La Municipalidad de La Matanza anunció la creación de una Subsecretaría de Culto municipal. Su conformación es un acuerdo al que arribaron la intendencia de la peronista Verónica Magario con Aciera -la Alianza de Iglesias Evangélicas más derechistas del país, que engloba a más de mil Iglesias evangélicas en el distrito, además de varios colegios y ONGs que tercerizan la atención a las adicciones- y la Junta de Consejos Pastorales de La Matanza.

Al frente de la Subsecretaría designaron al pastor evangélico Gabriel Ciulla, quien declaró que la tarea principal de su cartera será coordinar el gran trabajo que hacen el Municipio y las iglesias (Diario El 1 Digital, 27/5). “Hemos tomado la decisión de crear la Subsecretaría de Culto, porque resultaba indispensable crear un espacio donde todos los credos puedan organizar su tarea junto al Estado municipal. Esta es una etapa para construir juntos, para trabajar con la gente, tejiendo y armando esa gran red social que necesitamos”, agregó la jefa comunal (ídem).

El municipio desenvuelve una política de tercerización de la asistencia social en estas iglesias, que cuentan así con fuertes herramientas para su tarea de contención social y de disciplinamiento y tutelaje político de los sectores más afectados por los ataques contra el nivel de vida del pueblo trabajador. La creación de esta Subsecretaría para incluirlas en el gobierno local es el resultado de todo un recorrido, en el cual Magario declaró al 31 de octubre como día de reconocimiento del Culto Evangélico, participó de actos de la Junta de Consejos Pastorales y convocó una mesa de diálogo con las seccionales matanceras de la CTA, la CGT y Barrios de Pie.

De todos modos, la intendenta del PJ-kirchnerismo no hace más que replicar una política del gobierno de Macri y Vidal. El año pasado, el propio presidente y la gobernadora, junto la ministra de Desarrollo Social de Nación, Carolina Stanley,  recibieron en la Casa Rosada a los referentes de Aciera, para delegarles el reparto de bolsones de comida en los barrios. Esta labor de contención social fue asumida por las iglesias, pero no sin antes poner como condición el bloqueo a los proyectos del Frente de Izquierda de modificación de la Ley de Educación Sexual Integral, que buscan garantizar su implementación.

La separación efectiva de las iglesias del Estado implica una lucha política contra los partidos del régimen, que refuerzan la injerencia de éstas cuanto mayores son los ataques a los trabajadores.