Desde febrero trataron de secuestrar no menos de 23 chicas en la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal Marcelo Colombo, de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex) dijo que sobre 34 denuncias, 23 fueron confirmadas y están en la Justicia (Diario Z).

 

Según Colombo, los secuestradores buscan mujeres para explotación sexual. En todos los casos, las víctimas eran jovencitas y los “lugares críticos” fueron escuelas y centros de estudios. Las cámaras de seguridad -que deberían filmar los hechos- no funcionaban. Varias chicas intentaron sin éxito que las comisarías tomaran la denuncia antes de ir a la Protex. Algunas fueron socorridas por vecinos ante la impavidez de la policía, presente. Se confirman así todas las denuncias de la Fuba, estudiantes secundarios, las organizaciones de mujeres, docentes y vecinos sobre connivencia policíaco-judicial y la existencia de zonas liberadas para capturar chicas.

 

Colombo desmintió de hecho al flamante secretario de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, que negó que hubiera secuestros denunciados ante la Justicia y adjudicó “los rumores” en las redes sociales a "personas capaces de generar una campaña política basándose en la paranoia de la sociedad". D’Alessandro fue nombrado después de que el jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar, fuera detenido por dirigir una banda delictiva de uniformados. Colombo agregó que en siete casos los tratantes se movían en camionetas blancas, una denuncia que se repite y que las autoridades descalifican como “mito urbano”.

 

Durante 2016, aumentaron las denuncias por trata de personas. Solo en la línea 145 hubo picos de 1.200 denuncias mensuales (la mitad provenían de Buenos Aires y Conurbano). La cacería de chiquilinas para esclavitud sexual ya no es privativa de zonas de frontera, está instalada en la Ciudad. Y las formas de la connivencia policial con las redes de trata y el negocio prostibulario quedan descaradamente expuestas.

 

Las nuevas desaparecidas

 

El 54% de 6.003 personas “perdidas” en el país son mujeres: 3.228 (datos de la Protex). Aunque “desaparecen” hombres de todas las edades, la mayoría de las desaparecidas son adolescentes de entre 12 y 18 años. Aunque se las busca más, es muy difícil encontrarlas, dice la Protex. ¿Se las traga la tierra? No, la Procuración General de la Nación ¡sospecha! de “la explotación sexual prostibularia, interna o externa, y/o de los femicidios”.

 

El nexo entre esclavitud sexual, trata, narco y femicidio, y la participación de todos los niveles del Estado en esos crímenes sociales se ha vuelto inocultable en la Argentina, como ocurre en países con fuerte presencia del narcotráfico.

 

En 2016 fueron asesinadas 290 mujeres, una cada 30 horas. Este año, la estadística subió a una por día, o menos. Lo que también parece haber bajado es la edad de las víctimas. Mientras que en los registros de años anteriores el 66% de las muertas iban de los 19 a los 50 años, en 2016 la mitad de las asesinadas -48,2, según la Protex- son nenas o adolescentes.

 

En el 80% de los casos los femicidas eran parejas, o ex parejas, o parientes de sus víctimas. La novedad es que además en los casos de este año casi todos integran algún peldaño de las redes del narco así como muchas chicas tenían alguna relación con el consumo o la venta al menudeo de drogas.

 

El amparo policial, judicial y del poder político a narcos, tratantes, proxenetas y femicidas se explica porque conforman una férrea y lucrativa sociedad. Unos transfieren ganancias y otros garantizan impunidad.

 

El Colectivo Ni Una Manos ve en estos sucesos “un pacto de machos entre los femicidas, las fuerzas de seguridad y el aparato judicial”. Las socialistas vemos un régimen social que se descompone, fuerzas de seguridad aliadas a las mafias de la droga y de la trata que convierten a los chicos en soldaditos y a las chicas en soldaditas y esclavas sexuales. Y mujeres y hombres que buscan con desesperación a sus hijas mientras denuncian el bloqueo de todos los niveles del aparato del Estado sin distinción de género. Basta como ejemplo la fiscal del caso Araceli Fulles o las dos fiscales neuquinas que se apresuraron a cerrar las causas de María Silvana Barrios y de Mariana Mercado porque vieron suicidio donde las familias denunciaban asesinato. En estos días, en Tucumán, una testigo protegida del juicio contra el clan Alé “dejó expuesto el cruce entre la explotación sexual y el poder político en todo su esplendor” ( https://latinta.com.ar/2017/05/una-mujer-sin-nombre-hace-tambalear-el-imperio-del-clan-ale/).

 

Los ataques contra las mujeres comienzan a generar terror a transitar por la ciudad. Las chicas salen con gas pimienta o navajas, o tratan de no salir solas para evitar peligros. Una joven del siglo XXI se maneja en la calle con mucha menos libertad y soltura que su madre o su abuela. Y el cuidado de las familias asustadas opera también como un operativo de control sin fisuras sobre la juventud.

 

Ni el repliegue en la casa ni la autodefensa individual conducen a nada. En primer lugar, debemos dejar en claro que la lucha contra la violencia hacia las mujeres compete a hombres y mujeres y apunta directamente al corazón de este régimen social y del Estado capitalista. En segundo lugar, es de vida o muerte que las mujeres construyamos organizaciones poderosas en los lugares de estudio, de trabajo, en los barrios. Organizaciones independientes del gobierno, de los partidos patronales y de las distintas iglesias que develen el papel de este régimen social en la violencia de género, expulsen a las mafias y avancen hacia el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad.