El debate en Diputados sobre la legalización del aborto viene con puñalada trapera: la objeción de conciencia. Si la ley se aprueba con esa inclusión, pocos profesionales de la salud pública, más allá de sus convicciones, podrán interrumpir embarazos por legal que esto sea.

Desde la primera jornada en el Congreso los oradores “pro vida” reclamaron que los médicos –y todos los trabajadores implicados en la interrupción de un embarazo – puedan negarse a cumplir con su trabajo. Aunque se declara partidario del aborto legal, el diputado que dirige los debates, Daniel Lipovetzky (PRO), presentó un proyecto que también la incluye. 

[Foto: a la izquierda, el operador clerical Alberto Bochatey]

La objeción de conciencia se vende como respeto a las convicciones morales del trabajador por parte de dinosaurios que jamás preguntaron qué opinamos. Es exactamente lo contrario, ese “respeto” convierte a los trabajadores de la salud en rehenes de la patronal. Gracias a la fragilidad del empleo precario, la objeción es la llave para que las direcciones hospitalarias y de los servicios de ginecología y obstetricia –muchos controlados por el clero- los obliguen a negarse a hacer abortos so pena de no renovarles el contrato. Solo eso explica, por ejemplo, que en Caleta Olivia y Río Gallegos todos los ginecólogos sean objetores de conciencia, motivo por el cual es imposible acceder incluso al aborto no punible. Y hay gente que confunde esto con “el poder patriarcal de los médicos”.

Los efectos de la objeción de conciencia son archiconocidos. En Italia, España, Portugal, Irlanda, Polonia, países donde el aborto es legal hace años, no hay quién los haga en la salud pública porque los pioneros sufrieron escraches en el trabajo, en la casa y hasta juicios por asesinato. Solo se practican en clínicas privadas a cargo de la gestante o del Estado, según el país. Esto mantiene intacto el lucro de las clínicas privadas sin que ningún cura convoque a escrache y ningún consorcio de abogados católicos amenace la matrícula profesional interviniente.

El nexo entre la objeción de conciencia y los comités de bioética es invento clerical relativamente reciente. Nació en los años 70 junto con los grupos “pro vida” cuando se legalizó el aborto en Estados Unidos. En la Argentina la objeción apareció en 2001, con la Ley de Derechos Reproductivos. El Consorcio de Médicos Católicos y la Asociación de Abogados Católicos exigieron que su reglamentación “incluyera explícitamente el derecho a la objeción de conciencia”. Más claro: que los médicos no fueran obligados a informar a las pacientes ni a recetarles métodos anticonceptivos “no naturales”. La Corte les falló en contra.

Los comités de bioética de los hospitales públicos fueron creados en su mayoría por el obispo Alberto Bochatey, un hombre entrenado en el Vaticano que formó cientos de profesionales con una pata en los hospitales públicos de todo el país y otra en la UCA o la Austral. Una revisión de los comités de bioética muestra a sacerdotes, laicos o al mismo Bochatey como integrante de varios comités. Su obra evangelizadora contra las mujeres pobres que intentan abortar se extendió a varios países de América latina. El obispo fue designado por el papa como obispo- comisario en el caso Próvolo y las víctimas lo acusan de “encubrimiento y obstrucción de la causa”.

La legalización del aborto sin causales volvería inútiles los comités de bioética. Por eso la Curia y sus voceros exigen la objeción de conciencia no solo para los individuos sino para las instituciones. Luego negociarán que “solo” lo sean los individuos.

Todos los niveles del clero, desde los más ultramontanos hasta los simpáticos curitas villeros han cerrado filas contra las mujeres y el aborto legal.

Nosotras debemos seguir su ejemplo cerrando filas con los trabajadores de la salud dispuesto a trabajar normalmente.

Ninguna “objeción de conciencia” que convierta la ley en una farsa y a las mujeres y los trabajadores de la salud en rehenes.

Estabilidad en el cargo al personal de los servicios que interrumpan embarazos.

Ninguna injerencia del clero en la salud, la educación y la justicia.