La muerte de Paula Martínez de 23 años de edad, hallada sin vida por su tío en su casa de Florencio Varela vuelve a poner de manifiesto el activo rol del Estado y los gobiernos de turno en lo que refiere a las prácticas de las violencias hacia las mujeres. Por su parte los familiares dudan de que se haya tratado de un suicidio.

Paula tenía 18 años el 10 de diciembre del 2016 cuando en la fiesta de una vecina fue drogada y luego secuestrada y violada por un grupo de -al menos- 10 hombres. Paula hizo la denuncia inmediatamente, pero se enfrentó a los ya conocidos personajes que suelen recibir a las mujeres que, de manera valiente, se dirigen al Estado para denunciar las violencias que sufren: el médico legista que puso en el informe que Paula estaba alcoholizada, lo cual no solo era mentira, sino que además fue colocado como si eso sirviera para justificar una violación en manada a una menor de edad; el policía que permitió que se cruzara con los violadores cuando fue a declarar; el fiscal que preguntó lo mismo varias veces, obligando a Paula a contar una y otra vez lo ocurrido.

Por su parte, la justicia fue actuando a cuentagotas: primero detuvieron solo a 3 acusados, tres años después a 2 más. Los otros 5 permanecen en libertad, y uno de ellos está -5 años después- todavía prófugo. A su vez, recién para marzo del 2022 está previsto el inicio del juicio, frenado en múltiples ocasiones con excusas absurdas.

No llegar o llegar tarde y mal

Quizá lo más brutal de estos casi 6 años fueron el hostigamiento y la revictimización permanente a la que fue sometida Paula, ejecutada por los violadores pero permitida por el Estado, que nunca actuó frente a las más de 30 denuncias que Paula y su familia hicieron frente a las amenazas y el amedrentamiento de los acusados y sus familiares. El nivel era tal que Paula vivía encerrada en su propia casa. En ese cuadro, mientras no recibía ningún tipo de contención psicológica ni acompañamiento por parte de ninguna institución del Estado, Paula intentó suicidarse 10 veces. En el medio aceptó varias entrevistas televisivas, como última opción para intentar frenar el acoso. También aceptó internarse un tiempo para poder lidiar con las secuelas del horror. Estaba tratando de rehacer su vida, junto a sus hijos y su familia. Paula quería vivir pero el Estado no la ayudó.

Es un debate que genera contradicciones en el movimiento de mujeres la cuestión de la aplicación de las penas y la cárcel para los violentos. El punitivismo no ha servido más que para reforzar el lado represivo del Estado, responsable de no llegar o de llegar tarde y mal cada vez que una mujer necesita ayuda. Sin embargo en casos como estos, un accionar rápido y efectivo por parte de la justicia puede ayudar a mitigar el dolor. Es fundamental que las víctimas se sientan contenidas y acompañadas para iniciar el camino de la reparación de un enorme trauma como puede ser una violación en manada a los 18 años. Tremenda responsabilidad no puede recaer solamente en amigos y familiares y en las redes que las mujeres logramos (a veces, no siempre) construir alrededor nuestro. Es fundamental que ese camino se vea reforzado con acciones concretas y contundentes de parte del Estado. Sin ir más lejos, el pasado 20 de diciembre los violadores de Victoria Mateluna fueron sentenciadas por el Tribunal Nº1 de Florencio Varela a penas de 15 y 16 años de prisión (Infobae, 20/12). Los casos impactan por sus similitudes: ambas fueron abusadas por una manada de 10 hombres siendo niñas, ambas en Florencio Varela, ambas hijas de familias trabajadoras y víctimas de múltiples violencias. Pero en el caso de Victoria, la sentencia llegó y ayudó a reforzar el durísimo camino de la recuperación. A Paula el Estado nunca le dio esa opción.

Estado: el violador eres tú

En el derrotero del caso de Paula queda plasmado con claridad que el Estado sí actúa frente a los casos de violencia hacia las mujeres: actúa como encubridor y cómplice de la violencia de los hombres, pero también como agente ejecutor de esa violencia. La finalidad es someter a las mujeres y dividir a la clase trabajadora, sembrando la obediencia y el miedo como formas “naturales” de vinculación.

A su vez, estas políticas responden también a criterios materiales: en el caso del gobierno de Alberto Fernández tiene que ver con poner todos los recursos políticos y económicos al servicio el acuerdo con el FMI, acuerdo que solo puede traer más ajuste, hambre y desocupación. Claro está que este ajuste implica recortes en políticas sociales, como aquellas vinculadas con la cuestión de género. Sin embargo, esto no debe hacernos olvidar que las ministras de Mujeres y Género -tanto a nivel nacional como de la provincia- han subejecutado los presupuestos del 2021, y no hay explicación alguna de a dónde fueron esos recursos.

Tienen la caradurez de pretender ocultar esto con planes que son migajas, que ni siquiera controlan totalmente, sino que “comparten” con otros ministerios, como por ejemplo el de Desarrollo Social. A estas políticas miserables le suman la etiqueta rosa o violeta de “perspectiva de género” en las primeras oraciones de presupuestos de otras áreas, y con esa muestra de “transversalidad” pretenden hacernos creer que hacen algo por las Paulas de este país. No merecen otra cosa que el repudio total por parte del movimiento de mujeres y diversidades y de las miles de mujeres de la clase obrera.

Más que nunca está planteado el desafío de lograr un Consejo a autónomo dirigido de manera democrática por las mujeres luchadoras y activistas de todo el país y no por estas carreristas que cobran abultados sueldos, mientras una mujer es asesinada cada 30 horas. Un consejo autónomo donde tengan lugar las voces de las mujeres de los barrios, los sindicatos, los lugares de trabajo y estudio. Reforcemos más que nunca la lucha independiente para lograr el fin de estos horrores y para que nunca más haya una Paula por la que exigir justicia y cárcel a sus violadores.