Se dictó la sentencia por el crimen de Romina Ríos, que desapareció el 12 de febrero de 2015, en el fin de semana de la Chaya Riojana y fue encontrada muerta dos días después.

La movilización de mujeres logró que se acelerara el proceso del juicio que dejó como único imputado a Pedro Ortiz, un policía de 18 años, oriundo de Patquia, de donde también era Romina.

Ortiz se declaró culpable y fue sentenciado a prisión perpetua. El tribunal desechó los agravantes de alevosía y por su condición de miembro de la policía provincial.

La familia reclama que se investigue a los cómplices políticos y materiales y avanzará con una denuncia civil contra el Estado porque el femicida revestía un cargo como funcionario público.

El caso

La policía no buscó de inmediato a Romina y le dijo a la familia que quizás “se había ido con algún noviecito”. Lo cierto es que estaba con Pedro Ortiz, que la mató y la tiró a un descampado. Ortiz siguió su vida normal y después regresó para quemar el cuerpo.

A partir de ahí comenzó la lucha de la familia, las organizaciones y la sociedad en general convocando a marchas pidiendo por Justicia por Romina.

Desde ese momento y hasta el dictado de la sentencia, se sucedieron diversos hechos que desnudan las responsabilidades políticas y materiales, así como el encubrimiento policial.

La Senadora Nacional de la Rioja “Beba” Aguirre de Soria y su fundación armaron un acto homenaje que terminó borrando pruebas de la escena del crimen, hecho denunciado por la ex abogada de la familia Ríos. Luego de esta trapisonda, la fundación se alejó de inmediato de la familia y sólo quedaron las organizaciones de lucha.

Luis Angulo, Secretario de Seguridad, Páez, Jefe de Policía, Claudio Saúl, Ministro de Gobierno y el propio ex gobernador, Luis Beder Herrera, salieron a proteger al aparato policial diciendo que el femicidio de Romina era una “cuestión privada de Ortiz”, desligando de cualquier responsabilidad al resto de las fuerzas represivas.

Ni una Menos. El Estado es responsable

El movimiento de mujeres debe tomar a la perpetua de Ortiz como el resultado de una lucha que denunció de forma directa al Estado  y a los responsables  políticos de que en La Rioja se violenten los derechos de las mujeres.

Ningún estamento del Estado garantiza el cumplimiento de las órdenes de restricción, como lo demuestra el caso de Noelia Menem a quien la mató a su ex pareja y tenía una orden en su contra.

La lucha independiente del movimiento de mujeres debe arrancarle al Estado las reivindicaciones planteadas por los masivos Ni una Menos y el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario.

Este miércoles 19 nos movilizaremos para pedir justicia por Lucía y por las víctimas de La Rioja.

¡Justicia por Romina!