En los últimos días el presidente Alberto Fernández planteó que no se tratará el proyecto del aborto legal, seguro y gratuito durante el 2020 debido a la pandemia y con el fin de no recargar aún más el sistema sanitario.

Las trabajadoras del sistema de salud hemos vivido en carne propia la recarga del sistema sanitario, inclusive por fuera del Covid-19: la expulsión de los trabajadores del sistema público de salud debido a las suspensiones y despidos y con ello a las bajas de las obras sociales aumenta cada día.

La excusa de la pandemia no ha llevado a los gobiernos a mejorar el sistema sanitario de manera sustancial; siempre estuvo colapsado, aunque hoy está a la vista de todos. Solo se han reciclado camas de ciertos servicios. Queda demostrado que se ha pateado para adelante el pico de la curva y sin embargo las camas no fueron suficientes.

Por último, pero no menos importante: la realidad es que el aborto legal, seguro y gratuito mantendrá más camas vacías debido a que habría menos complicaciones con abortos mal realizados, desangramiento, mutilación e inclusive muertes. Los últimos y pocos datos que figuran son del 2018, cuando eran aproximadamente 50.000 mujeres por año las internadas por abortos mal realizados en todo el país solo en el sistema público (Clarín,15/3). Se estima que son 70.000 sumando las del sector privado. El seguimiento médico evitará mayores complicaciones.

Consideramos que otra manera de no recargar el sistema sanitario es garantizar que las clínicas privadas otorguen los servicios correspondientes a los afiliados a obras sociales y prepagas sin poner el eje en la objeción de conciencia institucional, que sólo le garantiza los negociados a la Iglesia y nos sigue oprimiendo a las mujeres. Muestra de esto es lo que sucede con la reglamentación de la ILE en CABA, con Larreta a la cabeza, quien hace pocos días colocó la objeción de conciencia institucional como término para que no se practique la interrupción en clínicas privadas dependientes del clero. Sí se le otorga esa posibilidad a las Iglesias, se obliga al sistema público de salud a tener que hacerse cargo financieramente de una práctica que debería poder realizarse en cualquier hospital o clínica.

Plantear que el sistema de salud está comprometido únicamente durante la pandemia es una manera de negar que hemos llegado a un total vaciamiento que no se revertirá en un par de meses y del que no es responsable el aborto legal.

El vaciamiento ha llegado a la salud gracias a políticas que dejan a la clase obrera totalmente desprotegida, como lo hacen hoy con el aborto, llevándonos a una desatención general y una falta de salud de la que sólo es responsable el Estado.

Este tema se une directamente con la necesidad de centralizar el sistema de salud. Entendemos que la salud pública está vaciada y en muchos lugares las mujeres solo tienen acceso a clínicas privadas las que, con el criterio de cuidarle el negocio por parte del Gobierno Nacional, no practican los abortos legales y seguros. Es necesario que todes tengamos las mismas posibilidades y derechos de acceso a la salud.

Mientras la carestía, el ajuste, la desocupación golpean a los trabajadores, se siguen defendiendo los intereses de las patronales obligándonos a pagar deudas, de las cuales no vimos un peso, con el sudor de nuestra frente. Lo mismo sucede con el aborto: nos obligan a morir mientras se defienden los intereses de las Iglesias.

Por todos estos motivos, las trabajadoras de la salud impulsaremos desde Tribuna de Salud, Tribuna Estatal y Tribuna Municipal una campaña de pronunciamientos y fotos desde los efectores de salud con el fin de que se visibilice nuestro planteo: la necesidad del aborto legal, seguro y gratuito no es una saturación de trabajo para nosotras. Es salvar vidas de mujeres y garantizar sus decisiones así como poner en pie un sistema de salud que deje de colocarnos bajo el yugo clerical y juzgue las intervenciones médicas que necesitamos.