Las marchas del silencio, como consecuencia del femicidio de María Soledad Morales, lograron movilizar al pueblo catamarqueño en reclamo de justicia, dado el manifiesto encubrimiento del gobierno peronista para proteger a los hijos del poder.

El gobierno nacional de Carlos Menem ordenó la intervención federal de la provincia para frenar el reclamo popular que había puesto en jaque al también peronista gobierno de Ramón Saadí.

La intervención estuvo a cargo de Luis Prol, operador político de la derecha peronista, que logró conciliar con sectores de la UCR, y que posteriormente dio nacimiento al Frente Cívico y Social, un rejunte político que amontonaba a los viejos boinas blancas con sectores peronistas y saadistas arrepentidos. Que en elecciones posteriores llegó al gobierno al FCS.

Durante la intervención de Prol, se dictó el decreto-ley 4663 (Ley orgánica de la policía de la provincia) que continúa vigente.

Con la experiencia de las marchas del silencio el Estado quiso asegurarse, que estas no repitiesen su efecto. Es así que concede un enorme poder a la policía provincia, por ejemplo: “a prevenir la perturbación del orden público, garantizando la tranquilidad de la población, la seguridad de las personas y la propiedad”. “Vigilar la realización de reuniones y manifestaciones públicas y adoptar las medidas legalmente autorizadas para mantener el orden”. “Ejercer la policía de seguridad de los menores, impedir su vagancia, apartándolos de los lugares y compañías nocivos, impidiendo todo acto atentatorio a su salud física o moral”. “Arrestar a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que los justifiquen o cuando se nieguen a identificarse. La demora o arresto del causante no podrá prolongarse más del tiempo indispensable para su identificación, averiguación de domicilio, conducta y medios de vida, sin exceder el plazo de veinticuatro (24) horas.

La ley en cuestión, mantenida por todos los gobiernos desde el FCS, pasando por el kirchnerismo y hasta el actual, no solo viola las garantías constitucionales de juez natural, de debido proceso etc. Sino que autoriza a la policía a realizar redadas o razias, generalmente en los barrios populares en contra de jóvenes. Casualmente en virtud de esta ley es arrestado Diego Pachao, quien fue víctima de toda tipo de torturas en el calabozo y dependencias de la Comisaria 7ª de la provincia, entregando el cuerpo a su madre con muerte cerebral, falleciendo en horas.

El aparato represivo mantenido por todos los gobiernos se ampara en la vigencia de estas normas, por eso en su oportunidad junto con los familiares de Diego Pachao planteamos no sólo en las calles la derogación de este decreto-ley, sino que lo hicimos formalmente presentándonos antes el presidente de la cámara de diputados durante el gobierno de Lucia Corpacci.

Se hace necesario quitarle las herramientas que el Estado le concede a la policía para cometer todo tipo de atropellos y delitos contra los jóvenes y los trabajadores. Por el desmantelamiento del aparato represivo del Estado.

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