Araceli Ramos despareció el 30 de septiembre cuando iba a Caseros a concretar una cita laboral. El mismo día, su madre se acercó a la comisaría, donde no le recibieron la denuncia.

Araceli apareció muerta 11 días después. El sospechoso es un ex prefecto separado de la fuerza por haber estafado a un compañero usando su tarjeta de crédito. Se sospecha que el hombre mató también a la dueña de la casa donde Araceli fue citada y, posiblemente, también a su hijo, un ex convicto que estrechó amistad con el ex prefecto Vinader mientras éste estuvo detenido. A raíz de un video que le hizo grabar a Araceli antes de matarla, se sospecha que también tuvo relación con la muerte de una mujer en Vicente López.

Uno de los aparentes móviles sería el ensañamiento que tiene desde hace años Vinader con una mujer que fue su pareja, quien lo dejó por violento. Desde entonces, su ex novia radicó todo tipo de denuncias por amenazas, que la Justicia y la policía no atendieron. La masividad de los casos de denuncias de mujeres que son amenazadas, golpeadas, insultadas o secuestradas contrasta con la acción estatal de naturalización, acusación de algún tipo contra las víctimas, negativa a tomar las denuncias, ausencia de seguimiento e investigación.

Por otra parte, el caso de Araceli pone en evidencia las denuncias de que los integrantes de las fuerzas de seguridad o sus ex integrantes, son protagonistas de un modus operandis delictivo, el cual está vinculado con casos de trata de personas y sometimiento a la prostitución. Si bien aún no se ha podido saber qué pretendía exactamente cuando citó a Araceli con la promesa de un falso trabajo, el ex prefecto recurrió a un método extendido para poder vender mujeres y someterlas al negocio de la prostitución. Por lo tanto correspondería abrir una investigación no sólo sobre el prefecto, sino también sobre denuncias de desapariciones de mujeres que se hayan hecho en las comisarías (las que se hayan recibido).

La madre de Araceli llegó a la comisaría el día lunes 30, con una dirección que era la del lugar donde Araceli había sido citada, según han informado los diarios. Le dijeron que volviera 48 horas después, incumpliendo plenamente la obligación que la policía tiene de recoger las denuncias. La evaluación sobre la pertinencia o no de investigar un delito no es potestad de la policía, sino de la Justicia. No existe ley alguna que impida a la policía tomar la denuncia en un caso tan típico como el de una mujer que en nuestro país es citada para un trabajo y que luego no aparece. Casos como estos los hay de a cientos. Si existen disposiciones internas, que sean investigados los responsables de las mismas -como Matzkin, Casal y Granados-, pero de ningún modo se debe decretar la obediencia debida para quienes no recibieron la denuncia. Esas 48 horas de negativa a investigar fueron cruciales.

El caso de Araceli concentra todos los ataques sociales e institucionales que día a día viven las mujeres, por lo tanto la "justicia" por el caso de Araceli no puede agotarse en que Vinader quede preso de por vida, sino que debe avanzar sobre las responsabilidades del Estado en haber desatendido las denuncias de la ex mujer del prefecto, en no haber tomado la denuncia a la mamá de Araceli inmediatamente (algo que la podría haber salvado) y en los lazos de los integrantes o ex integrantes de las fuerzas de seguridad con el delito organizado -punto en el cual se ha actuado, durante todos estos años, desde el gobierno nacional y los gobierno locales, para defender la completa impunidad de los delincuentes ligados al Estado.