A dos semanas de las Paso, uno de los datos más salientes de la campaña electoral es que ninguna de las coaliciones políticas nacionales, con excepción del FIT-Unidad, ha defendido los reclamos de las mujeres que movilizaron de a cientos de miles, e incluso millones, en los últimos años en nuestro país. 

Los principales candidatos han oscilado entre la omisión de la problemática y el intento de desviarla hacia planteos inconducentes -como el Ministerio de la Mujer que propone Victoria Donda, sin dar cuenta de que hace años existen organismos estatales que no resolvieron nada (el Consejo Nacional de Mujeres del kirchnerismo, devenido en Instituto Nacional de Mujeres bajo el macrismo)-, o la completa devaluación de nuestros reclamos (como la despenalización del aborto, sin legalizarlo, que esgrimen los Fernández), y la demagogia: promocionan en cierto público sus candidatos “verdes”, mientras han habilitado una brutal colonización clerical de todas sus listas. 

Si de demagogia se trata, el macrismo no se queda atrás: hace pocos días anunciaron que iban a garantizar abogados gratis para víctimas de violencia de género, mediante un convenio entre la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires  y la Secretaría de Justicia de la Nación, que luego se supo que dispondrá de sólo ¡trece! abogados -¡en el país de la rebelión por Ni Una Menos! 

Ninguno de ellos puede ofrecer un programa que atienda los derechos de las mujeres trabajadoras, que somos una mayoría que vive precarizada o con ingresos de convenio que consagran la pobreza como ocurre con el millón de empleadas domésticas. El quintil más pobre de nuestra sociedad está formado en un 70% por mujeres, con una brecha salarial del 43%. La continuidad del pacto con el FMI y las reformas laboral y previsional que impulsan desde Juntos por el Cambio hasta el Frente de Todos, no hará más que reforzar la degradación laboral y la miseria que es, al mismo tiempo, el caldo de cultivo para el incremento de todo tipo de violencias contra las mujeres.

La destrucción de los convenios colectivos de trabajo significará una nueva ofensiva contra los derechos laborales femeninos, luego de décadas de entrega de conquistas por parte de la burocracia sindical que anida en ambas listas. Por eso, ninguno hace campaña pidiendo ampliar las licencias parentales o por violencia de género, medidas concretas para garantizar la igualdad salarial, los jardines infantiles en los lugares de estudio y trabajo, o lactarios para las madres -cuando un reciente informe de Unicef revela que el 92% de las empresas del país no poseen estos espacios y un 30% no cumple con la reducción del horario por lactancia. La banca del Partido Obrero en el Congreso tiene, desde hace años, proyectos presentados sobre todas estas temáticas que los bloques mayoritarios mantienen cajoneados. 

Tampoco tienen en agenda el cupo laboral trans -que ni el macrismo ni el kichnernismo bajo sus gobiernos se preocuparon en impulsar. Por fuera de cualquier slogan electoral, hay una trayectoria en el poder que los pinta de cuerpo entero, y que ilustra un solo dato: la mayoría de la población travesti-trans tiene un promedio de vida de 35 años. Lo mismo vale respecto de la trata de personas: 13.384 víctimas rescatadas en los últimos diez años y ninguno ha desmantelado una sola red, a las que todos los gobiernos les garantizaron protección, impunidad y blanqueo de capitales.

Macri-Pichetto y F-F, de espaldas a las mujeres

El gobierno Macri ha preservado y reforzado la “herencia K” en materia de injerencia clerical dentro del aparato de Estado. La Iglesia católica, aunque el Papa se diga peronista y tenga a Juan Grabois como operador cristinista, mantiene beneficios de todo orden -financiamiento, exenciones impositivas, tercerización de programas, puestos clave en las direcciones de los hospitales y en el sistema educativo y de salud privado. Esto vale incluso para el ala más reaccionaria, como el Opus Dei, que a través de satélites, como Abel Albino, ha ampliado el radio de acción que tiene desde la era Kirchner con las provincias pejotistas del norte a nivel nacional, con un millonario convenio firmado con el Ministerio de Educación de la Nación a mediados del año pasado.

Las iglesias evangélicas, que han crecido de modo notable, también encuentran refugio en ambos espacios. Macri ha reforzado lazos con este sector, fundamentalmente a través de los ministerios de Desarrollo Social de Nación y Buenos Aires, y colocó a dirigentes evangélicos como Dina Rezinovsky y Gabriel Mraida en las listas de la Ciudad y la provincia. De igual modo, tenemos a la candidata K a vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, inaugurando una Secretaría de Culto en La Matanza, bajo tutela y dirección de los evangelistas. La segunda candidata a senadores nacionales por Río Negro de la lista de los Fernández es Silvina García Larraburu, la gran ofrenda que Cristina le hizo a las iglesias para enterrar el aborto legal en el Senado, el pasado 8 de agosto. 

La presencia de Ofelia Fernández y otras candidatas que sostienen posiciones en favor del aborto legal y que hacen campañas focalizadas en su persona, planteando que lo suyo es un aporte que mejora los espacios (en este caso el PJ y las instituciones), no hace más que convocar a que el voto verde vehiculice el ingreso del voto celeste. Ninguna de las  participantes del movimiento que milita en el kirchnerismo ha levantado la voz al respecto de la devaluación del aborto legal que propone Alberto Fernández a través del planteo  de avanzar en la despenalización y postergar el tratamiento del aborto legal (La Nación, 30/7), debate que el año pasado se dio al interior del movimiento y se rechazó explícitamente. 

En abierto contraste, el FIT-U ha desplegado una inmensa campaña que, de la mano de la lucha contra el FMI, ha colocado las reivindicaciones de la mujer trabajadora en primera plana. Con asambleas de mujeres en numerosas provincias, una reunión de referentes y candidatas de todo el país, o una reciente movilización frente a la Catedral en Buenos Aires para reforzar la denuncia sobre los privilegios del clero y su papel como factor de poder contra las mujeres y la clase obrera, estamos haciendo de la campaña electoral en sí misma un factor de concientización y lucha por las mujeres y las disidencias.