El Ministerio de Salud de Santa Fe, a cargo de Sonia Martorano, firmó en los últimos días un acuerdo con la fundación del “Padre Ignacio”, sucursal de la Iglesia católica, para que la misma implemente la “Ley de los 1.000 días” en la provincia. Según Martorano: “Este acuerdo de cooperación pone en valor y trabaja con la impronta que le impone la fundación (…) es un modo de llegar a ellos, no solo con asistencia sino también con acompañamiento, educación y de esta manera despertar los talentos que cada niño y niña tiene”.

El Plan de los mil días surgió como un anexo de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020, se trata de un programa que asistiría a personas gestantes y niños hasta los 3 años a través de una asignación de montos irrisorios, que refuerza -como se constata ahora- la función política de garantizar a las iglesias su penetración en las familias pobres, vía la tercerización de tareas que debieran ser estatales en manos de la curia, contando con el consabido financiamiento público.

En la misma línea, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad local dijo: “En este camino de territorializar la implementación de la mencionada ley se apuesta al involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, mutuales, federaciones, cooperativas y también aquellas de índole religiosa que tienen trabajo en los barrios”. El anuncio generó el repudio de distintas organizaciones de mujeres que denunciaron la medida alegando que no se convocó a las organizaciones de mujeres, feministas y de disidencias sexuales a participar de la instrumentación de los talleres de formación y acceso a la información, y, en su lugar, se delegó esa tarea en una fundación que levanta el “pañuelo celeste”, es decir, en la reacción clerical.

El gobierno ideó la Ley de los mil días para compensar a la Iglesia por el aborto legal. Ahora Santa Fe tercerizó en la curia el programa. El clero misógino, pedófilo y abusador, va a recibir fondos públicos para supervisar el embarazo y el cuidado de niñxs de hasta 3 años. No!!!

— Carla Deiana (@DeianaCarla) June 6, 2022

Esta deriva apuntala la injerencia de la Iglesia sobre los cuerpos y conciencias de las mujeres más pobres, así como sobre las infancias desprotegidas. Está claro que dentro de los objetivos de la fundación estará disuadir a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, en base a los paradigmas oscurantistas e hipócraticas de una institución que garantiza la impunidad para los abusos eclesiásticos.

Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos que se retrotraiga esta medida, el fin del financiamiento estatal a las iglesias y que todas las tareas de asistencia a mujeres e infancias estén en manos de profesionales idóneos, en plata permanente y con adecuado presupuesto estatal, bajo control de las organizaciones de mujeres. La creación de jardines de primera infancia gratuitos, públicos y laicos. La universalización de los programas sociales y el acompañamiento sanitario en el marco del sistema público, sin injerencia de las iglesias, para todas las mujeres. Trabajo, salario y vivienda.

Fuera iglesias

 

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