El martes 29, la comisión de legislación laboral incorporó a su temario dos proyectos de ley que plantean el derecho a la licencia por violencia de género en el marco de la ley Nº 471 de empleo público. Uno de los proyectos fue presentado por el diputado Marcelo Ramal, del PO-FIT, hace más de un año.

Este vuelco del oficialismo de poner en discusión un proyecto cajoneado hace más de un año se da a pocos días de haber votado la licencia por violencia de género para las trabajadoras docentes, por la cual ha batallado fuertemente la banca del Partido Obrero y las compañeras de Tribuna Docente.

Si bien a instancias de la discusión paritarias del año 2015, Sutecba incluyó este derecho en el convenio colectivo de trabajo, la discusión actual de la ley permite avanzar en cuestiones fundamentales. El ítem incorporado por Sutecba plantea que la licencia que se le otorgará a la mujer víctima de violencia será de 20 días de corridos y que para obtenerla deberá presentar, como requisito exclusivo, un certificado de denuncia judicial al empleador. Una cuestión muy importante es que la ley presentada por Marcelo Ramal le da alcance a este derecho a los médicos y profesionales de la salud que al día de hoy no tienen ningún tipo de legislación al respecto. Además, atiende de fondo a la problemática y plantea como requisito la sola presentación de un certificado expedido por un centro de salud y/o organismo de atención a las víctimas –Centros Integrales de la Mujer- sin la exigencia exclusiva de la judicialización del caso. Así lo hemos expresado en la discusión de la misma licencia para docentes, a sabiendas de lo dificultoso y complejo que resulta a la mayoría de las mujeres en estos casos tomar esta determinación de recurrir a la denuncia judicial de su agresor, por lo cual no puede constituir un bloqueo para gozar de la licencia correspondiente.

En cuanto a la cantidad de días, es por demás conocido el peregrinaje que debe transcurrir una mujer por los distintos organismos institucionales cuando se encuentra en una situación de este tipo, por lo tanto es necesario que pueda disponer del tiempo correspondiente con goce de haberes y, en este punto, los 20 días actuales con los que cuenta son por demás insuficientes. Consideramos que la cantidad de días a asignar deben ser las que correspondan según dicte el personal médico y psicológico que acompañe a la víctima. Estos dos puntos, luego de una enorme pelea, fueron aprobados para las docentes el jueves pasado. Ahora vamos por la ampliación de estos derechos para el resto de las trabajadoras de la Ciudad y, nuevamente, lucharemos por el derecho a la reubicación de lugar de trabajo.

Una vez más, daremos la batalla por las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras al interior del parlamento y en todos los lugares de trabajo, estudio y en los barrios con grandes campañas.