Julieta Del Pino estaba desaparecida desde el viernes 24, en el pueblo de Berabevú, ubicado en el departamento de Caseros al sur de Santa Fe, cuando su mamá por redes sociales empezó a divulgar un pedido desesperado para conocer su paradero entre amigxs y vecinxs. La adolescente le había mandado un mensaje ese viernes por la noche, cuando salió en bicicleta desde el kiosko donde trabajaba para ir a su casa: “estoy yendo, calentame la cena”.

Nunca llegó porque en el camino la secuestraron en un auto.

Este domingo, la policía encontró su cuerpo enterrado en el patio de la casa de quien es su femicida, Cristian Romero, que ya confesó el crimen; previo a ello, quiso disimular el asesinato “colaborando” con el operativo de búsqueda. Se investiga si participó un grupo de hombres en una violación grupal previa al asesinato.

Distintas mujeres en redes sociales denuncian que existían denuncias previas contra Romero en la comisaría del pueblo por hechos de violencia y maltrato contra otras mujeres. También mostraron que Julieta venía denunciando la violencia de género que existe en nuestro país y agregamos que una mirada atenta de sus redes da cuenta de que ella misma estaba atravesada por esa realidad.

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Una inteligencia que el Estado hoy no realiza, porque en lugar de atender e ir a buscar los casos para resolverlos, poniendo en movimiento equipos interdisciplinarios que aborden las distintas circunstancias que hacen a la violencia contra las mujeres para intentar romper una larga cadena que tiene en el femicidio su eslabón final, tiene por el contrario como orientación política autopreservarse para defender el aparato gubernamental.

Así, vemos como el Ministerio de la Mujer y Diversidades consume sus recursos en seguir cooptando personalidades e intelectuales para cubrir su política de género, pero continúa sin tomar medidas genuinas para atacar la curva femicida que desde 2015 a esta parte marca el asesinato de una mujer una vez por día en nuestro país.

Mala Yuta: la perspectiva de género de la policía de Perotti

La policía de Chañar Ladeado sacó al femicida Romero disfrazado de policía de la comisaría donde estaba detenido. En este accionar, que intentó justificarse en evitar un tumulto y la “justicia” por mano propia de parte de una población hastiada, encontramos inscripta la naturaleza de la intervención policial en todos los crímenes contra las mujeres: autopreservarse.

Ya sea porque liberan las zonas para la comisión de delitos de los que son cómplice y parte, por una concepción ideológica reaccionaria respecto del lugar subordinado de la mujer o porque prefieren repeler los problemas sociales para los que no tienen ningún tipo de orientación para intervenir y que no podrían tener por su naturaleza de clase, la policía aparece siempre cómplice de la violencia femicida.

Es la línea política del gobierno de Omar Perotti, que a través de su ministro de Seguridad Marcelo Sain y de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género que dirige Patria Grande/Mala Junta en Santa Fe, se encuentran en una fuerte campaña para mostrarle a la población cómo se estaría dotando a las fuerzas de seguridad del Estado -es decir, a las fuerzas represivas de los capitalistas- de “perspectiva de género” mediante la creación de una “Red de oficinas de Género” en la policía.

El resultado de este plan de maquillaje del Estado, que ya lleva varios meses, salta a la vista.

Ni una Menos, el Estado es responsable

En lo que va de 2020, hubo 14 femicidios en Santa Fe -una cifra subestimada, ya que se investigan más de 30 casos de homicidios de mujeres cuya naturaleza social el poder judicial no ha podido desentrañar. Los crímenes contra mujeres ligados a bandas narcos tienen un claro contenido vinculante a razones “de género”, ya que son atentados para afectar lo que se considera parte de la propiedad del varón: “SU” mujer. Así sucede también en muchos casos de infanticidio. Bajo el capitalismo, las relaciones familiares forman parte de la propiedad privada, es por eso que en la familia, la mujer y les niñes son siempre parte de los conflictos por el patrimonio en disputa.

Todas estas dimensiones tendrían que ser abordadas en una estadística oficial que sigue sin aparecer. El tema lo repetiremos una y mil veces, porque el Estado y los sucesivos gobiernos que desde el 2015 a esta parte se han declarado todos ellos “feministas”, no han sido capaces de sistematizar una estadística propia y se dedican a reproducir lo que hacen los observatorios particulares de diversas organizaciones de mujeres, que a su turno arman esos números recopilando las noticias de los diarios.

Esto muestra que los gobiernos van detrás de los acontecimientos y que no tienen ningún plan para prevenir y erradicar la violencia. Lo máximo que pueden ofrecer como “justicia” es darle la pena de 25 años de prisión al femicida. Pero las pibas ya no vuelven ni tienen ninguna seguridad de que el último femicidio conocido sea realmente el último.

Juli Del Pino, como ella misma se llamaba en Facebook, es otra adolescente violentamente asesinada en Santa Fe. Su muerte se suma a la de Rocío Vera en Reconquista la semana pasada, quien falleció defendiéndose de una violación en manada dentro de un galpón abandonado, donde se vendía droga y se explotaba sexualmente a mujeres. Esto lo habían denunciado sucesivamente lxs vecinos de la zona. Rocío tenía 15 años y estaba embarazada. Por la brutalidad del hecho, su femicidio recuerda al de Chiara Páez, que tenía 14 y fue asesinada por su novio y la familia de este en Rufino en 2015. Sobre su cadáver enterrado en el patio, sus asesinos hicieron un asado.

Este sistema no va más.

https://prensaobrera.com/mujer/rosalia-jara-comienza-el-juicio-tras-una-larga-una-lucha-contra-la-impunidad-y-el-olvido/