17/10/2020

La socialización de las tareas de cuidado y la generación de puestos de trabajo

Un estudio realizado por la ONG Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en 2019* indica cómo políticas públicas destinadas a la socialización de tareas de cuidado, tales como el incremento de la jornada extendida en el nivel primario de la escuela pública y la creación de nuevos espacios de Crianza, Enseñanza y Cuidado de la primera infancia (CEC), permitirían no sólo alivianar la carga que se deposita sobre las espaldas de las mujeres, sino que también tendría un impacto positivo en la generación de puestos de trabajo.

Recoger los resultados y proyecciones de este informe resulta de valor en el contexto actual, en que el gobierno nacional se jacta de que el Presupuesto 2021, presentado recientemente, incluye una variedad de Programas con “Perspectiva de Género”. Lo cierto es que no se contempla allí ninguna iniciativa destinada a la socialización de las tareas domésticas ni a terminar con la discriminación  laboral que padecen las mujeres; estos programas simplemente consisten en políticas asistenciales -cuyos fondos salen en gran medida de la caja del Anses- que no resuelven la carestía en la cual se encuentra inmersa una amplia capa del universo femenino. El feminismo gubernamental no pretende liberar a la mujer de la carga del trabajo doméstico, sino perpetuarla en ese rol a cambio de subsidios de indigencia.

La desocupación y las mujeres

Ambos cuestiones tratadas en el informe -la reducción de la carga sobre las mujeres y la generación de puestos de trabajo- atienden a problemáticas que configuran la realidad de nuestro país, atravesado por la quiebra del Estado, la recesión económica y una inflación ascendente. Por un lado, asistimos a un nivel de desocupación del 29%, habiéndose perdido 285 mil empleos en blanco solo entre abril y mayo de este año, a lo que se le suman los 1,4 millones de despidos de trabajadores en negro y 900 mil en el sector monotributista durante la pandemia.

A su vez, el colectivo femenino conforma el sector más castigado por esta política, teniendo en cuenta que la tasa de ocupación es 18,1% menor en las mujeres y las mismas ganan en promedio un 25% menos que los varones. Esta brecha responde en gran medida a que las tareas domésticas son en un 73% realizadas por mujeres, y en consecuencia, las mismas se ven obligadas a relegar horas de trabajo remunerado (el promedio de las horas semanales en el “mercado de trabajo” es un 21% menor en las mujeres).

El estudio refleja cómo las responsabilidades asociadas a la maternidad representan uno de los principales obstáculos para la inserción laboral femenina, teniendo en cuenta que el 60% de las mujeres de 15 a 59 años que viven en áreas urbanas de Argentina son madres, y que la tasa de empleo de las mujeres de esas edades con hijxs menores de 18 años es 7 puntos menor que la de aquellas que no lo son. La brecha se amplía cuanto más pequeñxs son lxs niñxs, dando como resultado que el 40% de las mujeres que son madres no cuentan con ingresos propios.

Educación pública y socialización de las tareas

En primer lugar, el estudio analiza que la infraestructura actual para garantizar la jornada extendida en el nivel primario de la escuela pública alcanza para que asista sólo el 14% de lxs alumnxs del país. Si la misma llegara a cubrir la asistencia del 30% de lxs alumnxs, se traduciría en la creación de 444.400 puestos de trabajo. Por otra parte, la oferta que existe en el país de espacios CEC también es muy deficitaria. Los últimos datos disponibles arrojan que el alcance de estos espacios es de un 88% para lxs niñxs de 4 años, 42% para lxs de 3, 11% para los de 2, 2,6% para los de 1 y 1% para lxs menores de 1 año (DiNIEE – Ministerio de Educación, 2017). El estudio señala que en caso de universalizar tanto la sala de 3 y 4 años y extender la disponibilidad de espacios para que el 45% de lxs niñxs menores de 2 años asistan a alguna institución del sistema educativo, se crearían 1.285.000 puestos de trabajo. El informe proyecta que estas medidas traerían aparejadas un aumento en la recaudación y en el consumo nacional, dando como resultado un crecimiento adicional de hasta un 5,3% del PBI.

