03/05/2007 | 990

La desaparición de Otoño Uriarte

La policía, el gobierno y los tratantes de blancas

El 23 de octubre desapareció la joven estudiante Otoño Uriarte, de la localidad de Fernández Oro, mientras caminaba desde el colegio hasta su hogar (en zona de chacras). Su desaparición puso en evidencia un vasto entramado de complicidades entre la Policía rionegrina y las redes de proxenetismo y prostitución que operan en la provincia, ocultadas y toleradas desde el poder político.


Apenas conocida su desaparición, desde la cúpula policial se impulsó una línea central de “investigación”: que Otoño se había ido de su casa por propia voluntad. Mientras tanto, centenares de vecinos se movilizaban en su búsqueda.


El propio jefe policial a cargo de la investigación declaró que “poseía sobrados elementos de juicio para asegurar que Otoño se había fugado de su hogar”. La propia Justicia se negó a caratular la causa como “presunción de secuestro”. Una causa por “desaparición de persona” deriva en una investigación administrativa, pero no obliga a búsqueda o investigación alguna. A Otoño no se la buscaba en ninguna parte.


En la misma línea se encolumnó el gobierno provincial. Su vocero oficioso, el periodista Daniel Ferrer, se lamentaba en su programa “de los recursos que gastaba la Policía provincial buscando a una jovencita que se escapó del hogar”.


Desde un primer momento, circuló entre los familiares y vecinos que buscaban a Otoño otra versión, que con el correr de los meses fue tomando consistencia: la de un secuestro por parte de tratantes de blancas que operarían en la región como “proveedores” de los prostíbulos que se instalan en la temporada de cosecha y en la zona petrolera. Estos, que sacan licencia comercial como “cabarets”, son aceptados por los municipios locales (también cómplices) y amparados por las mafias policiales, que les venden “protección”.


Desde el gobierno jamás se acercaron a la familia, salvo en forma protocolar. Tampoco lo hizo la oposición parlamentaria. Las acusaciones cruzadas entre Saíz y Pichetto sobre “ocultamiento de datos” no son más que un burdo intento de utilización electoral del caso, procurando despegarse de las responsabilidades que les caben a ambos. Ningún pedido de investigación se desarrolló en el ámbito legislativo, aun luego de hacerse públicas las “escuchas telefónicas” entre la Policía y proxenetas de Valle Medio anticipándoles los allanamientos a prostíbulos de esa zona.


Fue la insistencia de la familia de Otoño y del grupo más estrecho de amigos y allegados, que nunca bajaron los brazos, lo que llevó la investigación adelante. El hallazgo de su teléfono celular, quemado ex profeso, realizado por el padre de Otoño, fue la prueba que obligó a la Justicia a cambiar la carátula. El viaje de familiares a distintas localidades, donde niñas de la misma edad de Otoño son obligadas a prostituirse, sacó a la luz este drama social y permitió que varias jovencitas fueran rescatadas de un virtual secuestro. Los responsables de los prostíbulos, bien, gracias. Entraron por una puerta, declararon y salieron por otra.


El hallazgo, la pasada semana, de un cuerpo en un canal de riego, que se presume puede ser el de Otoño, hizo estallar la bronca popular.


El cadáver de una mujer joven, vestida con ropas similares a las que usaba Otoño al desaparecer, tenía atado un objeto pesado para evitar que emergiese a la superficie. El vaciamiento de los canales para su limpieza, que se hace anualmente una vez terminada la temporada de riego, posibilitó el hallazgo.


Pese a encontrarse relativamente cerca del lugar de la desaparición de Otoño, la búsqueda policial no se extendió nunca hasta el canal.


En la población se habla abiertamente de “zonas liberadas” pactadas entre la Policía y los proxenetas.


El conjunto de los partidos patronales guarda un silencio total. Depurar a la Policía de los elementos “ineptos” salvaguardando a la institución es la bandera de Saíz y Pichetto.


La nuestra es el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del secuestro y asesinato de Otoño, y el desmantelamiento total de los aparatos represivos, verdaderos pozos de podredumbre, y su reemplazo por una milicia ciudadana, elegida por los vecinos.

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