Los recientes asesinatos de dos nenas, Estefanía y Sheila, muestran una realidad dramática. En lo que va del año, 22 nenas menores de 12 años fueron asesinadas. A una la mató la mamá, que tiene problemas mentales. A otras 16 las mató un familiar o alguien cercano: padrastros, padres, tíos, primos, vecinos, después de haberlas abusado. La extrema miseria, el alcohol, las drogas, el hacinamiento rondan todos los asesinatos.

La barbarie no tiene límites: Sheila no iba a la escuela -como por lo menos un millón y medio de chicos en todo el país- y, según su bisabuela, el padre la hacía combatir por plata en una riña de niños (Diario Popular, 20-10). Estas riñas, a la manera de las peleas de gallos o de galgos, se practicarían hace años en los sectores más degradados del conurbano para que los mayores consigan, a expensas de los chicos, unos pesos o un poco de droga. Punteros, policías, prefectos, intendentes y el Estado en general hacen la vista gorda de las distintas formas de tortura a las que son sometidas las criaturas.

Los datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo revelan que en la Argentina una de cada cinco nenas es objeto de abuso sexual.

Las niñas violadas son después niñas madres. En la Argentina, cada tres horas una nena de entre 10 y 14 años tiene un bebé: ocho por día. Es un indicador que duplica el resto de los países del Cono Sur. Son alrededor de 3.000 por año, el 15% de los partos -aunque en Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones llegan a ser el 25%. Según Unicef, todas las madres niñas provienen de hogares con necesidades básicas insatisfechas y han sido abusadas. No existe la relación consentida a esa edad.

El riesgo de muerte materna entre las niñas madres duplica el de las mujeres adultas.

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¿Hay formas de prevenir el abuso sexual y la maternidad infantil? La respuesta, indubitable, es sí. Más claro: si Sheila hubiera ido a la escuela, y si en esa escuela se impartiera educación sexual, probablemente hubiera hallado un ámbito de confianza donde contar que el papá la obligaba a pelear o que los tíos abusaban de ella. Si el primo que mató a Estefanía -que ya había atacado otra nena- hubiera recibido ayuda, tal vez la tragedia se hubiera evitado. Esa es la “intromisión en las familias” que aterra a las Iglesias porque devela la descomposición de la “célula base de la sociedad” y echa luz sobre la putrefacción general del régimen social.

La semana pasada, en Bahía Blanca, la Justicia detuvo a dos abuelos y una madre que habían vendido a la hija de 15 años por dinero y un auto. La chica ubicó por Facebook a su padre, que fue a rescatarla. Cuando huían, los balearon. Eso permitió “descubrir” una red de trata infantil. La mujer tenía once hijos que trabajan en la calle ofreciendo repasadores, ninguno iba a la escuela. A las nenas después las vendían. “Una niña virgen puede valer 350 mil pesos. Si no lo es, su valor desciende a 10 mil” (Clarín, 26/10) Lo notable es que “en la causa se lee que organismos de niñez de Bahía Blanca habían detectado que, al menos desde 2006, todos los niños y niñas de la familia eran obligados a vender medias y repasadores en calles y bares durante la mañana y desde la noche hasta la madrugada. Los niños tampoco podían ir a la escuela: por la tarde hacían las tareas de limpieza de la casa, donde vivían unas 20 personas” (ídem) ¡13 años de complicidad estatal con la esclavitud de una docena de chicos, a la vista de todos!

Para qué sirve la educación sexual

La semana pasada, las clases de educación sexual permitieron que nueve alumnas de un sexto grado de General Roca contaran que, dos años antes, su profesor las manoseaba. La docente les explicó que sus partes íntimas no podían ser toqueteadas, y una nena contó, y otra y otra. Lo mismo en Formosa. Cuando la directora les mostró un dibujo de un pene y una vagina, una nena de 7 años dijo que el pene ya lo conocía. Se lo había mostrado muchas veces el director de la Biblioteca del Poder Judicial, donde la madre trabajaba.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años. Se denuncia aproximadamente el 10% de los casos y se condena menos del 1%. En el 90% de los casos, el abusador es alguno de sus familiares varones.

La función de la educación sexual laica y científica es ayudar a las chicas y a los chicos a familiarizarse con sus cuerpos, a identificar sus deseos, a expresar dudas y temores, a derribar prejuicios. Es indispensable que comience en la primera infancia, porque es cuando comienzan los abusos. Es eficaz para prevenir el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. Para develar los mecanismos de poder entre los sexos. Debe funcionar en la escuela como un espacio deliberativo y democrático, donde los adolescentes discutan las múltiples opresiones -sexuales, de género, de clase- a las que los somete este régimen social.

En las últimas semanas se multiplicaron los ataques de las iglesias católica y evangélicas contra la posible derogación del artículo 5 de la Ley de ESI, que habilita su dictado de acuerdo al “ideario institucional” de cada escuela –es decir, dejar a millones de alumnos librados al oscurantismo clerical.

Los enemigos de la educación sexual son, casualmente, organizaciones clericales -católicas, evangélicas- que predican la obediencia y la resignación, que enseñan que “nacimos para sufrir en este valle de lágrimas” y lo mejor viene post mórtem. Son claves en la defensa de la propiedad privada, el orden social y las fuerzas represivas, y militantes históricas de la opresión de las clases oprimidas, las mujeres y la juventud.

Pero, además, son instituciones inficionadas por el abuso sexual, la violación, la paidofilia. Los enemigos de la ESI, los defensores de "con mis hijos no te metas" defienden este modelo putrefacto de familia, protegen abusadores y violadores, en la casa o en la Iglesia. O directamente son los abusadores y se protegen a sí mismos.

Por eso detrás de las organizaciones de padres abusadores que fueron alejados de sus hijos -como Apadeshi, Afamse, etcétera- están siempre los mismos nombres: los del ultraderechista y familiarista Consorcio de Abogados Católicos. No solo les dan asistencia legal gratuita sino que actúan contra los peritos y los denunciantes en lo que se denomina “backlash al abuso sexual infantil” (1): acosan a las madres, a los profesionales, a las periodistas.

El movimiento de mujeres debe romper con las variantes políticas que cambiaron el pañuelo verde por el amarillo y blanco del Vaticano con las excusas que sean. Es ridículo el planteo de que la lucha unitaria contra el ajuste o contra el hambre debe librarse al precio de reforzar la opresión de las mujeres y de la juventud. La educación sexual, el derecho al aborto legal y gratuito son tan parte de las reivindicaciones que los explotados como el derecho al trabajo y a un salario igual a la canasta familiar.

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Notas:

(1) Virginia Berlinerblau, El "Backlash" y el abuso sexual infantil. Reacción negativa y violenta contra profesionales que trabajan en el campo de la Protección de la Infancia, Revista Querencia