La Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, conformada en febrero pasado, a cargo de determinar si  los jueces responsables del fallo absolutorio hacia los femicidas de Lucía Pérez  eran sometidos a jury de enjuiciamiento, luego de muchas dilaciones, finalmente resolvió enjuiciar a Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata, que en 2018, fueron artífices del fallo aberrante que consagró la impunidad de quienes habían perpetrado el femicidio de Lucía, ejecutado en 2016.

Dicha comisión dictaminó acusar a los magistrados por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. La reciente resolución no alcanzó al juez Aldo Carnevale, quien también había sido partícipe de aquella sentencia, sin embargo, pudo acceder a una jubilación anticipada. Vale aclarar, que producto de la lucha encabezada por la familia de Lucía, la indemnidad que postulaba el fallo marplatentse fue anulada el año pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, la cual ordenó el inicio de un nuevo juicio.

El jury a estos jueces en pos de su destitución ha sido bandera desde el primer momento para quienes integramos el movimiento de lucha de justicia por Lucía. La noticia de su próxima efectivización constituye un paso adelante en este camino, y es el resultado de un proceso de movilización incansable detrás de una causa que ha calado hondo en la consciencia popular, dando a luz al primer paro de mujeres en Argentina. Sin dudas, se trata de un femicidio emblemático porque desnuda a un Estado empecinado en aleccionar a las mujeres; y que por otra parte, es socio de las mafias del narcotráfico, las cuales operan al asilo del poder político y la policía, degradando a la juventud y asesinando a las pibas.

Gómez Urso, Viñas y Carnevale, solo condenaron en aquella oportunidad a Matías Farías, de 23 años, y Juan Pablo Offidani, de 41 años, quienes habían abusado sexualmente, torturado y asesinado a Lucía Pérez, a ocho años de prisión por  “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, absolviendo a Maciel, de 61 años (hoy fallecido), acusado de encubrir el crimen. Al mismo tiempo, desestimaron la denuncia de abuso seguido de femicidio, argumentando que la víctima, era “invulnerable”.

Semejante afirmación fue acompañada de una serie de valoraciones estigmatizantes sobre la vida de la joven a los fines de depositar la responsabilidad de lo sucedido en la víctima, absolviendo a los agresores. Esta lectura canallesca de los hechos busca desconocer la relación de poder evidente que existe entre tres narcotraficantes, adultos y varones, uno de ellos hijo del poder, con respecto a una niña de 16 años. Una interpretación de este tipo solo puede provenir de aquellos que pretenden, por un lado, naturalizar la violencia que se descarga contra las mujeres, y por otro, encubrir a quienes llevan adelante estas actividades delictivas, que nutren los bolsillos de numerosos integrantes de las diferentes esferas del Estado.

El hecho de que recién ahora la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense haya resuelto la conformación de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por este caso, habiendo pasado más de dos años desde que se sancionó el fallo en cuestión, denota que las fuerzas políticas del régimen son completamente cómplices de las prácticas revictimizantes en las que incurre el Poder Judicial de forma habitual. Hasta el momento, dicha Comisión Bicameral, compuesta por legisladores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, le venía dando la espalda al pedido de jury para estos jueces misóginos; algo que hemos solicitado desde la bancada provincial del Frente de Izquierda, sin recibir respuesta alguna.

Como hemos señalado, las críticas del oficialismo sobre la falta de perspectiva de género que caracteriza a la Justicia son sumamente circunstanciales y oportunistas. Tanto Gómez Urso como Pablo Viñas, asumieron como jueces durante el kirchnerismo -en 2010 y 2012 respectivamente- bajo la venia del exgobernador provincial Daniel Scioli, que por lo visto, no reparó en si habían recibido la capacitación adecuada en materia de género a la hora de designarlos. La elección popular de jueces y fiscales, junto con el principio de revocabilidad de los cargos, son condición fundamental para que exista una reforma judicial que atienda a los intereses del género femenino, algo que se encuentra totalmente por fuera del radar del gobierno de Alberto Fernández y de su mentada reforma de la Justicia.

La confirmación del enjuiciamiento a estos jueces reaccionarios es una bocanada de aire fresco que nos refuerza para seguir en las calles, peleando por su destitución y por la condena debida a los femicidas de Lucía. Hoy, sus ojos pintan las remeras de quienes levantan el grito de justicia y su nombre forma parte de una muestra itinerante y un observatorio de femicidios, porque Lucía ejemplifica el espanto que este sistema le depara a las mujeres, y al mismo tiempo, es una invitación a la lucha.

 

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