La distinción que Susana Trimarco -la madre de “Marita” Verón- recibió el 8 de marzo a manos del gobernador de Salta, Urtubey, contrastó con la manifestación de diversas organizaciones de mujeres -entre ellas, el Plenario de Trabajadoras-, que se congregó frente a los Tribunales tucumanos para denunciar la complicidad del Estado en la trata de personas.

“Le quiero agradecer por el compromiso que tiene contra la trata de personas”(www.lahoradesalta.com.ar, 8/3), le dijo Trimarco a Urtubey, aunque no apoyó sus palabras con ningún ejemplo. Fue en Salta el último lugar donde se vio a María Cash -una desaparecida- y donde ocurrieron varios casos de violaciones contra turistas. La misma Trimarco se declaró convencida de que Cash “Fue atrapada por una red de trata de personas. Su desaparición tiene la misma modalidad que la de ‘Marita’. Es mentira que la ven, que le dan de comer. Son estrategias de los delincuentes para despistar” (El Tribuno, 8/3).

En Salta, acaba de renunciar el ministro de Seguridad de Urtubey, luego de denunciar por exceso de confianza e imprudencia a una turista extranjera que sufrió un ataque sexual.

Desde el Poder Judicial salteño, se alega una impotencia que hay que poner en la cuenta del gobierno “distinguidor”. “Muchas veces se opina con mucho desconocimiento sobre la frontera con Bolivia. Son más de doscientos kilómetros difíciles de controlar. En algunos puntos, la gente puede pasar caminando de un país a otro”, admitió el juez federal de Orán, Raúl Reynoso (El Tribuno, 16/9/11). Agregó que, en su juzgado, se tramitan varias causas sobre trata.

Pero no es sólo Tucumán o Salta: en todo el país el negocio de la trata de mujeres no para de crecer. Así lo reconoció el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzzeti, quien admitió que es un “problema creciente”. Y no puede ser de otra manera, cuando las mafias gozan de una completa impunidad. En el juicio por la desaparición de Marita Verón, sólo un grupo de perejiles están en el banquillo, mientras que los jueces, comisarios, burócratas sindicales, políticos y exgobernadores denunciados por Susana Trimarco figuran, en el mejor de los casos, como testigos a favor de esos mismos perejiles.