Hace algunos días, luego de que la interrupción voluntaria del embarazo se convirtiera en ley, se conocieron publicaciones en las redes sociales del sacerdote sanjuanino Rodrigo Robles, cuyo contenido daba cuenta de una enorme aversión hacia el colectivo femenino. “Quien siembra la muerte, engendra y cosecha muerte, no se quejen de los femicidios, la naturaleza es sabia, felicidades a los que apoyan la muerte de inocentes”, escribió sin tapujos, haciendo referencia a la legalización del aborto.

El mensaje fue replicado por el cura de La Rioja, Nicolás Vilches, y contó con el silencio cómplice de toda la jerarquía eclesiástica. La Conferencia Episcopal, que no demoró en pronosticar una “mayor división entre los argentinos” a partir de la votación en el Senado, habilita sin miramientos todo tipo de agravios por parte su propia curia hacia la marea verde.

Como vemos, la misoginia no deriva de un exabrupto puntual proveniente de algún miembro particular de la iglesia, sino que forma parte constitutiva de las instituciones religiosas, quienes la promueven en todos los ámbitos en pos de perpetuar un papel subordinado reservado para las mujeres, y de esta forma, colaborar en sostener uno de los pilares sobre los que se apoya la explotación hacia las mayorías.

La justificación lisa y llana de los femicidios tampoco suscitó repudio alguno por parte de ningún funcionario gubernamental. El gobernador provincial, Uñac, es un antiderechos de larga data; y por su parte, el “primer feminista” Alberto Fernández, se postra permanentemente frente al clero, ya que necesita de sus servicios para garantizar la “paz social” en el medio del ataque profundo hacia los sectores populares que viene protagonizando.

El Estado, responsable de que en el 2020 se hayan perpetrado 298 femicidios – a razón de uno cada 29 horas- es también el que solventa con fondos públicos a estas “usinas de la reacción”. En San Juan, los subsidios estatales a la Iglesia Católica abarcan el sueldo del Obispo y de 32 seminaristas, el sostenimiento de 18 parroquias de frontera, 39 colegios confesionales, y 150 instituciones laicales ligadas a la iglesia, entre las que se encuentran comedores populares, Hogares de Belén, Cáritas, etc. (Diario de Cuyo 19/12).

Está a la vista cómo la militancia del aborto clandestino por parte de las iglesias no responde de ninguna manera a la defensa de la vida, sino a la pretensión de conservar un valioso instrumento de tutelaje hacia los cuerpos de las mujeres y las personas gestantes, que a su turno, cumplía la función de promover relaciones desiguales entre los géneros en el conjunto de la sociedad.

En el fondo, lo que prima es un desprecio profundo hacia las vidas de la población femenina, las cuales solo tienen valor para el clero en tanto y en cuanto se limiten a su función reproductiva. Sin ir más lejos, son los curas de las barriadas más empobrecidas los que alientan que las mujeres toleren vínculos de sometimiento al interior del hogar, con la finalidad de defender a cualquier costo la institución familiar.

El triunfo de la marea verde tiene la virtud de haberle asestado un golpe a esta maquinaria de subyugación de las mujeres. Las publicaciones repudiables mencionadas anteriormente, así como también, las declaraciones ambiguas del Papa Francisco tras la aprobación del proyecto IVE en el país del cual es oriundo, son expresiones del golpe recibido y de una iglesia cada vez más cuestionada por amplias capas de la población. La crisis eclesiástica llegó a un punto tal, que el Sumo Pontífice optó por no presidir la misa de fin de año, luego de haber sido fuertemente cuestionado por el ala más derechista del Vaticano, a raíz de la votación que tuvo lugar en Argentina.

Valgámonos del alcance de la movilización del movimiento de mujeres y diversidades para avanzar en la separación de las iglesias del Estado. Este planteo constituye una palanca fundamental en la lucha del conjunto de los explotados contra el ajuste fondomonetarista en curso.