El Superior Tribunal de Justicia –algo así como la Corte Suprema porteña– acaba de restaurar el protocolo de aborto no punible que en diciembre de 2012 decidió a su sola firma el entonces ministro de Salud de Mauricio Macri, Jorge Lemus. En lo sucesivo, para que se efectúe un aborto no penalizado en una Ciudad donde un millón de manifestantes reclamó la legalización del aborto lisa y llana, las gestantes deberán cumplir requisitos que no figuran ni en el Código Penal ni en el Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que no hace otra cosa más que confirmar lo que rige en el Código desde 1921). A saber:

• Los abortos no punibles en caso de violación deberán realizarse dentro de las 12 semanas. Ni el Código Penal ni el fallo FAL fijan plazos.
• En los hospitales públicos un equipo interdisciplinario deberá probar que la salud o la vida de la madre corre grave peligro, con la firma del director del hospital. El art. 86 del Código y el Fallo FAL dicen que la decisión del aborto no punible es cuestión de la embarazada y su médico.
• Finalmente, las adolescentes mayores de 14 años deberán contar con la autorización de los padres para interrumpir su embarazo.

Es un pérfido ataque a los derechos de mujeres y gestantes, y especialmente de las más humildes. Muchas, después del shock de una violación, tardan más de 12 semanas en animarse a pedir ayuda. En los devastados hospitales porteños armar un “equipo interdisciplinario” es una fantasía. Exigir autorización de los padres en el caso de las adolescentes es una burla en el país con mayor tasa de embarazo adolescente de América latina y el Caribe (Clarín, 17/10).

El fallo FAL dictaminó que esas exigencias son anticonstitucionales y ratificó que no es pertinente que la Justicia se expida ante cada aborto. Sin embargo, el STJ las restauró arguyendo que su sentencia no es de fondo sino de forma, y que quien no esté de acuerdo siempre puede apelar a la Justicia. Promueven la vía judicial porque es una estrategia clerical dilatoria muy efectiva para demorar o impedir los abortos no punibles.

El protocolo de Lemus, el más restrictivo del país, le costó el puesto en 2012 a su autor. Por tres votos a uno, con un argumento técnico, el STJ porteño ahora impugna el fallo de Cámara que lo calificó como anticonstitucional y lo restablece. Se coloca por encima del Código Penal y de pactos internacionales que reconocen el derecho a los abortos no punibles.

Todos los poderes del Estado se inclinan ante las Iglesias Católica y evangélicas en sus ataques contra las mujeres. La señal de largada la dio en julio el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ofreció la Ciudad de Buenos Aires al Sagrado Corazón de Jesús y el de su madre, la Virgen María, en el Tedeum. Días después, ecuménico, aceptó ser exorcizado por un grupo de pastores evangélicos. No está solo: la burocracia sindical presta la sede de la CGT para presentar un libro de los defensores del aborto clandestino. Los Moyano, los kirchneristas o el tridente piquetero peregrinan de San Cayetano a Luján.

Son los que responsables de la avanzada clerical: la semana pasada, militantes católicas y evangélicas, acompañadas por un abogado vinculado al clero y el Ejército, Marcelo Breide Obeid, y el periodista Mariano Obarrio, del diario La Nación, montaron un piquete e ingresaron disfrazados de trabajadores de la salud al Hospital Rivadavia para intentar impedir la práctica de un aborto no punible. El gobierno y la Justicia miraron para otro lado.

Los derechos de las mujeres son un botín anhelado de los clericales. Hay que ganar las calles para defendernos.

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