Julie fue violada durante dos años por más de 20 hombres, bomberos de París, cuando tenía entre 13 y 15 años. En 2010 se presentó la denuncia del caso; sin embargo, durante 6 meses, la policía no habló con ninguno de los denunciados. En febrero de 2011, finalmente, tres de ellos fueron investigados por la violación en grupo de la menor, aunque según señala el portal francés Mediapart (1/2/21) no han sido procesados por considerar no conocer la edad de la víctima al momento del hecho. Asimismo, el portal destaca que la justicia y la policía culpabilizan a Julie “por no haber luchado lo suficiente”. Tanto es así que describe que en un interrogatorio cuando tenía 15 años preguntaron a la menor si se dejó forzar a practicar sexo oral y “por qué no les dijo que no”, mientras que los bomberos reconocieron haber mentido acordando “un pacto de caballeros” para encubrirse.

Es decir, en lugar de acusar y cuestionar el accionar de los violadores de una menor, la policía y la justicia francesa descalifican el delito y revictimizan a Julie argumentando consentimiento, amparando desde el poder los delitos sexuales cometidos por bomberos y militares.

En 2011, luego de una intensa lucha, 3 bomberos fueron detenidos y acusados de violación, sin embargo, el 19 de julio de 2019 el juez de instrucción de Versalles decidió remitir a los tres bomberos al juzgado penal por agresión sexual sin violencia y ninguno de los otros 17 violadores ha sido procesado hasta el momento. En esta línea, el 12 de noviembre de 2020, después de 10 años del hecho, la Corte de Apelaciones de Versalles emitió un veredicto que confirma la descalificación de la violación por abuso sexual a la menor y los 3 bomberos fueron remitidos al juzgado penal.

Ante esto, la familia elaboró una petición solicitando a los tribunales que los actos cometidos contra Julie sean reclasificados como violación en grupo de una menor vulnerable de 15 años por personas con autoridad y pidiendo que se inicie un procedimiento legal contra los otros 17 bomberos de París involucrados. El accionar de la justicia refleja una total impunidad y pretende ser aleccionador para las mujeres, perpetuando su lugar de sometimiento y humillación bajo este régimen social.

Petición: https://www.change.org/p/julie-viol%C3%A9e-%C3%A0-13-ans-par-des-pompiers-justice-pour-obtenir-la-requalification-en-viol

El Estado es responsable

Según un informe de Amnistía Internacional, al 2019 solo 9 países de Europa reconocían que el sexo sin consentimiento es violación. Asimismo, las cifras de una encuesta realizada en la Unión Europea muestran que, a partir de los 15 años, una de cada 20 mujeres de la región ha sido violada, lo que representa alrededor de 9 millones de mujeres (France24, 21/12/20). Pese a esto, las cifras de denuncias de casos de violación siguen siendo muy bajas, aspecto que se relaciona con el miedo a no ser creída, la revictimización y la desconfianza en el sistema de justicia (amnesty.org, 28/06/19).

Sucede que, como en UE, en todo el mundo asistimos a procesos judiciales que dilatan en el tiempo los fallos, condenas irrisorias, interrogatorios intimidatorios a las víctimas y arbitrariedades de todo tipo por parte de las fuerzas policías e instituciones judiciales, dejando en evidencia que estas son cómplices de la violencia machista y que la misma proviene del propio riñón del Estado.

Particularmente, Francia tuvo 149 femicidios en 2019 y en 2020, si bien la cifra se redujo a 111, las denuncias por violencia se quintuplicaron durante los casi dos meses de confinamiento (DW, 21/05/2020) y el país sigue teniendo una de las mayores tasas de femicidios en Europa. Son aspectos que han motivado en los últimos años a importantes movilizaciones de mujeres en todo el territorio y que derivaron en la presentación de un plan por parte del gobierno de Macron, denominado “Grenelle”. El mismo implicaba la creación de 1.000 nuevas plazas de albergue temporal para mujeres amenazadas a partir del 1 de enero del 2020, nombramiento de fiscales especializados y mayores “facilidades” para la presentación de denuncias. Sin embargo, ha sido criticado por diversas organizaciones debido al escaso presupuesto designado, la falta de una verdadera atención a las víctimas y por estar muy por detrás de las demandas de las mujeres (rtv.es, 3/09/2019; France24, 8/03/2020). Las medidas del gobierno -que durante el período electoral tuvieron a Macron diciendo que la causa de las mujeres iba a ser la principal de su mandato- no son más que una cortina de humo.

Vale lo mismo para Argentina, donde pese al nuevo plan contra las violencias anunciado con bombos y platillos por el flamante ministerio de mujeres 2020, una mujer es asesinada cada 27hs, se subejecuta el presupuesto y los refugios se encuentran en condiciones inhabitables.

Desarrollemos una lucha independiente del Estado contra la violencia

El caso de Julie pone sobre la mesa la situación que vivimos las mujeres todos los días al ser sometidas a agresiones de todo tipo, con un Estado que nos da la espalda, y coloca el cuadro de descomposición social al que asistimos. Rememora al mismo tiempo otros casos similares, como el de “la manada” en España, donde un grupo de cinco hombres violaron brutalmente a una joven en 2016 y fueron amparados por el poder político cuando el tribunal en 2018 esgrimió no encontrar suficientes indicios de violencia para considerar el delito como violación. También en Argentina, donde una adolescente de 16 años fue violada por 6 jóvenes en Chubut en 2012 y el fiscal Fernando Rivarola acordó un juicio abreviado y la liberación de los acusados, a la vez que recurrió al término “desahogo sexual” para justificar una violación contra una menor de edad. Similar a lo sucedido con Lucía Pérez en 2016, que desencadenó en el primer paro de mujeres tras la indignación por la noticia de que la adolescente había sido drogada, violada y empalada por dos hombres hasta asesinarla; sin embargo, la justicia determinó consentimiento, al igual que en Francia con Julie.

Ni los planes presentados como novedosos y feministas, ni las capacitaciones en materia de género en instituciones estatales y parlamentos han logrado revertir la opresión, el maltrato institucional, la brecha de género y la violencia machista hacia las mujeres. A esta situación se suma la profundización en la desigualdad salarial, la precarización salarial y la desocupación que golpea particularmente al género femenino y que tienen como principal responsable a los gobiernos que violentan nuestros derechos más básicos.

Desde el Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras acompañaremos este 7 de febrero a las mujeres francesas y a Julie en la búsqueda de justicia. Su caso no es aislado, sino que refleja el accionar de un régimen social que descarga la violencia sobre las víctimas, con Estados garantes de la reproducción de estructuras sociales que se valen de la opresión y el disciplinamiento a las mujeres para consolidar la explotación del conjunto de la población.

El movimiento de mujeres a nivel mundial ha cobrado un carácter masivo y de suma importancia en los últimos años, mostrando su carácter internacional, gestando paros simultáneos en distintos países y una enorme disposición de lucha para reagrupar fuerzas en todo el planeta. En todo el mundo asistimos a movilizaciones frente al empeoramiento de las condiciones de vida producto de la pandemia que tienen como protagonistas a las mujeres. Ganar las calles por nuestros reclamos es el camino.

 

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