Este miércoles se conocerá la sentencia del juicio de Alika Kinan contra sus proxenetas y la municipalidad de Ushuaia por trata de persona y otros crímenes.

Los dueños del prostíbulo “El Sheik”, que funcionaba tras la cobertura de un boliche bailable en dicha ciudad, pueden ser condenados con hasta 12 años de prisión y  quien regenteaba el lugar con un máximo de ocho. Alika estuvo 20 años atrapada en ese lugar y le reclama a la Municipalidad de Ushuaia una reparación económica por no haberla asistido tras su rescate y por  habilitar la situación de explotación sexual en la que se encontraba.

Este juicio es histórico porque por primera vez una víctima de trata acciona penalmente como querellante contra sus proxenetas y el Estado. Para aminorar daños, los defensores oficiales de la PROTEX (Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas) han circunscripto el caso a las fronteras municipales, cuando el mismo da cuenta de una red que operaba entre varias provincias (Tucumán, Córdoba y Tierra del Fuego), incluido el tráfico de mujeres desde República Dominicana y Colombia a la Argentina.

En su declaración, Alika atestigua condiciones de vida rayanas el esclavismo, no sólo por el encierro, la violencia y otro tipo de vejámenes a la que estaban sometidas, también por la sujeción a los tratantes en concepto de supuestas deudas de las mujeres por traslado, ropa, maquillaje, comida y alojamiento, incluido los preservativos y las penalidades que pudieran haber si demoraban más tiempo del estipulado o se negaban a un prostituyente.

La colaboración de los estamentos municipales con esta situación fue demostrada de manera abrumadora. Una vez que llegó Ushuaia, Alika fue llevada por sus tratantes para que la policía labre un legajo, requisito para que la municipalidad, a su vez, abriera un expediente que la habilitara a tener una libreta sanitaria, un requisito para ser admitida como “alternadora” en El Sheik, figura con la que el gobierno de Ushuaia encuadra a las mujeres que están en “wiskherías” o “boliches”.  Pese a estas evidencias, no hay ningún funcionario imputado en la investigación judicial. Alika testimonió que la policía local y los inspectores municipales eran “clientes” asiduos de El Sheik.

Es evidente que la habilitación municipal servía de pantalla para que la red de explotación sexual operara legalmente. De este artilugio se vale la defensa de los imputados, que se refiere a las mujeres explotadas como "trabajadoras sexuales". El dueño del boliche y principal imputado, Pedro Montoya, dice en su declaración: "No son víctimas, sino mis socias mayoritarias. Yo soy un socio minoritario. Nos aprovechamos de las necesidades de los hombres que buscan compañía” (Clarín, 10-11-2016).

Una vez “rescatada” Alika sufrió el derrotero de las mujeres captadas, de cuyo destino no informan las cifras de PROTEX, que ponen de relieve la magnitud de las redes de trata en Argentina –una persona es rescatada por día- y la ausencia de medios de vida alternativos para las víctimas. Sin vivienda, trabajo genuino y en muchos casos con una historia personal de abusos y prostitución familiar, estas mujeres terminan nuevamente en la prostitución. Por escamotear la asistencia, ella también responsabiliza al municipio, que amenazó con desalojarla a ella y sus hijos de la vivienda transitoria que le habían dado en medio del juicio.

Alika ha recibido numerosas amenazas, que no han llegado a más, producto de la enorme red de solidaridad de las organizaciones de mujeres en torno suyo y de su causa. El día de la sentencia nuevamente habrá movilizaciones en Ushuaia y Ciudad de Buenos Aires.

Justicia para Alika

Castigo a los proxenetas y a los funcionarios cómplices del Estado

Desmantelamiento de las redes de trata. Trabajo genuino y vivienda para las víctimas