El crecimiento de la violencia que sufren las mujeres durante el aislamiento obligatorio por la pandemia, que a nivel nacional tiene su peor expresión en los 27 femicidios desde que comenzó la cuarentena, tiene en el municipio bonaerense de San Miguel una cara extrema.

La intendencia de Jaime Méndez no brinda ningún tipo de protección a las mujeres e hijes víctimas de violencia, ya que no existe ni un solo refugio que pueda albergarles. A comienzos de 2019 los medios regionales se hicieron eco de la inauguración de un refugio de emergencia “Madre Teresa de Calcuta”, que nunca se puso en funcionamiento.

Esto no es de extrañar, tratándose de uno de los gobiernos municipales más clericales de la provincia. Es tradición de los Méndez – De la Torre criminalizar a las mujeres y disidencias, como ocurrió cuando se despidió a trabajadoras de la salud por colocar un cartel con la consigna “Ni Una Menos”, o con la censura de la muestra plástica contra los femicidios de les estudiantes de la Escuela Municipal de Arte y del libro “Yo nena, yo princesa” en la feria organizada por el municipio.

En 2018, el crimen de Sheyla Ayala, una niña de 10 años que fue asesinada por sus tíos en el barrio de Trujui, reveló que el Estado abandona a quienes sufren violencia en el ámbito intrafamiliar aun cuando existen denuncias.

Este es el cuadro desesperante en el que el flamante Ministerio de la Mujer se limita a instarnos a correr a una farmacia para realizar una denuncia con un barbijo rojo, es decir que nos manda adonde no pueden brindar ninguna protección ni acompañamiento.

Para conquistar la implementación de políticas concretas que frenen la violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales tenemos que ser nosotres, las que luchamos en las calles, quienes las debatamos y garanticemos su ejecución mediante un control de nuestras organizaciones sobre el presupuesto estatal. Por eso luchamos por poner en pie consejos autónomos de mujeres, elegidos por el voto de cada mujer y revocables.