Comenzó en Ushuaia el primer juicio en el que una víctima de una red de trata será querellante contra sus proxenetas. 

Alika Kinan llegó al cabaret “El Sheik” en 1996, cooptada por una red de trata. Allí padeció maltrato psicológico, cambios de identidad (sería nombrada como Carla) y la amenaza permanente de parte de sus tratantes de infligirle castigos adicionales a la explotación sexual.

Alika relata una historia familiar marcada por el abuso, la trata y la prostitución. 

En el año 2011, tras una denuncia de una mujer en Tucumán, que expuso haber sido “alternadora” en el local “El Sheik” de Tierra del Fuego, Alika es rescatada de la red de trata que operaba en ese prostíbulo, luego de 20 años de  explotación sexual, junto a otras víctimas.

A partir de allí se iniciaron investigaciones en base a las declaraciones de las mujeres rescatadas, el registro de “pases” (relaciones sexuales y su cotización) y el material recolectado en el allanamiento del club, que denotaba condiciones de hacinamiento, abandono y explotación sexual.  Finalmente fueron procesados Pedro Montoya e Ivana García, dueños de “El Sheik” y de Lucy Alberca Campos, encargada del lugar.

En el año 2013, Alika se planta como parte querellante de la causa contra sus proxenetas -que esperan el juicio en libertad- y contra el Estado, ya que una red de trata no puede operar sin la complicidad de sus distintos estamentos.

En este caso, la Policía Federal y Provincial generaron la apertura de los legajos; la administración pública otorgó las libretas sanitarias; y los hospitales públicos y clínicas privadas, realizaban los estudios psicofísicos para el alta de las víctimas captadas en el club.

Junto con esto,  una vez que las ocho víctimas fueron rescatadas de la red, el Estado no ofreció la asistencia correspondiente para que estas mujeres, en una situación de extrema vulnerabilidad, tuvieran una opción alternativa a la prostitución como medio de vida. 

No dispusieron como compensación a tantos  años de violencia y explotación una vivienda digna, la posibilidad de un trabajo o una pensión de carácter integral, ni siquiera les garantizaron las condiciones de seguridad frente a las amenazas del sistema de trata de personas. 

Alika reclama el castigo penal de cumplimiento efectivo para sus proxenetas y una reparación económica como consecuencia de los perjuicios y lesiones sufridos. Con este juicio, busca establecer un antecedente sobre la responsabilidad del Estado en la connivencia con las redes de trata.

La estructura estatal debe garantizar los derechos de las victimas rescatadas y de aquellas que demanden a sus tratantes, aumentando la cantidad y calidad de los recursos destinados a los organismos de contención, porque vivas nos queremos.

Basta de amenazas

Días previos al comienzo del juicio, el ex esposo, padre de sus tres hijas mayores y prostituyente, Miguel Pascua,  criticó a Alika con la clara intención de difamar su lucha por la abolición de la prostitución y avanzar, no sólo en el procesamiento de sus proxenetas, sino apuntando directamente al Estado como responsable de la actuación de las redes de trata.

Este accionar se enmarca en distintas amenazas que recibió Alika personalmente y por medio de redes sociales. Mediante las mismas apuntan reproducir los prejuicios asociados a la situación de las mujeres víctimas de violencia y a una visión sobre la prostitución como elección “voluntaria”. 

Denunciamos que Alika recibió una orden de desalojo de parte del gobierno de Rosana Bertone (FpV) se para que abandone la casa del Estado provincial que habita junto a su actual marido y sus 5 hijos, y reclamamos que el gobierno garantice condiciones habitacionales dignas para ellas y todas las mujeres rescatadas de las redes de trata.

Abracemos la causa de Alika, desmantelamiento de las redes de trata Ya!

Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero, junto a Soledad Sosa, Diputada Nacional del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, nos movilizamos en el inicio del juicio a los Tribunales Federales de Tierra del Fuego para apoyar y acompañar a Alika en su reclamo de castigo a los culpables, y para denunciar la responsabilidad del Estado en la falta de asistencia a las víctimas y el desmantelamiento de las redes de trata.

En tribunales, Soledad Sosa denunció como una maniobra el planteo de la Municipalidad de suspender el juicio hasta tanto se cite en garantía al Estado nacional y provincial, como un intento de dilatar el juicio porque la municipalidad tiene una demanda civil en este juicio. Si prospera, esta demanda será un gran punto de apoyo para juzgar a todos los responsables políticos.

En la Ciudad de Buenos, una acción solidaria en la Casa de Tierra del Fuego, reunió a una gran cantidad de organizaciones de mujeres, entre ellas, el Plenario de Trabajadoras que exigieron Justicia por Alika y el desmantelamiento de las redes de trata.