En el Golden Center de Parque Norte, tuvo lugar el acto de presentación de la “Agenda Social 2023” del Consejo Social de CABA que preside la dirigente evangelista Cynthia Hotton. Dicha agenda consiste en propagandizar la “Ley de los mil días” en la ciudad, con la finalidad de obstruir la aplicación efectiva de la IVE. Esta afrenta a los derechos de las mujeres y personas gestantes contó con el apoyo explícito de Horacio Rodríguez Larreta, presente en el evento.

El jefe de Gobierno porteño comenzó destacando el rol de las iglesias evangélicas “en situaciones límite como la pandemia, inundaciones, desalojos, o en casos de pobreza extrema o adicciones, donde ya queda poco de donde aferrarse, están ustedes conteniendo familias, impulsando valores, dando una mano, una palabra y un plato de comida ahí donde a veces el Estado no llega”. Está confesando que se desliga de su responsabilidad de atender las problemáticas sociales que atraviesan los habitantes de CABA y terceriza esa tarea en estas instituciones religiosas, las cuales reciben cuantiosos subsidios estatales por ello. Lo más cínico es que menciona flagelos que su gestión se ocupa de profundizar, como la crisis de vivienda y los desalojos. Así, las iglesias evangélicas van ganando terreno en las diferentes estructuras del Estado y la vida social, incrementando su ascendente reaccionario sobre la población.

Larreta llegó al extremo de felicitar a los mil pastores y pastoras que conformaban el auditorio por “propagar la fe y los valores de la familia en cada rincón de la Ciudad y el país”, cuando lo cierto es que el discurso confesional es usado como sustento ideológico para justificar las violencias que sufren las mujeres y las infancias al interior de la familia en pos de defender esa institución a cualquier costo. El poder político no hace más que envalentonar a este sector, favoreciendo que avasallen los derechos del colectivo femenino y LGBTI+. La propia Hotton declaró en 2021 que “si se pudieran dar las condiciones de ver que hay mayoría, por supuesto que se intentaría revertir la ley del aborto”, lo cual debe alertar a toda la marea verde sobre la urgencia de volver a las calles para evitar semejante retroceso. Asimismo, este copamiento eclesiástico funciona como un verdadero bloqueo a la aplicación de la ESI.

En ese sentido, Hotton centró su discurso en cuestionar la falta de reglamentación de “La ley de los mil días” en todo el país. Recordemos que la normativa, presentada por el Frente de Todos, fue sancionada en 2020, en simultáneo con el aborto legal, con el supuesto propósito de “proteger y acompañar a todas las niñas y niños, desde el nacimiento y hasta los primeros tres años de vida”, pero sin garantizar las más mínimas condiciones materiales para que eso suceda. Solo contemplaba un subsidio por única vez de “cuidado integral”, equivalente a la AUH, destinado a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, junto a la creación de una línea telefónica gratuita de “asesoramiento”. Migajas que solo buscaban ocultar el verdadero objetivo de la medida: servir como un instrumento gubernamental para disuadir a las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo. Un guiño a las iglesias por parte del gobierno peronista, en momentos donde la firmeza de la lucha imponía la aprobación del aborto legal en el Congreso. También lo fue el hecho de que el proyecto IVE redactado por el oficialismo incluyera la objeción de conciencia institucional, permitiendo que los sanatorios que posee la iglesia puedan negarse a practicar abortos.

A su vez, la funcionaria aclaró que CABA ya está avanzando en la aplicación de la “Ley de los mil días”. Mencionó que el titular de Salud, Fernán Quiros, firmó un convenio con el Consejo Social -integrado por 45 organizaciones evangélicas- para implementar una línea telefónica gratuita en los hospitales públicos porteños “donde se realizan tareas de acompañamiento emocional y personalizado para aquellas mujeres que transiten un embarazo vulnerable”. En lugar de asegurar el cumplimiento del protocolo de la IVE en toda la jurisdicción, el gobierno de la Ciudad habilita la injerencia de las iglesias evangélicas en el ámbito de la salud para presionar en contra de ese derecho. Dándole status oficial a la misión que emprendió en 2019 la organización evangelista Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, representada por Susana Mobilia.

Se trata de un mecanismo perverso, ya que los feligreses que están detrás de ese 0-800 se encargan de desinformar a las mujeres que recurren a ellos, aprovechándose de la desesperación que generalmente recorre a aquellas que están cursando un embarazo no deseado o no cuentan con los recursos económicos para poder transitar la maternidad. Estos antiderechos manipulan a las personas gestantes infundiéndoles miedo y culpa, valiéndose de su absoluta indefensión, para desalentar que accedan a la IVE. La lógica de la crueldad con la que operan estos agentes del oscurantismo no tiene límites y es el propio Estado el responsable de que esta violencia de género psicológica prospere.

Ahora bien, el entrelazamiento con las iglesias evangélicas no es patrimonio exclusivo del gobierno de Larreta. Alberto Fernández también las empoderó, delegando en ellas gran parte de la asistencia social en las barriadas más empobrecidas. Sin ir más lejos, ambos mandatarios estuvieron presentes en la celebración por los 40 años de Aciera (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas), mostrando su apoyo a este agrupamiento reaccionario, que fomenta la discriminación hacia las mujeres y las diversidades y es enemiga de sus demandas. Como acabamos de ver, Hotton y cía. hoy están usando una ley creada por el Frente de Todos para militar contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Sucede que todos los bloques patronales financian al clero, a cambio de que este oficie de dique de contención del descontento popular. En momentos donde los políticos capitalistas refuerzan el ajuste sobre las mayorías, precisan más que nunca de estos aparatos ideológicos que educan al pueblo en la resignación.

Debemos retomar la movilización callejera para separar a las iglesias del Estado, cuya alianza contribuye a que sigamos pagando la factura de la crisis.

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