El Ministerio de Salud de Entre Ríos otorgó la matrícula Nº 12.642 para desempeñarse como profesional de la salud en la Provincia al médico tocoginecólogo Leandro Javier Rodríguez Lastra con vigencia desde el 1° de septiembre de 2020 y hasta el año 2025. Había sido condenado en 2019 a un año y dos meses de prisión en suspenso y a dos años y 4 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El pasado 4 de octubre de 2019, Rodríguez Lastra fue penado por la Justicia de Río Negro al haber sido hallado culpable por impedir la práctica de un aborto legal en curso y obligar a gestar y parir a una joven de 19 años víctima de violación. El médico, en lugar de proceder según la voluntad expresada por la paciente y realizar el aborto, solicitó informes psiquiátricos y otros estudios como forma de obstaculizar la práctica. Le suministraron medicamentos para que el embarazo continuara y la tuvieron internada casi tres meses, dilatando la ILE para forzar el desarrollo del feto. Finalmente, la sometieron a parir en una cesárea involuntaria. La joven sufrió un fuerte daño psicológico con graves consecuencias.

Estado cómplice y responsable

Este hecho no puede pasar desapercibido. En nuestra provincia, en octubre de 2019, se adhirió al nuevo protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que estipula que las personas gestantes que quieran acceder a la interrupción del proceso sólo deberán pedirlo, no pudiendo pasar entre la solicitud y la realización de la práctica más de 10 días. Se aclara que la decisión de quien solicita la práctica médica “es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas”.

Cabe preguntarnos entonces ¿por qué se habilita a ejercer a una persona que ha sido condenada por ir contra los derechos de una mujer? ¿Qué sucederá con las mujeres de Gualeguaychú y alrededores, si caen en manos de este señor? Es claro que el gobierno provincial borra con el codo lo que escribe con la mano. Mientras, por un lado, plantean la necesidad de “normalizar instrumentos que garanticen el derecho a la salud de las mujeres que eviten que se pongan en riesgo numerosos derechos humanos como la igualdad, la autodeterminación, la privacidad, el principio de legalidad y la no discriminación con el objeto de brindar atención integral y oportuna en el marco de la confidencialidad y el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, como parte fundamental de los derechos humanos” (Resolución Nº 2.883); por otro, habilita a un médico antiderechos, condenado por impedir la práctica de un aborto no punible en el sur del país y referente a nivel nacional del movimiento “Salvemos las 2 Vidas”.

Que se vote el proyecto de la Campaña

Este caso pone de relieve el modus operandi de los sectores reaccionarios frente a la aplicación de los protocolos ILE, pero también la peligrosidad de la “objeción de conciencia” (incluida en el proyecto de Fernández) como factor para impedir el cumplimiento del derecho al aborto no punible en el marco de las causales y del fallo FAL.

Para evitar estas maniobras es urgente la aprobación del proyecto de aborto legal seguro y gratuito de la Campaña.

¡Rechazamos la reincorporación de Rodriguez Lastra por violentar el derecho de una mujer e impedir su acceso a la salud! ¡Que se lo revoque de su cargo inmediatamente! ¡Este 25N, en Entre Ríos y en todo el país, ganemos las calles en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres!