Los últimos datos disponibles revelan que la brecha de género en el ingreso medio individual es del 26,3%, ya que el mismo se ubica en $92.655 para los varones y en $68.310 para las mujeres. Es una realidad urdida con la discriminación que sufre el colectivo femenino en el mercado laboral, donde ocupa los empleos peor pagos, sumado al mayor tiempo destinado al trabajo doméstico gratuito en detrimento del remunerado.

Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares, correspondiente al tercer trimestre del 2022. Una publicación de Ecofeminita, en base a ese informe, agrega que, mientras el ingreso medio de los trabajadores ocupados varones es de $82.200, el de las trabajadoras ocupadas es de $65.900. En el caso de lxs asalariadxs sin descuento jubilatorio (no registradxs), los varones ganan $52.400 promedio y las mujeres $34.800.

Lo anterior muestra a una clase trabajadora absolutamente empobrecida, ya que las sumas mencionadas están muy alejadas de la canasta básica (hoy en $163.539). Escenario construido por los topes paritarios y la proliferación del trabajo informal, prácticas que cuentan con el aval del gobierno y las direcciones gremiales burocratizadas. Sin ir más lejos, Massa y la CGT han anunciado un techo salarial del 60% para el 2023, cuando la inflación proyectada hasta fin de año es del 97%. No obstante, la peor parte está reservada para las mujeres, dando como resultado que estas sean mayoría dentro de la población más pobre -representan el 65% del decil con menores ingresos.

Lo cierto es que el mercado de trabajo retrata la opresión que sufren las mujeres trabajadoras, encasilladas en roles vinculados al cuidado y a las tareas de limpieza. En ese sentido, los empleos con mayor tasa de feminización los encontramos en el servicio doméstico (96,9% mujeres), en la enseñanza (70% mujeres) y en los servicios sociales y de salud (68,5% mujeres), que son, a su turno, donde prima la miseria salarial. El ingreso mensual promedio en el servicio doméstico se ubica en los $26.900, en la enseñanza $78.200 y en los servicios sociales y de salud $91.900.

Por otra parte, las mujeres son las primeras en ser despedidas y las últimas en ser contratadas principalmente por tener la capacidad biológica de gestar. Sucede que las empresas prefieren ahorrarse los costos vinculados a las licencias por maternidad o por cuidado de un familiar enfermo (tareas socialmente atribuidas al género femenino). Por lo tanto, mientras la tasa de empleo llega al 65,7% para los varones, es del 47,1% para las mujeres; como contrapartida, los varones tienen una tasa de desocupación del 6,5% y en las mujeres asciende al 7,8%. Salta a la vista la hipocresía de este sistema que ensalza el mandato de maternidad obligatoria, pero luego condena a esas madres al desempleo.

Otro aspecto que explica la feminización de la pobreza y la brecha de género en los ingresos, es que recae sobre las mujeres la carga del trabajo doméstico no remunerado en el seno de la familia, y, en consecuencia, destinan menos horas en el mercado laboral. Algo que el Estado capitalista se ocupa de naturalizar, impartiendo una ideología que inferioriza a las mujeres. El mismo Estado que, a su vez, no impulsa dispositivos para socializar el cuidado, tales como la doble jornada en la escuela pública, centros de desarrollo infantil en cada barrio, lavanderías comunitarias, hogares para adultos mayores, etc. Menos aún en momentos donde predomina el ajuste dictado por el Fondo Monetario para rescatar esa deuda usuraria.

El informe arroja que, del total de personas que realizan tareas domésticas, un 70% son mujeres y un 30% son varones. En consecuencia, la tasa de actividad (personas ocupadas o que buscan empleo) es del 70,3% para los varones y desciende al 51,1% en las mujeres. A su vez, las horas pagas semanales de lxs ocupadxs promedian las 41,1 para los varones y 32,2 en el caso de las mujeres. Asimismo, la tasa de subocupación es del 8,4% en los varones y alcanza el 14,4% en las mujeres.

Cabe destacar, que la brecha salarial de género es un instrumento del capital -pavimentado por todos los gobiernos- para presionar a la baja el salario del conjunto de lxs trabajadores. Es violencia de género económica impartida desde el Estado y las patronales, puesta al servicio de incrementar el ritmo de explotación de lxs oprimidos. Por lo tanto, enfrentarla requiere de la unidad en la lucha entre varones y mujeres de la clase obrera, contra los capitalistas, sus políticos y la burocracia sindical, que hace rato le ha dado la espalda a las reivindicaciones femeninas al interior de los lugares de trabajo.

Lo expuesto evidencia el fracaso del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que solo contribuyó a engrosar las cuentas bancarias de las funcionarias a cargo, pero no mejoró en absoluto la realidad de la inmensa mayoría de las mujeres, a quienes la falta de recursos materiales las deja inermes ante otros tipos de violencia. Una pátina de género creada para sacar a la marea verde de las calles y estatizar al movimiento de lucha, pero incapaz de dar respuesta a las problemáticas de la población femenina, puesto que emerge de un gobierno ajustador que hunde en la miseria a las femineidades. A tal punto, que es el propio oficialismo el encargado de fijar los salarios de indigencia que cobran las trabajadoras de casas particulares, gremio que abarca a un millón y medio de trabajadoras en el país.

Ahora bien, que el feminismo gubernamental haya buscado apropiarse de las demandas genuinas del movimiento de mujeres para hacer carrerismo político, es utilizado como argumento por parte de los liberfachos cada vez que quieren desacreditar a este movimiento y atacar sus conquistas, como la legalización del aborto. Incluso, hasta niegan la existencia de la brecha de género. Por eso, a estos reaccionarios antiderechos toca enfrentarlos desde las más absoluta independencia frente al gobierno peronista y kirchnerista, responsable del hundimiento descripto.

Anegación de la cual saldremos movilizadas, peleando por un salario inicial equivalente a $250 mil, aumentos indexados a la inflación, trabajo bajo convenio para todxs y dispositivos para que el Estado y las patronales absorban las tareas de cuidado. A su vez, es necesario crear un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades, con cargos electos y revocables por todas las mujeres y personas LGBTTI+ a partir de los trece años y con partidas presupuestarias independientes, en función que sean lxs y las luchadoras quienes definan las políticas de género y no sus detractorxs.

Este 8 de Marzo debemos copar la Plaza de Mayo y todas las plazas del país contra el ajuste, la violencia y el hambre al que nos someten las políticas del gobierno y el FMI.