Desde el Plenario De Trabajadoras de Puerto Madryn, creemos fundamental pujar por un movimiento independiente, que luche contra los femicidios y el ajuste del FMI, que lleva a 6 de cada 10 mujeres a vivir en la pobreza. Por eso este pasado #8M nos opusimos a formar parte de un documento que con el manto del consenso negó toda denuncia que le cabe a los responsables políticos de la situación crítica que atraviesan las mujeres y las diversidades sexuales. Es fundamental nuestra delimitación de aquellos sectores que buscan hacer de la agenda de lucha de las mujeres y diversidades sexuales una jornada lavada de cualquier denuncia al gobierno de Fernández y sobre todo que buscan enaltecer la figura de Cristina Kirchner, desligándola de la responsabilidad política que le cabe.

El Ministerio de Mujeres y Diversidades lleva cuatro años de mandato solapados a las políticas de ajuste del FMI, formando alianza con antiderechos como Manzur y dando la espalda a las demandas de las mujeres y diversidades. Como ocurre con el cupo laboral trans, la ley de ESI y la IVE pasa a ser letra muerta bajo un gobierno que empodera a las iglesias, que obstaculiza el acceso a una salud y educación sexual libre y laica, propiciando el sometimiento de las mujeres a la moralidad religiosa que tan funcional es al sistema capitalista. Un ministerio que hace bandera con las tareas de cuidado y, en lugar de garantizar mejores condiciones para las trabajadoras de casas particulares, han profundizado su precarización siendo uno de los sectores más explotados.

En políticas de violencia de género, el plan “Acompañar” es la única respuesta que se brindó y se trata de un subsidio miserable para las mujeres que sufren violencia, que ni siquiera se garantizó un acceso universal y que no alcanza a saldar las necesidades básicas que las mujeres en una situación de vulnerabilidad requieren. Nada hay sobre la prevención, seguimos llorando las muertes de nuestras compañeras y luchando contra la impunidad de femicidas, transfemicidas, abusadores que siguen siendo protegidos por el Estado. Seguimos preguntándonos ¿Dónde está Tehuel? mientras se vanaglorian de estar a la vanguardia de políticas para la comunidad LGTBQ+.

La estatización de la ola verde decanta hoy en funcionarias que, en nombre de las mujeres, ocupan cargos en el Estado que siguen al pie de la letra las recetas de ajuste del FMI. El fracaso del Ministerio de las Mujeres y Diversidades deja en claro la necesidad de la creación de un organismo, un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades votado democráticamente y con cargos revocables, que lleve adelante la agenda del movimiento sin ningún compromiso con los que llevan adelante el ajuste que nos hunde en la pobreza.

En Chubut, la situación no es ajena. El gobierno de Mariano Arcioni, siguiendo el ejemplo de su amigo Massa, prioriza el pago de la deuda usuraria provincial en detrimento de las condiciones de vida de toda la población, profundizando la pobreza que golpea más fuertemente a mujeres, diversidades sexuales y niñeces. Una deuda que está en 120 millones de dólares, y que Arcioni paga religiosamente. En contraposición, tenemos una cartera de 1078 millones de pesos destinada a las políticas de género y diversidad, 4 mil pesos anuales por mujer. Una cartera que históricamente se subejecuta en nombre de “honrar” el pago de una deuda impagable.

Desde hace años, la política de ajuste de Arcioni, alineada a la agenda del FMI, primero con Macri y hoy con Fernández, genera violencia económica hacia miles de trabajadoras estatales. Los salarios miserables y las paritarias a la baja son un elemento clave para poder cumplir con los pagos a la deuda provincial y usurera. Pero esos salarios son parte de una política de hambre: no alcanzan para cubrir la canasta básica patagónica, debido a dos años de congelamiento salarial -durante la pandemia- y que a la fecha el Estado provincial continúa priorizando los acuerdos económicos con el Estado Nacional y acreedores desconocidos. A la vez, el paupérrimo presupuesto destinado a los recursos, tanto de Educación como de Salud, implican otro tipo de recorte: el acceso a los derechos queda condicionado de acuerdo a las posibilidades económicas de cada familia, convirtiendo así la Educación y la Salud en un bien mercantil. En estos últimos años, y como consecuencia de esta política de desfinanciamiento, han proliferado centros de salud e instituciones privadas a las que solo acceden quienes pueden pagar. La gran mayoría de la planta de Educación y Salud somos mujeres, sostenes de hogar y nos encontramos bajo la línea de pobreza.

