La pareja del mediocampista de Boca Juniors, Agustín Almendra, Cecilia Fernández Maciel fue detenida el jueves 27 acusada de “venta ilegal de fármacos”, porque se dedicaba junto a su madre, su hermana y su tía a la distribución y venta de pastillas de misoprostol en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Campaña anti aborto

El tratamiento que el caso recibió en los medios fue poco menos que la caída de una banda de peligrosas traficantes, y el despliegue que habrían hecho desde la División Contra la Adulteración y Falsificación de Fármacos de la Policía Federal para atrapar a las cuatro mujeres, que incluyó el seguimiento durante meses de sus teléfonos y redes sociales y el allanamiento de cuatro viviendas en CABA y GBA y la detención en paralelo, fue digno de una serie sobre Pablo Escobar.

El caso tuvo ese nivel de difusión en parte porque las acusadas son parientes de un jugador de un club de la primera división del futbol argentino. Pero en realidad no se debe solo a eso: es evidente el intento de reforzar la propaganda anti-aborto usando este caso, mostrando que es un delito que el Estado persigue y combate con la cárcel para todos y todas las involucradas. La utilización de la clandestinidad del aborto como herramienta de control social y disciplinamiento por la vía del terror y la criminalización es notable.

Los verdaderos delincuentes son los anti aborto

La venta ilegal de misoprostol y los abortos clandestinos en general, son un negociado por el cual deberían responder los partidos políticos del régimen a los que pertenecen los senadores que el 8A votaron en contra de la legalización de aborto, las Iglesias y los llamados defensores de “las dos vidas” que los apoyan. Es que su negativa a legalizar las prácticas abortivas no solo permitió que dichas prácticas continúen siendo riesgosas para las vidas de las mujeres, llevándolas a la muerte o a consecuencias físicas y psicológicas nefastas para toda la vida, sino que permiten también el desarrollo de oportunistas que lucran con la desesperación de aquellas mujeres que necesitan interrumpir un embarazo no deseado.

Los circuitos legales cerrados, negocio clandestino asegurado

El misoprostol es la droga que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para abortar de manera segura y es una de las más utilizadas en los hospitales para los casos no punibles. Sin embargo, es en estos mismos lugares donde deberían aplicarse los protocolos ILE, adonde a las mujeres se les cierran las puertas en la cara y se las obliga a ir al circuito clandestino, donde el precio de las pastillas ronda los 3.500 como mínimo, quedando a merced de los que negocian con un derecho negado.

Asimismo, varias organizaciones que se encargan de asistir a las mujeres en situaciones de abortos como las Socorristas, la Red de Profesionales por el derecho a decidir y otras han denunciado en varias oportunidades hostigamiento y persecución de las fuerzas de seguridad y la justicia.

Hace unos meses, la ANMAT habilitó a un laboratorio privado (Domínguez) para la producción de misoprostol para fines gineco-obstétricos, pero para su uso exclusivo en hospitales y bajo estrictas condiciones de control, por lo que no representa un avance real para las mujeres, pero sí un negociado para el Sr. Domínguez, un egresado de la UCA, presidente del Comité de Bioética central de la provincia de Entre Ríos.

Reforcemos la lucha por el aborto legal

Una de las tareas del movimiento de mujeres es continuar la lucha aquí y ahora por nuestro derecho a la interrupción legal del embarazo, para que se cumplan los protocolos que contemplan el acceso a la práctica legal, exigiendo el fin de la injerencia del clero en los hospitales públicos y todo el sistema de salud.