Mujer
15/8/2026
La adhesión de Milei al Consenso de Ginebra: una ofensiva internacional contra el derecho al aborto y mucho más
Un instrumento de la derecha religiosa para atacar en cada foro internacional lo que las mujeres conquistamos en las calles.
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Para congraciarse con Trump, el gobierno de Milei adhirió al “Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia”, que es una declaración política internacional de carácter reaccionario sobre los derechos de las mujeres y en particular contra al derecho al aborto. Esta declaración fue firmada el 22 de octubre de 2020 por un grupo inicial de más de treinta países.
Este “Consenso” forma parte de una política que luego se expresó en el plano nacional de Estados Unidos con la utilización por parte de Trump de su mayoría en la Corte Suprema para anular el fallo Roe contra Wade de 1973 que habilitaba el aborto legal en dicho país.
Su texto afirma que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación de los Estados de financiarlo o facilitarlo, y presenta a la familia "tradicional" como base natural y fundamental de la sociedad. El nombre es engañoso: la declaración nunca se firmó en Ginebra. Estaba pensada para lanzarse en paralelo a la Asamblea Mundial de la Salud de ese año en la ciudad suiza, pero la pandemia de Covid-19 obligó a presentarla de forma virtual desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
No se trata de un tratado vinculante ni de un organismo con estructura permanente propia: es un pacto político entre gobiernos que se comprometen a actuar de forma coordinada en foros multilaterales para bloquear cualquier reconocimiento del aborto como derecho humano.
Origen e historia: una herramienta de la derecha religiosa global
La iniciativa nació bajo la primera presidencia de Donald Trump, impulsada por su entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, en el marco de la política exterior estadounidense conocida como "Ley Mordaza Global" (Global Gag Rule), que condiciona la ayuda internacional de Washington a que las organizaciones receptoras no informen, deriven ni practiquen abortos.
El copatrocinio original quedó en manos de Estados Unidos, Brasil (con Jair Bolsonaro), Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda. La historia posterior de la coalición muestra con precisión el mapa de las derechas mundiales: Joe Biden retiró a Estados Unidos apenas nueve días después de asumir, en enero de 2021. Colombia se bajó en agosto de 2022 tras la llegada de Gustavo Petro. Brasil hizo lo mismo en enero de 2023, cuando asumió Lula da Silva. La segunda administración Trump reincorporó a Estados Unidos en enero de 2025 dentro de sus primeras cien horas de gobierno y relanzó la ofensiva diplomática para sumar adhesiones.
Hace días se incorporó a esta corriente internacional reaccionaria () Javier Milei, que formalizó su adhesión un día después de que Estados Unidos asumiera la secretaría rotativa de la coalición, hoy integrada por 42 países. El acto contó con la presencia del embajador estadounidense Peter Lamelas y de la funcionaria del Departamento de Salud estadounidense Bethany Kozma, mientras el canciller Pablo Quirno lo presentó como un aporte de "liderazgo" regional a una agenda de "dignidad humana y soberanía de las naciones".
Quiénes lo integran
La coalición reúne hoy a 42 países, con Estados Unidos, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda como copatrocinadores originales. Se trata, en su gran mayoría, de gobiernos conservadores, religiosos de línea dura o directamente autoritarios: monarquías del Golfo, gobiernos africanos y asiáticos con legislaciones restrictivas en materia de género, y las derechas latinoamericanas que sobreviven o resurgen en la región.
Sus firmantes están entre los países con peores indicadores de violencia contra las mujeres, matrimonio infantil y falta de acceso a salud reproductiva básica. Un pacto que dice defender "la salud de la mujer" integrado mayoritariamente por Estados que sistemáticamente vulneran esos mismos derechos.
Objetivos declarados y objetivos reales
El texto se presenta bajo un lenguaje de derechos humanos: habla de "salud de la mujer", "igualdad de oportunidades" y "cobertura universal de salud". Pero su núcleo duro es explícito: los firmantes se comprometen a sostener, en cada foro multilateral, que el aborto no es un derecho humano y que ningún organismo internacional puede exigirle a un Estado que lo garantice, financie o facilite.
El objetivo político real es frenar, en Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y otros espacios multilaterales, el avance de los estándares internacionales de derechos sexuales y reproductivos construidos durante décadas de lucha de las mujeres que sin embargo no fueron defendidas a fondo por los organismos que asumieron está perspectiva.
Investigaciones periodísticas ubicaron detrás de esta ofensiva a una red de fundaciones evangélicas y católicas estadounidenses que financiaron con cientos de millones de dólares campañas contra los derechos reproductivos y las conquistas del colectivo LGBTIQ+ a escala global desde mediados de la década del 2000.
En materia de iniciativas gubernamentales el “Consenso de Ginebra” es un contrapunto con el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, suscripto por países latinoamericanos desde 2013 integrantes de la Cepal que reconoce el acceso a la salud sexual y reproductiva como parte integral de los derechos humanos e insta a los Estados a legislar en materia de aborto. Los posicionamientos desde la superestructura de gobiernos capitalistas son el taparrabos de políticas empresariales que en realidad está en el centro de sus intereses. Sin movimientos populares, sin las mujeres organizadas la tendencia política reaccionaria tiende a crecer ojo fruto de descomposición total del sistema capitalista.
La adhesión argentina se produce en un contexto particular: el país cuenta desde diciembre de 2020 con la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que garantiza el acceso libre y gratuito al aborto hasta la semana 14 inclusive en todo el sistema de salud, conquista de años de movilización feminista bajo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Que el propio Estado argentino suscriba ahora un documento como el del consenso de Ginebra contradice leyes que hasta hora han sido incapaces de hacer caer en Argentina.
No es un hecho aislado: se inscribe en la matriz ideológica del gobierno de Milei, que combina una política económica antipopular con la agitación de una agenda conservadora social explícita en temas de género, y que ha desfinanciado sistemáticamente y desjerarquizar las políticas de salud sexual y reproductiva y de educación sexual integral. La adhesión al Consenso de Ginebra es un gesto de alineamiento geopolítico con la administración Trump y no tiene nada de política sanitaria: no cambia la ley vigente puertas adentro, pero sí posiciona a la Argentina como punta de lanza regional de una agenda antiderechos.
El Consenso de Ginebra es un instrumento de la derecha religiosa internacional, financiado y organizado para disputar en cada foro global lo que el movimiento feminista y de mujeres conquistó en las calles. La respuesta a esa ofensiva es la misma que garantizó el aborto legal en la Argentina: organización, movilización y defensa activa de cada derecho conquistado.