La estatización del movimiento de mujeres también tiene su expresión en nuestra provincia con la creación de espacios como el Consejo Provincial de mujeres, género y diversidad. Un espacio compuesto por las y los mismos funcionarios que garantizan las medidas antipopulares de Arcioni. En relación a políticas de prevención y acción en violencia de género, la subsecretaría de políticas de género y diversidad de Arcioni anunció la creación vía IPV de 8 viviendas, ocho para toda la provincia, que garanticen la contención para aquellas mujeres y diversidades que deben dejar su hogar. Esto se contrapone a las miles de hectáreas destinadas al negocio inmobiliario, que se enriquece en épocas altas de turismo y que permanecen ociosas el resto del año. La falta de políticas de vivienda es parte de una sistematización, obligando a las familias a vivir en condiciones precarias, favoreciendo a intereses especulativos y sin una regulación de precios por tierras, viviendas o alquileres.

Una respuesta acertada en políticas de género sería poner en marcha la creación de centros integrales para mujeres y diversidades, donde no sólo encuentren un espacio donde ir sino además cuenten con la asistencia social, legal y económica que necesitan para superar un escenario tan complejo como es la violencia de género. El Estado provincial, al igual que Nación, no da respuesta en este sentido y emparcha el problema derivando la asistencia a hogares que muchas veces son manejados por las iglesias, sin ningun tipo de supervisión estatal, donde las mujeres y diversidades denuncian maltrato y discriminación.

Tenemos que denunciar también el uso de nuestro bien común más preciado: el agua del río Chubut. La presión de los pulpos extractivistas instalados en la provincia para la entrega y saqueo de nuestro río derivó en un Chubutazo en 2021, con movilizaciones populares durante siete días. A la fecha Arcioni persigue luchadores accionando mediante el Poder Judicial: hay 23 criminalizados por la protesta social, en la defensa irrestricta de la Iniciativa Popular presentada con más de 30.000 firmas y que legisladores pro mineros decidieron cajonear. La gran mayoría de lxs imputadxs en la causa en defensa del agua, que inicia las audiencias este 15 de marzo, son mujeres. Desde el Plenario de Trabajadoras nos oponemos a toda criminalización de la protesta y reclamamos el fin de la persecución a quienes luchan, como sucede con nuestras hermanas mapuche, que por defender su territorio ancestral de los negocios privados de Lewis, como parte también de una política de entrega de recursos, fueron detenidas ilegítimamente, trasladadas injustificadamente a Ezeiza y hoy continúan detenidas, en su territorio, pero privadas de su libertad.

En nuestra ciudad, la intendencia de Gustavo Sastre limita las políticas de género a un pinkwashing de su agenda de ajuste. Hace poco fue noticia el lanzamiento de una cuadrilla de limpieza de la ciudad íntegramente compuesta por mujeres, ¿Bajo qué condiciones están contratadas? ¡Sastre nos manda a limpiar precarizadas! No hay registro de cuál es el presupuesto municipal destinado en políticas de género. Proliferan las etiquetas de género y diversidad en los espacios estatales, pero en la práctica a las mujeres que denuncian violencia de género se las obliga a ir a charlas de “revinculación pacifica” en las instituciones luteranas. Se terceriza en las iglesias, principales garantes del sometimiento de las mujeres y diversidades, a fin de fortalecer la institución que le garantiza la contención social necesaria para pasar el ajuste en los barrios.

Gustavo Sastre en nuestra ciudad, como Arcioni en la provincia, son garantes del ajuste fondomonetarista que lleva adelante el gobierno nacional de Alberto Fernandez, CFK y Massa. Pensar una jornada del 8M sin delimitarnos de sus politicas de ajuste de todos los gobiernos, es inconcebible. Por eso, desde Plenario de Trabajadoras de Puerto Madryn invitamos a todas las mujeres y diversidades a forjar un movimiento independiente de los políticos ajustadores. La lucha contra los femicidios, transfemicidios y contra la violencia de género es indiscutiblemente una lucha contra la política fondomonetariata y los gobiernos que las ejecutan.