estos números brutales que prácticamente nos colocan ante un femicidio cada dos días en la provincia de Buenos Aires, en lo que va de la cuarentena, plantean un enorme desafío que el gobierno de Kicillof y la ministra Estela Díaz pretenden enfrentar con $1.000.000 para “gastos varios”.

A su vez la infraestructura de ayuda inmediata como podrían ser los refugios u HPI (hogares de protección integral) solo está planteado reforzarla con plazas en hoteles sindicales. Recordemos que esa infraestructura es mínima, al punto tal que solo hay dos hogares que dependen del gobierno bonaerense en toda la provincia (uno en Moreno y otro en Ensenada) y alrededor de 56 centros de distinto carácter que dependen de los municipios. La mayoría son lugares cuya atención esta tercerizada en ONGs, o incluso en las iglesias católica y evangélica.

Esta precaria infraestructura se combina con el laberinto burocrático y desmoralizador que significa acceder a la justicia. Las denuncias en las comisarías recién prosperan luego de varios intentos; el acceso a perimetrales, exclusiones del hogar o botones antipánico depende exclusivamente del esfuerzo y la insistencia de la mujer que denuncia. El Estado deja a la mujer que logra denunciar en un estado completamente indefenso. Sin embargo, acceder a alguna de estas medidas no es tampoco garantía para que estas mujeres puedan defender su vida de los agresores. El 30% de las mujeres que fueron asesinadas este 2020 había hecho una denuncia previa o tenía alguna medida preventiva.

La asesoría médica, psicológica y legal gratuita es la excepción más que la regla, y en general depende de la buena voluntad de profesionales de las organizaciones (gubernamentales o no).

En la extensión de la emergencia impulsada por el gobierno de Kicillof se pretende resolver esto con la puesta en marcha de un equipo de “promotoras ad honorem” que acompañen los casos “desde el territorio”. Dicho así, puede sonar muy lindo, pero la realidad es que es un eufemismo para avisar que no van a poner ni un peso más en recursos para garantizar a las mujeres un acceso a la atención integral y multidisciplinaria que se necesita para atravesar la salida de una situación de violencia, ni tampoco van a invertir salarios dignos y derechos laborales para profesionales que puedan acompañar ese proceso.

Las mujeres pobres y sus familias: las principales víctimas

Este entramado de violencias que termina muchas con la muerte de la mujer y/o alguna de sus hijas/hijos (femicidios vinculados) tiene una base material: la gran mayoría de las mujeres víctimas de violencia depende económicamente del violento, lo que dificulta enormemente la ruptura del vínculo. La mayoría de las mujeres trabajadoras ocupa los puestos de trabajo peor pagos, con mayor explotación y también somos mayoría entre las desocupadas, sin contar que sobre nuestras espaldas recae la mayoría del trabajo doméstico y las tareas de cuidado, trabajo no reconocido ni remunerado como tal. A su vez, producto de estas cargas es que a las mujeres nos cuesta más mantener una estabilidad en el trabajo, y por lo tanto para nosotras es más difícil acceder en el largo plazo a derechos laborales básicos como la jubilación, la antigüedad, la obra social, etc. Todo esto es una de las bases económicas de la violencia física hacia la mujer, y estas condiciones de vida no han hecho más que empeorar en el período de la pandemia.

Este último 3J las mujeres volvimos a alzar la voz contra este sistema violento, reclamando contra las violencias y los femicidios, realidad agravada por la cuarentena.

En el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad primó el negacionismo: dijeron que los casos de violencia no habían subido, que los refugios estaban vacíos, que las llamadas no eran por casos de violencia física, contraponiendo al planteo de la ampliación y creación de las casas refugios, la política de exclusión del violento del hogar, o en su defecto de las propias víctimas a través de redes de acompañamiento. Desde el Ministerio deberían plantearse que las casas refugio están vacías por una cuestión lógica: la violencia hacia la mujer y los femicidios ocurren bajo protección del Estado. Es de público conocimiento que los lugares destinados a proteger a las mujeres son inhabitables, incluso restrictivos, ya que en su mayoría no existe lugar para los hijos de las víctimas, o para asistir hay que acercarse a previas oficinas municipales que atienden únicamente en días y horarios laborales, o desde las líneas de asistencias municipales, donde existen, no te dan ninguna indicación para asistir al refugio de la región, por lo que optan recurrir a otros mecanismos de ayuda. Negar la realidad de la mayoría de las mujeres víctimas de violencia dentro de sus hogares en nuestro país también es revictimizar.

El Ministerio, como organismo específico gubernamental, se coloca al servicio de disimular la inacción y la ausencia completa de presupuesto realmente necesario y políticas para el área, porque las funcionarias de este gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, han subordinado los intereses de las mujeres violentadas al pago de la deuda externa. Necesitamos más que nunca defender la independencia política del movimiento de mujeres, porque será con ese baluarte que podremos ir por todas y cada una de nuestras demandas y poner fin a las violencias que se ciernen cotidianamente sobre nosotras.

El planteo de la creación de un Consejo Autónomo, electo por el voto directo de las mujeres desde los 13 años, con la posibilidad de mandato revocable y financiamiento desde el Estado e independencia política frente a todos los poderes de turno, se vuelve fundamental.