Terminado el Plenario abierto de la Agrupación de Trabajadorxs de Reparto (ATR), del lunes 8 de junio, la Comisión de Género puso manos a la obra elaborando su primer comunicado y posicionamiento sobre el acoso laboral que sufren a diario las trabajadoras de reparto.

En las jornadas laborales las trabajadoras de reparto nos exponemos a diario a múltiples situaciones de violencia de género.

La particularidad del trabajo hace que las apps distribuyan nuestro número celular tanto a usuarios como a trabajadores de locales a los que debemos ir a retirar los pedidos. Es así como es moneda corriente recibir mensajes fuera de lugar que corresponden ser llamados acoso. También sucede en varios casos donde o el cliente o en el local de comida se nos falta el respeto, maltrata, violenta exponiéndonos a situaciones traumáticas e inapropiadas en un ámbito laboral.

Si bien todas las apps permiten a usuarios calificar a la repartidora aplicando sanciones si la calificación es negativa, no todas las apps permiten hacer un descargo a las trabajadoras sobre clientes o locales de comida. Además el protocolo que utiliza el soporte de cada una de las empresas es de código cerrado, es decir no tenemos acceso a él, no sabemos cómo proceden las apps en las que sí podemos denunciar el mal trato.

Es por esto que desde la Comisión de Género de la Agrupación de Trabajadorxs de Reparto exigimos en primer lugar dar a conocer el protocolo con el que debe operar soporte en todos los casos. En segundo lugar exigimos una inmediata baja de cuenta de los usuarios denunciados por violencia de género. En el caso de los locales, suspender el servicio de apps con el local hasta tanto no estemos en riesgo las trabajadoras de reparto. Entre pares repartidores creemos necesario también poder alertar a soporte y que se suspenda al repartidor denunciado hasta clarificar la situación y de ser necesario no restituirle la cuenta.

Exigimos que las empresas se hagan cargo de tratamientos médicos, psicológicos y hasta un compensatorio económico para afrontar, de ser necesarias, licencias médicas para todas las trabajadoras víctimas de violencia de género producto de la relación laboral.

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