Ricardo Argentino Bussi, hijo del genocida, fue denunciado por abuso sexual. El hecho ocurrió el 10 de marzo en su oficina de la Legislatura de Tucumán. La víctima, de 26 años, que se desempeñaba como empleada de Fuerza Republicana (FR) -partido político que encabeza Bussi- realizó la denuncia en la División de Delitos Contra las Personas e Integridad Física de la Policía de Tucumán y luego la ratificó en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual.

Previo a trascender la denuncia en los medios, Bussi realizó una fuerte campaña de desprestigio contra la víctima, acusándola de manejos ilícitos y estafa, en nombre de su organización. Es justamente por esto que la denunciante acudió al despacho del legislador con la intención de pedir se esclarezca por qué figuraba una cuenta bancaria en su nombre y fue allí que, con intenciones de amedrentarla, ocurrió el abuso.

El próximo22 de agosto vence el plazo para que la jueza penal Carolina Ballesteros solicite a la Legislatura “provida” el desafuero a Bussi, para que la Justicia pueda juzgarlo por el crimen, ya que existe un plazo de 60 días para reunir las pruebas necesarias que demuestren la implicación del abusador y que sus fueros como legislador sean erradicados. Si esto no sucede la causa puede quedar suspendida hasta que finalice su mandato. Pero esto no es todo, sino que además, en caso de desafuero los legisladores deben expresarse a través de su voto. Conocida su fuerte alianza, mantenida por años con el PJ, el temor porque el Estado perpetúe la impunidad de Bussi está a flor de piel.

Recientemente se conoció que los videos de las cámaras de la Legislatura, que fueron solicitados por la Justicia, habían sido borrados, eliminando una pieza fundamental en la investigación del caso. La gravedad del hecho muestra a las claras la complicidad del arco político por encubrir el crimen.

La denuncia contra Bussi se suma a otras más contra figuras políticas tucumanas: Ariel García (legislador de la UCR), Horacio Vermal (legislador también de Fuerza Republicana), José Orellana (intendente de Famaillá por el PJ) y José Alperovich (exgobernador y actual senador peronista en licencia). En todos los casos, la Justicia decidió actuar con lentitud, desprotegiendo a las víctimas, promoviendo el desgaste y garantizando la impunidad de los poderosos, avalando que abusadores, violadores y golpeadores permanezcan en distintos puestos de poder político.

Mientras hacen demagogia con la Ley Micaela y la Emergencia en Violencia, el Estado sigue abandonando a las víctimas, desmantelando todos los recursos públicos que existen para denunciar, contener y asesorar -por ejemplo precarizando a les trabajadores del Observatorio de Género. Aprueban leyes desfinanciadas que no garantizan refugios ni ayuda económica para las víctimas y sus hijes, perpetuando la violencia en la que se ven ahogades. Mantienen una policía criminal, asesina y garante de todos los delitos imaginables, desde el narcotráfico, las redes de trata, el encubrimiento (como con el crimen de Paulina Lebbos) y los asesinatos de Luis Espinoza, Ceferino Nadal y Facundo Ferreira.

La denuncia por abuso sexual ha sido asimismo tomada como un nuevo elemento en la disputa entre Osvaldo Jaldo (vicegobernador) y Juan Manzur (gobernador). Bussi y FR son una pieza clave en el armado del PJ en la Legislatura y un apoyo para el vicegobernador, quien les entregó la vicepresidencia de la Cámara. Un ejemplo de esta pelea se dio durante la votación de la Ley Micaela, cuando Jaldo presentó un proyecto propio que concedía a los sectores más reaccionarios distintos elementos, como la objeción de conciencia -una concesión no solo al bussismo sino también a su propio partido-, mientras que Manzur se pronunciaba por la aprobación del proyecto aprobado a nivel nacional sin modificaciones, plantándose como vocero oficial provincial del albertismo.

Debemos sacarnos de encima de una vez por todas a todas estas lacras políticas, enemigos de los derechos de las mujeres y disidencias, para erradicar la violencia de género y por la independencia política del movimiento de mujeres.