El  Senado, con el voto de la UCR en bloque (angelocistas y mestristas) y de cuatro representantes del PJ, aprobó la ley del clero sobre planificación familiar. El trámite fue una conspiración grotesca que viola hasta la propia Constitución provincial. Mestre vetó la ley original en el punto duramente objetado por el clero: “los métodos contra la concepción serán proporcionados gratuitamente por los servicios públicos de salud”. El Senado promulgó los artículos no vetados por Mestre y para “tratar de ocultar en lo formal la aceptación del veto…(incorporó) un artículo aclarando que el Senado no se ha pronunciado por el veto del Ejecutivo” (La Voz, 5/7).

El rechazo al suministro gratuito de métodos contra la concepción es un ataque en regla a la mujer y a la familia trabajadora, que no pueden acceder al pago de un tratamiento o de un anticonceptivo. “Según estudios realizados por la Universidad Nacional de Córdoba, en los barrios carenciados el promedio de hijos por familia alcanza los ocho, mientras que en el Cerro de las Rosas (barrio pudiente por excelencia en la ciudad) no llega a dos” (La Voz, ídem).

El proyecto original se planteó en oposición a la llamada ley Rezzónico, de la dictadura militar, que prohibía la prescripción de métodos anticonceptivos en los hospitales públicos, y como respuesta frente a la crisis social. En el Hospital Rawson de Córdoba, la cantidad de mujeres atendidas por infecciones producidas por abortos aumentó en un 90% entre 1984 y 1994, y en forma espectacular en los últimos dos años. Más del 80 % de esos casos correspondió a mujeres carenciadas que quedaron embarazadas por desconocimiento de métodos anticonceptivos o por la imposibilidad económica de acceder a ellos (La Voz, 9/4). Esta situación se repite en cada hospital provincial.

El clero ya había obtenido, antes del veto de Mestre, que la ley obligue a los médicos a prescribir sólo “aquellos métodos anticonceptivos que carezcan de efectos abortivos y que no impliquen esterilización permanente”, prohibiendo el DIU (dispositivo intrauterino), que la iglesia impugna por su carácter abortivo (cuestión no demostrada científicamente). El DIU es el método más seguro (90%), más barato y con efectos secundarios menores a cualquier anticonceptivo hormonal, y controlable si existen controles periódicos.

Final: la mujer trabajadora o desempleada seguirá exponiendo su vida con cada aborto no querido, pero cada mujer pudiente o rica podrá seguir contando, previo pago, con un aborto en condiciones y métodos anticonceptivos apropiados.

Esta ley, vaciada hasta la caricatura por el clero, antes de la metida de mano final de Mestre,  tuvo el apoyo de la UCR, el PJ y el FREPASO,  es decir, de toda la  Legislatura. 

La iglesia convirtió su oposición al proyecto en una verdadera campaña de reacción política y en una prueba de fuerza. Denunció que el proyecto “facilita la sexualidad extra matrimonial siempre irresponsable, atacando frontalmente a la institución familiar”(La Voz, 21/4) y dedicó el penúltimo fin de semana de abril a una “jornada de agitación”, desde los púlpitos de todas las iglesias y parroquias de la provincia, contra la “planificación familiar”.

La iglesia volvió a proclamar, “en defensa de la institución familiar”, la barbarie para la “institución familiar” de los explotados, la mujer en primer lugar. 

La sanción de la ley de “planificación familiar” es, a la vez, una lección sobre la democracia capitalista. Solemnemente, “se derogan los artículos de la ley de la dictadura que prohíben la prescripción de cualquier método anticonceptivo no natural”, y al mismo tiempo, se prohíbe su suministro gratuito. Sólo quien sea parte del “mercado” podrá “planificar” su familia.