Las audiencias informativas en el proceso de debate por la legalización del aborto ha desnudado en más de una oportunidad la cantidad de casos de niñas que, aún cuando la ley avala una interrupción legal del embarazo, son obligadas a gestar y a parir por parte del Estado. Niñas que entre los 10 y los 14 años, una franja etaria que aún no es plenamente la adolescencia, y que motivó la consigna y la lucha denodada por #NiñasNoMadres.

La doctora Cecilia Ousset intervino en el Senado , quien leyó la carta que Lucía, la niña tucumana que en 2019 solicitaba la ILE producto de una violación intrafamiliar, envió a los senadores en medio de este debate: “doctora, decile a los senadores que ninguna menor de edad tiene que pasar por lo que yo pasé. A mi a veces me dicen que tuve una hija que está viva y que la tiene el médico que me visitaba todos los días. Otros me dicen asesina porque dicen que mi provincia es provida. Deciles que cuando dicen que el aborto no es legal, los médicos se confunden y creen que ningún aborto es legal y se enojan con nosotros aunque seamos menores. Deciles que tienen que obligar a los médicos a ayudarnos y que no tienen que tardar ni un solo día. Bah, ¡qué día! ¡ni un solo segundo!”.

El caso de Lucía

En enero de 2019 se conocía el pedido de Interrupción Legal del Embarazo de Lucía, una niña que ingresó con su mamá al hospital público de Tucumán exigiendo “quiero que me saquen esto que me puso el viejo adentro”. En esa breve exclamación y a sus cortos 11 años, Lucía hacía saber su intención de que se garantice la práctica y denunciaba el abuso sexual sufrido por la pareja de su abuela.

La nena cursaba 21 semanas de embarazo pero el gobierno tucumano demoró 4 semanas en dar curso al cumplimiento de un derecho y lo hizo solo cuando recibió un oficio judicial. Hubo que presentar amicus curiae para que realizaran el aborto. Dado el tiempo transcurrido los médicos decidieron realizarle una cesárea. Es decir, la obligaron a parir otra niña que luego de 10 días falleció. Mientras se llevaba a cabo la intervención, en las afueras del hospital Eva Perón de esa provincia (y violando la privacidad de la niña) los sectores antiderechos, con carteles de “salvemos las dos vidas” o con el nombre “Faustina” (nombre de la beba fallecida) se agolpaban para protestar contra la ILE.

El arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, había instado horas antes a los fieles a custodiar la vida de la niña (cuyo nombre real reveló, en violación de la ley) y “del bebé por nacer”. Cuando murió, los médicos (matrimonio de tocoginecólogos Gijena- Ousset) que la operaron fueron denunciados por homicidio (El país).

La tortura y el disciplinamiento en nombre de la vida

Cabe aclarar que la la provincia de Tucumán, declarada “provida” (votado por 39 de 43 legisladores), tiene un historial larguísimo de situaciones dónde no se cumple la ILE o dónde se encarcela a mujeres que han atravesado un aborto como es el caso de Belén (2014) quien estuvo presa y fue liberada por la intervención del movimiento de mujeres y diversidades de manera federal.

El caso de Lucía es una muestra de los lazos profundos que los estados tienen con las iglesias. Particularmente notorio en el norte pero que se puede registrar en todas y cada una de las provincias de nuestro país. No solo porque intervienen con su influencia, también son premiados con subsidios y organismos estatales como lo muestra el municipio de La Matanza, entre otros.

En Tucumán solo dos hospitales públicos realizan la ILE pero la mayoría de sus médicos rechazan realizar la práctica por la presión que deben soportar. Finalmente, en el caso de Lucía, las autoridades convocaron a Gijena y a Ousset, los únicos que garantizaron su derecho. La doctora Ousset este miércoles exponía en el congreso e iniciaba su alocución diciendo “soy médica católica y objetora de conciencia”, quien aún con amenazas sobre su escritorio ayudó a terminar con la tortura.

En la esa misma sesión, la doctora Ousset también denunciaba que en los hospitales públicos no eran todos objetores de conciencia sino que estaban asustados porque “la fiscal penal de la provincia había mandado oficios al hospital para que no se realice la interrupción, es decir, se estaba torturando una niña por orden directa de la fiscalía de homicidios”.

Hoy, ambxs médicxs (Ousset y Gijena) tienen aún abierta una causa penal de investigación por homicidio agravado. No solo no archivan la causa sino que prefieren destinar fondos a este tipo de acciones en vez de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Es una forma de disciplinar y aleccionar al personal de salud desde el mismo Estado.

El caso de Lucía muestra a las claras que fue torturada por el estado tucumano, hoy aliado del gobierno nacional de Alberto Fernández y por ello es que se hace imperiosa la lucha por la separación de las Iglesias y el Estado. Basta de tortura y de intervención clerical en la educación y la salud.