A casi 100 de días de cuarentena, con suspensión de clases en todo el país, con una avanzada laboral de magnitud contra las trabajadoras y los trabajadores, el Ministerio de Trabajo y el de Mujeres, Géneros y Diversidad acaban de tomar una resolución conjunta (que aún no salió publicada en el boletín oficial) sobre las licencias de cuidado.

La resolución, que llega de forma tardía, avivará la lucha en los gremios. Mientras que la pandemia ha obligado a miles de trabajadores a realizar sus labores desde sus casas, la denominada regulación del teletrabajo, que avanza en el Congreso Nacional (ayer obtuvo media sanción en Diputados), ha dejado expuesta una notable flexibilización laboral. Los voceros de la UIA, Pymes, cámaras de comercio, presionan para que no exista ni siquiera un piso mínimo de derechos, para avanzar en un desconocimiento completo de los convenios colectivos de trabajo.

Mientras el propio gobierno nacional avanza con el pago en cuotas del aguinaldo, que viola expresamente la Ley de Contrato de Trabajo y prorroga el pago con rebajas salariales pactado con la CGT, la organización del movimiento obrero de forma independiente del gobierno y las burocracias sindicales es fundamental para enfrentar esta ofensiva anti-laboral.

Las tareas de cuidado, un reclamo que debemos arrancar al Estado

La nueva norma no surgió de los reclamos y reuniones paritarias con los sindicatos, que ya venían reclamando ampliar lo establecido en la resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo del mes de marzo. Tampoco es para actividades como la docencia, que deberán tomar esta referencia para pelear en sus propios trabajos.

La base de los seis artículos nuevos (resolución 3/2020-APN-MT del 24 de junio), especifica en su artículo 1 una restricción para solicitar licencia para no cumplir tareas remotas o presenciales para trabajadoras y trabajadores que tengan niños/as hasta 6 años. Y en el artículo 2 para adecuar horarios para los que tengan a cargo niños/as de hasta 12 años. Tal licencia sería para un solo progenitor.

Se trata de una restricción, ya que especificar estas franjas etarias justamente limita, al tiempo que deja afuera al resto de niñxs, y no considera adultos mayores a cargo y personas consideradas de riesgo, muchas veces a cargo de trabajadoras.

Vale aclarar que en este contexto las patronales van a obligar, mediante la extorsión de rebajar el salario, a que no se tomen las licencias ninguno de los progenitores, y en la resolución no figura penalidad alguna para la patronal y/o gobierno que obstruya el pedido de licencia.

La redistribución de tareas, artículo 4, “alienta” explícitamente a velar para que los varones tomen a su cargo tareas de cuidado. Claro que queremos que eso ocurra, pero ese “aliento”, por parte del Estado que no garantiza jardines, escuelas infantiles y salas maternales en los lugares de trabajo y estudio, resulta un acto de hipocresía. Y una nueva confesión de que no piensa destinar recursos para socializar las tareas de cuidado, y que el único norte que tiene es el de cubrir esa necesidad creciente con la precarización de, principalmente, mujeres. Pagando al FMI y desistiendo de tocar las grandes fortunas, no tienen margen para planificar la socialización adecuada, de las tareas de cuidado tanto de niñes como de adultxs.

Los reclamos de las trabajadoras

Las demandas de las trabajadoras -por ejemplo en los gremios docentes, cuya composición es 80% femenina- son cotidianas. Mientras desarrollan sus actividades de forma remota tienen a cargo varios niñxs que también deben realizar sus actividades escolares, en espacios reducidos, incrementando el agobio laboral de una jornada desdibujada y con tareas de cuidado de otras personas, como adultos mayores hoy en el grupo de riesgo por el Covid-19.

Este intento de avanzar en las licencias de cuidado recoge por un lado una presión explosiva en los lugares de trabajo y, como ya dijimos, el propio debate que se está llevando de forma exprés en el Congreso Nacional. El proyecto votado ayer en Diputados, sobre la base del dictamen del Frente de Todos, en su artículo 6, referido a cuidados, solo indica readecuación de la jornada de trabajo, horarios e interrupción de dicha jornada, sin referir a licencias pagas y a garantías de lugares de cuidado. En contraposición a ello, el proyecto que había presentado el Frente de Izquierda plantea las licencias pagas y la garantía para trabajadoras de jardines del Estado o el pago equivalente para atender las tareas de cuidado, a cargo exclusivamente de las patronales.

Las trabajadoras debemos extender nuestro reclamo a todos los gremios.

En lo referido al teletrabajo, que sean voluntarias las tareas asumidas de forma remota; no pueden partir de una imposición, cuando en estas circunstancias cambian las condiciones laborales. A su vez, los recursos para sostener ese trabajo -computadoras, conectividad, silla especial, alquiler de espacio físico, entre otros- deben correr por cuenta de las patronales. De no ser así, se impone el reclamo de un plus salarial para solventar dichos gastos.

Es menester que se amplíen y reconozcan todas las licencias establecidas en los convenios colectivos de trabajo, y que se constituyan mesas mixtas con sindicatos -por medio de delegados votados en asamblea- para establecer modalidades de trabajo.

Mientras dure la pandemia, las licencias extraordinarias para justificar ausencia de lugar de trabajo no pueden ser con rebaja salarial, sino con percepción integra de haberes.

Las licencias para no realizar tareas mientras se esté a cargo de niñxs debe ser extendida al menos hasta los 12 años; que se cubran con suplencias pagas las licencias otorgadas; y haya un uso voluntario de plataformas para el desarrollo de tareas como la educativa.

Sobre la base de estos reclamos, hagamos una campaña en todos los lugares de trabajo para arrancar estas licencias y derechos elementales. Liguemos estas demandas inmediatas a una salida de los trabajadores. Frente al agravamiento de la crisis, hay que dejar de pagar la deuda externa y avanzar en un impuesto progresivo a las grandes fortunas, para destinar un fondo de emergencia que atienda las urgencias de la pandemia. Que la crisis la paguen los capitalistas.