El femicidio de la maestra jardinera María Eugenia Lanzetti, de la ciudad de San Francisco, asesinada el 15 de abril por su ex pareja Mauro Bongiovanni en su lugar de trabajo y ante la presencia de los niños del jardín de infantes, constituye el quinto caso de femicidio en la provincia en lo que va del año.

El caso resulta por demás estremecedor no sólo por las circunstancias en que se produce el deceso, sino porque la víctima había denunciado violencia de género en más de medio centenar de ocasiones, logrando que la Justicia dispusiera la exclusión del hogar y la asignación de un botón antipánico. El agresor es un conocido empresario local, dueño de la firma Bongiovanni Hnos. El hombre se encontraba en tratamiento psiquiátrico y, no obstante la exclusión del hogar, se hizo presente dos días antes del hecho en el domicilio de la víctima, a la que amenazó de muerte ante la mirada de vecinos del barrio e incluso de la policía, que siquiera lo citó a declarar.

Una vez más asistimos al rotundo fracaso de las supuestas políticas de género implementadas por el gobierno provincial. Las cifras de femicidio en la provincia evidencian que el tan ponderado botón antipánico -cuando se logra que se asigne uno a la víctima después de atravesar el derrotero burocrático que ello implica- no verifica una salida real a esta situación; todo lo contrario, es el medio para ocultar que el Estado no cumple ni un rol asistencial para las mujeres ni mucho menos de protección a la víctima y persecución al violento. Ese botón descarga sobre la víctima la responsabilidad de activar el mecanismo de defensa para repeler la agresión.

Desde la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras y desde la Legislatura provincial, esta política fue denunciada por nuestra compañera y legisladora Cintia Frencia, contra las opiniones de un amplio espectro político que fue tributario de la falsa política de género lanzada por De La Sota. De la misma forma, advertimos que el avance de los femicidios en la provincia es la muestra cabal de un régimen político y social en descomposición, el caldo de cultivo que vulnera y altera dramáticamente las relaciones sociales y familiares en la provincia, y donde el Estado es el primer responsable de la violencia contra las mujeres.

El freno a esta situación no estará en manos de la Justicia, mucho menos en la fuerza policial ligada al negocio de la trata, el narcotráfico y el gatillo fácil; de aquéllos que mediante el chicaneo a las víctimas no toman las denuncias, sometiéndolas a un andamiaje burocrático interminable cuando acuden en búsqueda de auxilio a su situación y la de sus hijos. Para poner fin a esto hay que desnudar el rol político del gobierno, garantizar la asistencia integral de las víctimas, con trabajadores estables y no precarizados, con acceso a una atención interdisciplinaria, con vivienda y trabajo estable, y la detención y procesamiento inmediato del violento.

Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos justicia para Marita Lanzetti y todas las víctimas de femicidio, condena a los jueces y al gobierno que no actuaron, inmediata aprobación y plena vigencia del proyecto de ley de Violencia de Género presentado por la legisladora Cintia Frencia, del Frente de Izquierda; asimismo, el debate y aprobación del proyecto de elección directa del Consejo de la Mujer de la provincia para transformar esta institución burocrática en un consejo al servicio de la defensa de la mujer trabajadora en la provincia.