Estos datos dan un indicio de lo provechoso que sería para la economía del país y para la realidad de las mujeres si la sociedad absorbiera el conjunto de las tareas domésticas que hoy en día se encuentran confinadas al interior del hogar. Incluso, el estudio mencionado plantea medidas modestas; no se propone, como sí lo hicieron lxs revolucionarixs de la Rusia Soviética, la tarea de crear cantinas públicas, comunas de viviendas colectivas, lavanderías sociales, “centros de tiempo libre” para la juventud, así como también, impulsar la extensión de licencias laborales pagas por maternidad y paternidad, además de la instalación de instituciones estatales de cuidados. Aquí aparece una diferencia sustancial: el Estado Obrero panruso se dispuso, sobre la base de haber expropiado al capital y haber puesto en pie una economía planificada, a despojar a la familia de sus funciones económicas y liberar a la mujer trabajadora del yugo de la esclavitud doméstica, para que se incorporara plenamente a la producción social y a la vida política, como vía para su emancipación, y al mismo tiempo, como condición necesaria para desarrollar las fuerzas productivas y sacar adelante el incipiente gobierno proletario. Por el contrario, los gobiernos capitalistas refuerzan las condiciones, así como los estereotipos de género que las legitiman, que hacen recaer sobre la mujer el conjunto de las tareas domésticas de forma gratuita, ya que de esta manera se abaratan los costos que implica la reproducción de la fuerza de trabajo y se incrementan las ganancias patronales.

Por otra parte, en el escenario actual de profundización de la crisis capitalista, el gobierno apunta a descargarla sobre las espaldas de las mayorías y en particular de las mujeres. Muestra de esto son los datos de pobreza informados por el Indec: 4 de cada 10 personas argentinas son pobres y 7 de cada 10 personas del grupo poblacional de menores ingresos son mujeres. El Presupuesto 2021 da cuenta de que Alberto Fernández se dispone a “reducir el gasto público”, tal como le demanda el FMI, lo que va en sentido contrario a realizar cualquier medida tendiente a la socialización de las tareas de cuidado. A su vez, no está en la agenda ni del gobierno ni de la burocracia sindical exigirle a las empresas que garanticen espacios CEC, lactarios y licencias adecuadas; por el contrario, mantienen un Pacto Social no escrito con las patronales, a través del cual se habilitan despidos, congelamiento salariales y todo tipo de ataques a las conquistas de lxs trabajadorxs.

Ministerios y realidades

Podemos concluir que la conformación del Ministerio de Mujeres y Diversidades no ha redundado en ningún avance material para las mujeres y el colectivo LGTBI+. Por el contrario, este sector de la población padece cada vez más penurias: crece el déficit habitacional y la feminización de la pobreza, ocurre un femicidio cada 24 horas, no tenemos aborto legal mientras se profundizan los pactos gubernamentales con las iglesias y la educación sexual es más que deficitaria. Es necesario la puesta en pie de un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades cuyxs miembrxs sean electxs por mujeres y por la población LGTBI+ a partir de sus 13 años, con cargos revocables, y que este organismo sea el encargado de gestionar una partida presupuestaria destinada a que la mentada “perspectiva de género” tenga como correlato un avance en las condiciones de vida de las mujeres y las diversidades sexuales y de género. La lucha callejera independiente de los gobiernos de turno es decisiva para ir a fondo con estos reclamos.

Finalmente, la socialización de las tareas domésticas; la prohibición de despidos y suspensiones y el reparto de las horas de trabajo frente a la desocupación creciente; la industrialización del país y la generación de empleo a partir de la nacionalización bajo gestión obrera de los recursos estratégicos y el repudio de la deuda usuraria para concentrar el ahorro nacional; así como el salario mínimo equivalente a la canasta familiar, forman parte de un programa integral de la clase obrera que tiene como horizonte la transformación social sobre nuevas bases.

* Gala Díaz Langou, Florencia Caro Sachetti, Matilde Karczmarczyk, Belén Bentivegna y Santiago Capobianco, Empleo, crecimiento y equidad. Impactos económicos de tres políticas que reducen las brechas de género, mayo de 2019.

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