En estos 26 años, sólo quienes lograron costearlos pudieron acceder a los tratamientos -lo que los transformó en un fabuloso negocio para los que lucran con la salud-, mientras que muchos otros perdieron ya su oportunidad de ser padres. En los últimos años se multiplicaron los amparos ante la Justicia para lograr que las obras sociales cubrieran estos tratamientos.

El año pasado, por primera vez en estos 26 años, llegaron al recinto de Diputados dos dictámenes (uno de mayoría y otro de primera minoría); proyectos que además de establecer el otorgamiento de la cobertura de las técnicas de fertilización asistida, las regulaban -lo que confería seguridad jurídica tanto a los destinatarios de las técnicas como a los médicos y a los científicos que las practican.

En noviembre de 2011, el dictamen de mayoría sólo fue votado en general y al no tratarse en particular perdió estado parlamentario.

En 2012 todo recomenzó de cero

El lobby capitalista de la salud, que pretende no ser desalojado de un negocio que ha monopolizado ante la ausencia de cobertura estatal o de las obras sociales, ha empantanado una solución legislativa a la cuestión. Estos sectores están accionando para retrasar la sanción de una ley de fertilización asistida. O para que, en caso de que llegara a sancionarse, por un lado la norma tenga alcances restringidos y, por el otro, sea integrada a una política de tercerización de los tratamientos y, en este marco, el Estado o las obras sociales remuneren lo que, hasta el momento, es costeado por las parejas enfermas más pudientes.

En las recientes discusiones parlamentarias, el nuevo proyecto consensuado sólo da tratamiento al tema de la cobertura, pero deja de lado cuestiones de fondo como el manejo de los gametos y embriones. Según los diputados que intervinieron en el debate, éstas serán legisladas en la reforma del nuevo Código Civil y Comercial. Que se dejen de lado estas cuestiones revela que se trata de un proyecto claramente armado a medida del lobby clerical y anticipa la fuerte presión que realizará cuando se debata la reforma del mencionado código.

Por otra parte, si bien el proyecto establece que las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y el sistema de salud pública deberán incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura de los tratamientos, deja librado a que el Ministerio de Salud de la Nación sea el encargado de establecer "cuáles técnicas y procedimientos serán habilitados".

En todos estos años han surgido diversas organizaciones reclamando una legislación. "Sumate a dar Vida" ha alcanzado mayor protagonismo a partir de la realización de diversas convocatorias, como las marchas de "los cochecitos vacíos". Esta agrupación ha establecido frente al debate legislativo una plataforma de reclamos que contempla (entre otros) que:

1. Se reconozca la infertilidad como una enfermedad.

2. Se incluya la infertilidad en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

3. Se obligue al sistema de salud público, a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a cubrir todos los costos en todos aquellos casos en que la aplicación de las técnicas de Reproducción Humana Asistida sea requerida (los estudios necesarios de diagnóstico de la infertilidad; tratamiento y otros estudios requeridos; los procedimientos terapéuticos de Reproducción Humana Asistida de baja y alta complejidad, incluyendo aquellos que requieran donación de gametos; la medicación correspondiente en todos los casos; la criopreservación o vitrificación de los pre-embriones.

4. Que sean los médicos, en acuerdo con las parejas pacientes, quienes determinen el mejor procedimiento y tratamientos para dar las soluciones requeridas.