17/06/2004 | 855

La «violencia familiar» de mal en peor

Luego de 10 años de vigencia de la ley contra la “violencia familiar”, la situación ha empeorado.


La ley habilita a los jueces a adoptar medidas para proteger a las víctimas, pero sólo hay sanciones penales si hay muerte o heridas graves. No hay subsidios, las audiencias de conciliación amedrentan a las víctimas, las medidas de los jueces –como puede ser la exclusión del golpeador– no son aseguradas y respaldadas por el Estado, no hay sanciones para el que las incumple, gran parte de los tratamientos fracasan porque los involucrados no pueden o no quieren ir al psicólogo.


La ley está basada en el concepto de que la violencia es un problema pasional, de género, conyugal, y no un fenómeno social consustancial al propio régimen. Por otra parte, la Policía se niega a tomar las denuncias, siendo necesario ir con la fotocopia de la ley. Las “comisarías de la mujer” son cárceles para mujeres. El crimen está organizado por el Estado: la Policía organiza y regentea el negocio de la prostitución, entre otros delitos, y encubre a los violadores de menores. El mismo Estado que defiende y promueve la desigualdad social, incluida la existente entre hombres y mujeres, no puede atacar las manifestaciones extremas de esa desigualdad y el ejercicio del “poder” por parte de los hombres. Ni protegernos de los “delitos”, incluida la violencia familiar.


La organización y lucha de las mujeres por la igualdad de derechos civiles y políticos logró avances parciales en las leyes; que no son mérito de las exponentes y defensoras del régimen, como la Roy o la Storani.


La solución del problema tampoco viene con el proyecto presentado por la diputada Marcela Rodríguez, del ARI, (no roza siquiera al propio Estado), porque no lo obliga a sostener económicamente los refugios para las mujeres golpeadas, y ni qué hablar de trabajo efectivo o subsidios iguales a la canasta familiar.


Son las organizaciones piqueteras las que han llevado esta lucha a fondo, planteando que el primer golpeador es el Estado y movilizándose por los reclamos de la clase obrera y de la población empobrecida, que incluyen específicamente el problema de la mujer.


Nuestras asambleas debaten todos los problemas que viven las familias, e impulsan la organización por la defensa colectiva contra los golpes, las movilizaciones contra las comisarías protectoras del delito, por la autodefensa de los barrios, la lucha para que el Estado sostenga los refugios para las mujeres golpeadas, los centros de salud y hospitales, defendidos junto a sus trabajadores, para que cuenten con recursos y salarios para profesionales que prevengan y detecten abusos y violencia, realicen tratamientos y escuelas para padres, etc.


La resolución colectiva de estos problemas, en la lucha contra el gobierno y el Estado, es también la lucha por colocar a nuestras compañeras en un plano de igualdad; es el reconocimiento colectivo del profundo dolor físico y psíquico que provoca la violencia del capitalismo, en particular la familiar, que lleva a la muerte y denigración de hombres, mujeres y niños.


 

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